El frenteamplista aseguró que el Gobierno amenazó con bloquear una concesión vinculada con una cooperativa de estibadores de Puntarenas para influir en el voto de Jesús Calderón. Nogui Acosta rechazó la acusación y exigió pruebas.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, retomó este miércoles las denuncias sobre supuestas presiones del Gobierno contra diputados de oposición durante la reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y acusó directamente al Ejecutivo de haber intentado extorsionar al legislador liberacionista Jesús Antonio Calderón Calderón mediante una amenaza relacionada con una concesión portuaria en Puntarenas.
La acusación ocurrió durante la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo del 28 de octubre, cuando los diputados discutían la reelección del magistrado Jorge Araya García, de la Sala Constitucional. Villalta respondió a una intervención del oficialista José Miguel Villalobos Umaña, quien había cuestionado los argumentos de la oposición sobre el riesgo de que el Gobierno aumentara su influencia en el Poder Judicial.
Según Villalta, el Gobierno intentó amenazar a Calderón con bloquear una concesión vinculada con una cooperativa de estibadores de Puntarenas si no votaba contra la reelección de Julia Varela Araya, magistrada de la Sala Segunda cuyo nombramiento fue renovado el pasado 9 de septiembre. El frenteamplista sostuvo que la situación afectaba a familias puntarenenses que dependían de esa actividad económica.
"Es una conducta delictiva extorsiva, una conducta vergonzosa que cualquier demócrata tendría que estar escandalizado", afirmó Villalta ante el Plenario, después de comparar las actuaciones que atribuyó al oficialismo con comportamientos propios de organizaciones mafiosas.
El legislador insistió en que el supuesto episodio no sería un caso aislado y aseguró que otras diputaciones también habían enfrentado presiones relacionadas con asuntos personales y proyectos legislativos de su interés.
"Y no me van a negar aquí que eso le intentaron hacer al diputado Calderón Calderón y no me van a negar aquí que han intentado recurrir a prácticas similares con otras diputaciones de esta Asamblea Legislativa", manifestó.
Villalta también mencionó el caso de la diputada liberacionista Ángela Aguilar Vargas, quien el martes quedó involucrada en una controversia por el trámite de un proyecto de ley para permitir que diez familias de Varablanca, Heredia, reciban los títulos de propiedad de los terrenos donde han vivido durante décadas.
Según documentó Delfino.cr, Aguilar retiró de la agenda legislativa el expediente 25.332, que ya había sido aprobado en primer debate y cuyo texto actualizado estaba pendiente de retomar su discusión, después de que, según denunciaron diputados de oposición, se le advirtiera que el oficialismo votaría en contra si no permitía que un legislador de Pueblo Soberano presentara la iniciativa.
El subjefe de fracción oficialista, Juan Manuel Quesada Espinoza, presentó el expediente 25.864 con el mismo propósito. Una comparación realizada por Delfino.cr permitió comprobar que cuatro artículos del proyecto original fueron reproducidos literalmente en la nueva iniciativa. Quesada reconoció que conversó con Aguilar y defendió que ese procedimiento era necesario para hacer viable la solución habitacional, mientras que diputados de oposición negaron que existiera un acuerdo voluntario y denunciaron presiones contra la legisladora.
Durante su intervención del miércoles, Villalta calificó de vergonzoso lo ocurrido con Aguilar y cuestionó que se utilizaran proyectos importantes para las comunidades como instrumentos de presión política.
Denuncias circulaban desde septiembre
Los señalamientos sobre supuestas presiones contra Calderón no son nuevos. Surgieron durante la jornada legislativa del 9 de septiembre, cuando el Congreso debía resolver la reelección de Julia Varela como magistrada propietaria de la Sala Segunda.
Durante aquel día circularon versiones sobre presuntos ofrecimientos y amenazas dirigidos a conseguir los siete votos de oposición que necesitaba el Partido Pueblo Soberano (PPSO) para impedir la continuidad de Varela.
El asunto fue abordado por Delfino.cr en su edición del 15 de septiembre, después de que el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez Bogantes, reconociera públicamente la existencia de presiones contra integrantes de su bancada.
En aquella oportunidad, Ramírez declaró que los legisladores liberacionistas habían enfrentado intentos de presión por parte del Gobierno, pero no confirmó los señalamientos específicos que circulaban sobre Calderón.
Entre las versiones que trascendieron figuraban un supuesto acercamiento del viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, al diputado liberacionista, un presunto ofrecimiento para ayudarlo a pagar deudas y una eventual amenaza relacionada con una concesión vinculada con una empresa de su entorno familiar en Puntarenas.
Aunque Ramírez reconoció la existencia de presiones, no confirmó que Barrantes hubiera realizado ese acercamiento, que se ofreciera dinero o que efectivamente se utilizara una concesión como instrumento de amenaza.
El jefe liberacionista afirmó entonces que su bancada se mantendría unida frente a las presiones y que continuaría defendiendo la independencia del Poder Judicial. En declaraciones recogidas por el Semanario Universidad el 14 de septiembre, sostuvo que existían presiones relacionadas con el interés del oficialismo de modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia.
Oficialismo niega intento de extorsión
El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta Jaén, rechazó las acusaciones de Villalta y sostuvo que los contactos del oficialismo con otros legisladores se enmarcaron en las negociaciones políticas habituales de la Asamblea Legislativa.
En declaraciones remitidas por su vocería de prensa, Acosta negó expresamente que se hubiera intentado extorsionar a Calderón.
"Así como hablamos con todos los diputados en los procesos de negociación, no hubo ningún tipo de intento de extorsión a don Jesús Calderón. Si el diputado Villalta tiene pruebas, que las presente. Así de sencillo. Las acusaciones se sostienen con pruebas, no con insinuaciones", afirmó el legislador oficialista.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, también había rechazado en septiembre las versiones sobre supuestos ofrecimientos indebidos al diputado liberacionista.
El pasado 16 de septiembre, al ser consultado sobre el asunto, Chaves calificó esas versiones como rumores y falsedades. En esa misma ocasión cuestionó públicamente la situación de una cooperativa vinculada con Calderón, de la cual afirmó que el legislador había sido gerente antes de llegar al Congreso.
Según informó Diario Extra el 17 de septiembre, el ministro aseguró que el Gobierno estaba revisando información sobre esa organización para determinar si existían posibles irregularidades relacionadas con contratos y pagos a personas cercanas al diputado.
Calderón votó a favor de la magistrada
El 9 de septiembre de 2026, la Asamblea Legislativa resolvió la continuidad de Julia Varela mediante una votación en la que los 31 diputados del PPSO se pronunciaron contra su reelección, mientras que 25 legisladores de oposición votaron a favor y uno estuvo ausente.
Jesús Calderón estuvo entre los diputados que respaldaron la continuidad de Varela, quien quedó reelecta para un nuevo periodo de ocho años pese al rechazo del oficialismo.
El resultado se explica porque el artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se consideran reelectos automáticamente por periodos iguales, salvo que al menos 38 de los 57 diputados acuerden lo contrario.
Este miércoles se produjo un resultado similar en el expediente de reelección de Jorge Araya García. Aunque 29 diputados votaron contra su continuidad y 24 la respaldaron, no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para impedir que permaneciera otros ocho años en la Sala Constitucional.