El 1 de febrero de 2026, Laura Fernández Delgado ganó la Presidencia de la República de Costa Rica en primera ronda con 1.243.141 votos y, el 8 de mayo, se convirtió en la mandataria número 50 del país. La cifra representó un 48,5% de los votos válidos (si se toma como base la totalidad del padrón electoral, esos votos equivalen al 33,3% de las personas habilitadas para votar).
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) ganó en 63 de los 84 cantones del país y “se impuso en los 20 cantones con menor índice de desarrollo social”, especialmente en zonas fronterizas, costeras y rurales. En varios de estos territorios, como Talamanca, Guatuso, Buenos Aires, Guácimo y Matina, Fernández “superó el 60% e incluso el 70% de los votos”.
Sin duda, Fernández logró conectar con los sectores de la población que han padecido históricamente la exclusión y enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad social. Por otro lado, su partido, Pueblo Soberano, a pesar de no llegar a su meta de 40 diputados, obtuvo 31 de las 57 curules y una mayoría absoluta en el plenario.
La presidenta sucedió a Rodrigo Chaves, a quien nombró de inmediato ministro de la Presidencia y de Hacienda. Al cumplir sus primeros cien días de gobierno, presentó su informe de labores y una pregunta pertinente es: ¿dónde invirtió su capital político durante este periodo y a quién le tocó ceder? Se puede hacer el siguiente repaso.
Como primera aproximación, en junio de 2026, Hacienda llevó al Consejo de Gobierno una propuesta de plan fiscal ante una caída proyectada de ₡228.000 millones en la recaudación tributaria respecto de 2025. Entre las medidas que entraron en discusión figuró elevar del 1% al 13% el impuesto al valor agregado (IVA) de la canasta básica tributaria. En julio, el ministro Chaves defendió eliminar esa tarifa reducida universal para los hogares de mayores ingresos, calificando de "emperifollados" a quienes se benefician de ella sin necesitarla. La propuesta sigue en evaluación, pero recaería sobre el consumo básico de las familias que el discurso oficial sostuvo una vez representar.
El 29 de junio, la Corte Plena aceptó un recorte de ₡13.242 millones, del cual ₡8.687 millones correspondían a fondos ya destinados a nuevas plazas del OIJ y del Ministerio Público y a subdelegaciones en La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez. El 20 de julio, en una sesión de Corte Plena, el magistrado Jorge Araya advirtió que "el proceso de cierre del Poder Judicial ya ha comenzado". El 24 de agosto, la Corte Plena autorizó acciones legales contra un segundo recorte, de ₡23.721,8 millones, que golpearía sobre todo al OIJ. La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) advirtió que la medida "compromete el derecho de toda la ciudadanía a recibir una respuesta oportuna, imparcial y efectiva". Asimismo, el New York City Bar (ente gremial de la ciudad de Nueva York) expresó su preocupación por el “alarmante recorte presupuestario impuesto” al Poder Judicial, así como por “las señales de tensión institucional que dicho recorte ha generado entre los distintos poderes del Estado”. Pareciera ser que una de las instituciones más importantes y al alcance de cualquier costarricense, con todas sus imperfecciones, es la que absorbe el ajuste más severo.
El 27 de julio, la presidenta firmó el Decreto 45.870, publicado el 10 de agosto, que declara secreto de Estado la información de la DIS, la Fuerza Élite y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluidos presupuestos y contrataciones. Esto ocurrió luego de que Rodrigo Chaves anunciara que Hacienda valoraba el uso de tecnología desarrollada por el Mossad y mientras una diputada oficialista mencionaba a Pegasus en el plenario, un software espía israelí.
Días después, el 19 de agosto, el Ejecutivo presentó el expediente 25.722, que reforma quince artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y le retira el control de eficiencia y la potestad de suspender contratos estatales salvo por orden judicial. Días antes, la diputada oficialista Mayuli Ortega había presentado el expediente 25.692, reforma constitucional al artículo 184 para que la fiscalización sea "predominantemente posterior". Ambas iniciativas retoman reformas planteadas en la Ley Jaguar (expediente 24.364), cuyas disposiciones consultadas fueron declaradas inconstitucionales en 2024, año en el cual, siendo aún ministra, Fernández ya anticipaba: "van a haber los jaguares que tengan que haber, porque Costa Rica los necesita".
Menos de una semana después, el 25 de agosto, el Ministerio de Cultura informó que detectó un "desorden administrativo" en la Fundación La Libertad, entidad privada que opera este parque en Desamparados, dedicado a formación técnica y prevención de la violencia en zonas vulnerables. Y tras una disminución de su presupuesto, dentro del recorte del 5% ordenado en junio a todas las instituciones del Estado, la Fundación tuvo que reducir su equipo de trabajo y se vio obligada a reorganizar algunos de sus programas.
Un día antes, el 24 de agosto, con los votos de la bancada oficialista y de una diputada del PUSC, la Asamblea Legislativa aprobó la moción 2.528, que revierte al texto original el expediente 24.290 (proyecto de “jornadas excepcionales” o “jornadas 4x3”) y elimina una condición que el PLN había sostenido para su apoyo e impulso por vía rápida. Esta consistía en que las personas trabajadoras de cada empresa sometieran el régimen de doce horas a una votación secreta, fiscalizada por la Inspección de Trabajo o por un notario.
Cien días son pocos para juzgar una administración por completo, pero sí bastan para observar su norte. Entre flexibilizar jornadas, acotar a la Contraloría, ampliar el secreto de Estado, recortar al Poder Judicial y a una fundación que potencia la transformación y el desarrollo humano como el Parque La Libertad, y analizar un IVA a la canasta básica, la balanza de la urgencia política todavía no favorece de manera pareja a quienes votaron por un cambio desde los márgenes de nuestro país.