Organización estadounidense expresó preocupación por decisiones presupuestarias y el atraso legislativo en los nombramientos de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
La Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York (New York City Bar Association) publicó este lunes 10 de agosto un pronunciamiento en el que manifestó preocupación por la situación del Poder Judicial de Costa Rica y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la relatoría de Naciones Unidas encargada de la independencia de magistrados y abogados monitorear los acontecimientos en el país.
El documento vincula dos asuntos ocurridos durante los últimos meses: las decisiones del Ejecutivo relacionadas con el presupuesto del Poder Judicial y el atraso de la Asamblea Legislativa en el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
La organización considera que ambas situaciones representan presiones sobre la independencia judicial y tituló su pronunciamiento como una declaración de preocupación por el “desmantelamiento presupuestario y operativo” del Poder Judicial costarricense.
Pronunciamiento cuestiona situación presupuestaria
Uno de los principales señalamientos se refiere al anuncio realizado el pasado 24 de junio por el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves Robles de reducir en un 5% el presupuesto disponible para distintas instituciones públicas durante el segundo semestre del año. En el caso del Poder Judicial, el Ejecutivo estimó inicialmente esa reducción en aproximadamente ₡27.000 millones.
El pronunciamiento de la Asociación presenta esa cifra como un recorte presupuestario al Poder Judicial. Sin embargo, el anuncio del Ejecutivo correspondía a una modificación que tendría que tramitarse presupuestariamente y que no podría ser aplicada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo.
Posteriormente, la Corte Plena acordó poner a disposición del Gobierno ₡13.242 millones de recursos que estimó que no utilizaría durante el resto del año. A esa cifra se sumó más adelante una retención de ₡3.053 millones aplicada por el Ministerio de Hacienda, para un total de aproximadamente ₡16.273 millones que, según informó entonces el Poder Judicial, dejaría de recibir o ejecutar.
La organización estadounidense sostiene que utilizar restricciones presupuestarias como mecanismo de presión contra un poder del Estado puede afectar su independencia y pidió que las decisiones sobre los recursos destinados al sistema judicial se adopten mediante criterios técnicos y mecanismos que garanticen estabilidad presupuestaria.
Documento también señala atraso en nombramientos de Sala IV
El pronunciamiento también se refiere a la falta de nombramiento de nueve magistraturas suplentes de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa. El atraso llegó a provocar que 123 expedientes quedaran paralizados debido a la imposibilidad de integrar el tribunal en casos donde alguno de sus magistrados propietarios debía separarse del conocimiento de un asunto.
La situación operativa cambió posteriormente. El pasado 23 de julio, la propia Sala Constitucional resolvió extender temporalmente el nombramiento de magistraturas suplentes cuyos periodos habían vencido, hasta que el Congreso realice las nuevas designaciones.
La medida permitió atender los asuntos que requerían la participación de suplentes, aunque la Asamblea Legislativa mantiene pendiente la elección de las personas que ocuparán formalmente esos cargos.
La Asociación considera que la prolongación del proceso de nombramiento afecta el funcionamiento regular del tribunal y pidió al Congreso completar las designaciones.
Pide monitoreo de organismos internacionales
Como parte de sus recomendaciones, la organización solicitó a las autoridades costarricenses evitar el uso de decisiones presupuestarias como mecanismo de presión sobre el Poder Judicial, establecer condiciones que permitan una asignación estable de recursos y completar los nombramientos pendientes de la Sala Constitucional.
Además, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la relatoría especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial dar seguimiento a la situación costarricense.