El pasado 15 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la admisibilidad de una causa en contra del Estado costarricense, en el que se acusa al segundo de violaciones a los derechos del pueblo indígena Teribe.

La aprobación consta en el Informe de Admisibilidad No. 167/20 que ordena continuar con el análisis del fondo de la cuestión y ampliar el proceso de investigación contra el Estado tico.

Según la petitoria, el Estado ha desconocido las instituciones propias y las autoridades indígenas del pueblo Teribe y además ha limitado la participación efectiva de los teribes en la gobernanza de su territorio, lo que se ha traducido en un "desconocimiento continuo de sus derechos por parte del Estado".

Para ello, entre las pruebas que destacan, se enfatiza la del proceso del fallido Proyecto Hidroeléctrico Diquís en la que el pueblo indígena reclama que no se le hizo parte.

Como ustedes recordarán, el PH Diquís era un megaproyecto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que pretendía construir un embalse sobre el río Grande de Térraba y que fue polémico entre los pueblos indígenas de nuestro país hasta que la institución lo enterró en noviembre del 2018.

La oposición indígena se basaba en la afectación ambiental que el proyecto implicaría en la zona y porque un proyecto de este tipo implicaría la inundación de territorios indígenas donde viven comunidades autóctonas y yacen sitios sagrados.

Según un comunicado publicado por Forest Peoples Programme en 2010, uno de los pueblos más afectados por este megaproyecto sería precisamente el pueblo Teribe, pues "la propuesta de la represa del Diquís inundaría más del 10% de las tierras tradicionales y tituladas del pueblo Teribe":

El pueblo Teribe considera que la Represa del Diquís representa una grave amenaza a su supervivencia como pueblo, ya que los Teribe tienen una población cercana a 750 personas. El pueblo Teribe ha exigido el respeto a sus derechos humanos, los cuales les han sido negados, abiertamente por el gobierno, en especial su derecho al consentimiento previo, libre e informado (CPLI); el gobierno ni siquiera ha accedido a realizar un proceso de consulta con el pueblo Teribe".

Debido a ello, ese año los Teribe acudieron al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, utilizando el procedimiento de alerta temprana y acción urgente para solicitar que el Estado validara su derecho a participar en la toma de decisiones de este proyecto.

En aquel momento, el CERD expresó su preocupación por la falta de garantías para el pueblo Teribe y solicitó que el gobierno de Costa Rica asegurase la participación efectiva del pueblo en la toma de decisiones.

Este proceso, sin embargo, no se cumplió y por ello en marzo del año 2012, tanto Forest Peoples Programme como dos organizaciones indígenas Brörán, el Concejo de Mayores Brörán del Territorio Indígena de Térraba y más de una docena de víctimas, presentaron una petición ante la CIDH, alegando violaciones de derechos fundamentales en perjuicio del Pueblo Teribe.

El tema es que, aunque Diquís es grave, el asunto no se queda solo ahí: el pueblo Teribe también reclamó un cambio que consideran arbitrario en su delimitación territorial, pues aseguran que una modificación concretada en 2004, al Decreto Ejecutivo número 54, redujo considerablemente su terreno "de forma unilateral, sin consulta previa o notificación al pueblo Teribe" pues el proceso se realizó a nombre de Asociación de Desarrollo Integral Térraba, un órgano al que los teribes no reconocen como representante.

Y esa es, de hecho, otra de las quejas principales de la petitoria, pues en ella el pueblo Teribe argumentó que las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) están ejerciendo la personalidad jurídica exclusiva en nombre de los pueblos indígenas ante el Estado costarricense, "a pesar que son estructuras ajenas que no toman en cuenta tradiciones y costumbres indígenas" en todos los procesos de consulta.

Al respecto, la petitoria señala que:

No existe un mecanismo oficial por medio del cual los representantes libremente elegidos de los pueblos indígenas puedan interactuar con el Estado, a menos que sean parte del sistema de las ADI. Describen que las mismas fueron creadas como organismos que, por ley, 'representan' y 'gobiernan cada territorio indígena' aun cuando son rechazadas por una abrumadora mayoría de los pueblos indígenas en Costa Rica por considerar que niegan su derecho a escoger libremente sus propios representantes con el fin de participar en la toma de decisiones. Alegan que la imposición y la operación de las ADI ha sido objeto de distintas quejas, incluso interpuestas por miembros del pueblo Teribe".

En 2009, miembros del pueblo Teribe presentaron una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 15 del Reglamento a la Ley Indígena publicado mediante el Decreto No. 8487-G, y el Decreto Ejecutivo No. 13568-C-G sobre la Representación legal de las Comunidades Indígenas por las Asociaciones Desarrollo y como Gobierno Local del 30 de abril de 1982, a fin de quitarse de encima la representación de las ADI, pero está fue declarada sin lugar por la Sala Constitucional.

A su vez, y con ese mismo objetivo, en 2001 se presentó el Proyecto de ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas pero la iniciativa fue archivada a finales de 2018, luego de estar esperando en la corriente legislativa por más de 17 años, sin mayor avance.

Ante todo lo anterior, en su informe de admisibilidad la CIDH reconoció que el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su jurisdicción sin que se establecieran apropiadamente fórmulas de protección, declarando que las víctimas han agotado los recursos internos.

Además, la Comisión señaló al tiempo que los hechos alegados podrían caracterizar violaciones a los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a las garantías y protección judiciales, libertad de expresión, propiedad y derechos políticos de los miembros del pueblo indígena Teribe por parte del Estado y por ello ahora la causa se analizará sustancialmente en un debate de fondo que iniciará en el caso definido con la numeración 14.026.

Denunciantes aplauden admisión en medio de río revuelto

El peticionario y líder defensor de los pueblos indígenas, Pablo Síbar, manifestó esta semana que el informe "los hace sentir altamente orgullosos, contentos y dispuestos a seguir su lucha".

Síbar enfatizó su agradecimiento con la CIDH y recordó la importancia de esta resolución, en relación con los asesinatos de dos líderes indígenas, así como el peligro y miedo constante con el que viven otros líderes, incluido él mismo.

Por su parte Elides Rivera, lideresa e integrante de una de las organizaciones peticionarias, la Asociación de Mujeres Orcuo dBon (Mano de Tigre), aseguró que "como mujeres que han participado desde el inicio del proceso recibimos este informe con mucha satisfacción, pues contribuye a que sintamos que estamos recorriendo una senda que nos otorgará mayor seguridad en nuestro territorio, así como bienestar para nuestros hijos y futuras generaciones, nietos y nietas".

La admisibilidad del caso cae en medio de un escenario revuelto tras los aún impunes asesinatos del líder indígena Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, en marzo del 2019; y el del líder indígena Brörán de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, en febrero de este año.

Los dos líderes indígenas fueron asesinados a raíz de su participación en la lucha por el respeto a la disposición legal de que sus territorios sean ocupados solo por personas indígenas, un caso que también está en manos de la CIDH, órgano que en 2015 ya había impuesto medidas de protección a favor de los habitantes de estos territorios, en la medida cautelar MC 321/12.

Así, el mes anterior, la nueva Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, manifestó su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica.

En el reporte publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se indica que “mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores”.