Calladito más bonito
— Arranquemos subrayando lo obvio: un Estado necesita secretos. No queremos saber dónde duerme un testigo protegido, quién infiltra una organización criminal, qué ruta utilizará una escolta presidencial ni cuáles son las vulnerabilidades detectadas por un cuerpo de inteligencia. Tampoco sería particularmente brillante publicar antes del operativo cuántos policías van, con qué equipo y por dónde piensan entrar.
— Hasta ahí, creo, podemos ponernos de acuerdo sin demasiado esfuerzo. El asunto se complica cuando la palabra secreto empieza a crecer, crecer y crecer hasta terminar tragándose también presupuestos, ofertas, adjudicaciones, contratos, proveedores y ejecución contractual. Bue... justamente eso ocurrió ayer.
— Este lunes entró en vigencia el Decreto Ejecutivo 45.870-MSP, firmado desde el pasado 27 de julio por la presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, que declara secreto de Estado una amplia cantidad de información vinculada con estructuras de seguridad e inteligencia.
— La declaratoria alcanza al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la llamada Fuerza Élite, esquemas de protección de jerarcas y diversas coordinaciones de seguridad dirigidas desde Presidencia. Hasta ahí uno podría decir: diay, lógico. Pero el paraguas incluye bastante más.
— Quedan también cobijados resultados de evaluaciones de confiabilidad —incluidos los infames polígrafos—, partidas presupuestarias, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, mecanismos de financiamiento, contratos, fases de ejecución, proveedores, subcontratistas, actas, grabaciones, bitácoras y acuerdos.
— Ehm...
— Una cosa es decir “no le voy a contar cómo opera mi servicio de inteligencia porque hacerlo puede poner gente en peligro”. Otra es decir “tampoco le voy a contar cuánto gasté, qué compré, a quién se lo compré, qué ofertas recibí, qué adjudiqué y cómo ejecuté el contrato”. ¿También podemos coincidir en eso no?
— El Gobierno sostiene que revelar capacidades, métodos, vulnerabilidades, fuentes y estructuras puede beneficiar directamente al crimen organizado. No cuesta entender el argumento. Incluso sería irresponsable negar que existe información cuya publicación efectivamente podría comprometer operaciones y vidas.
— Pero justamente porque la justificación es tan evidente en algunos casos sería óptimo (digo yo) no utilizarla como manta para tapar todo lo demás.
— Desde finales del 2024 Costa Rica cuenta con una Ley Marco de Acceso a la Información Pública que parte de una regla bastante sencilla: la información pública es pública y sus excepciones deben ser precisamente eso, excepciones. La propia Constitución Política reconoce, por supuesto, los secretos de Estado. Así que no estamos ante una discusión altanera de “todo tiene que publicarse”. No. La discusión complicadita es qué puede esconderse legítimamente bajo esa categoría y hasta dónde alcanza la cobija.
— Varios juristas cuestionaron ayer precisamente eso: no que existan secretos en inteligencia, sino que mediante una declaratoria tan amplia puedan terminar fuera del escrutinio ciudadano aspectos de presupuesto y contratación pública. Y sí, hace ruido. Pero valga entonces la misma pausa prudente que aconsejamos el viernes pasado con el temita de la Policía de Control Fiscal: nada de dictar sentencia desde el boletín.
— No voy a decirles que el decreto es inconstitucional porque tres abogados lo dijeron ayer ni porque a mí me levante una ceja. Para eso existen los tribunales y, conociendo nuestro terruño, apostaría una cena en Sapore a que no tardaremos mucho en ver alguna acción presentada.
— Pero sí podemos hacer preguntas. Para eso también existe la prensa. Por ejemplo: si una contratación incluye equipamiento sensible, ¿es necesario mantener en secreto las características operativas del equipo? Perfectamente razonable. ¿Necesitamos además esconder quién recibió el contrato, cuánto costó y cómo se ejecutó? Ahí la conversación cambia.
— Disculpen pero toca recordar lo básico: la transparencia en las compras públicas no existe para satisfacer la curiosidad de periodistas con demasiado tiempo libre. Existe porque estamos hablando de plata que no pertenece al Gobierno... pertenece a todos.
— Además, hay algo particularmente desafortunado en el momento escogido para estrenar semejante secretismo institucional. Toca recordar que venimos de conocer un informe confidencial del propio Ministerio de Seguridad que advertía desde abril sobre posibles vínculos de policías de la Zona Sur con organizaciones criminales. El actual ministro asegura que el documento no produjo las investigaciones correspondientes bajo los jerarcas anteriores.
— Nótese, porque la precisión es clave: el decreto fue firmado el 27 de julio y La Nación reveló aquel informe el 4 de agosto. La declaratoria no puede venderse como una reacción a aquel escándalo porque sencillamente no lo fue. Pero el timing no es el más feliz. Sea como sea el punto de partida es claro: a partir de ahora, buena parte de la operación, organización y gasto de algunas de las estructuras más sensibles del aparato de seguridad quedará considerablemente más lejos de la mirada pública.
— Y no sé ustedes, pero después de todo lo que hemos aprendido sobre crimen organizado, infiltración institucional y funcionarios presuntamente reclutados desde adentro, a mí precisamente ahora no me sobran ganas de ver menos. Me sobran ganas de ver mejor. Porque transparencia no significa publicar los nombres de los agentes encubiertos, significa encontrar la forma de proteger lo que genuinamente debe mantenerse reservado sin convertir el secreto en sinónimo de ausencia de rendición de cuentas.
— Ojalá esa sea la interpretación que termine prevaleciendo. ¿Cajita blanca?
— Curiosamente, mientras el Ejecutivo cerraba una puerta, ayer también intentó abrir otra. La presidenta Fernández anunció durante el fin de semana su intención de retomar las reuniones periódicas entre las cabezas de los Supremos Poderes para discutir seguridad, fijar metas y revisar resultados. Buena señal.
— Después del festival de la semana pasada —“golpe de Estado”, querellas contra magistrados, convenio de audiencias virtuales roto, reformas constitucionales y plantón incluido— que alguien diga “¿por qué no nos sentamos a hablar?” me parece una excelente noticia.
— El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, también recibió con beneplácito la propuesta. Dijo que puede ser una buena decisión para el país y planteó algunas condiciones de esas que uno esperaría no tener que escribir en piedra: agenda clara, buena fe, respeto a las competencias de cada institución y diálogo “sin que nadie mande sobre nadie”.
— Tal cual. Coordinar no significa subordinar. Dialogar no significa obedecer. Y reconocer que tenemos un problema serio de seguridad no obliga a fingir que alguno de los poderes puede resolverlo por su cuenta.
— Ojalá funcione. Después de la semana pasada prefiero mil veces informarles que Zapote y Corte Plena se sentaron alrededor de una mesa a discutir metas que volver a contarles quién denunció a quién por golpe de Estado. Ya estuvo bueno.
— Cambiando de frente, ayer también tuvimos movimiento en otro de esos ámbitos donde la palabra trazabilidad puede sonar terriblemente aburrida hasta que uno descubre para qué sirve.
— El tesorero de Pueblo Soberano, Raúl Zamora, confirmó al Tribunal Supremo de Elecciones que ₡4,25 millones utilizados para adquirir bonos de campaña fueron transferidos por Iliana González Cordero, entonces directora del Banco Popular. El detallito importa porque González había negado previamente haber comprado los bonos.
— En julio dijo que el reporte partidario que la identificaba como compradora era un error y explicó que los recursos correspondían a una inversión de su hija. Tres Doritos después el tesorero del propio partido confirmó que la transferencia salió de González y que fue ella quien solicitó que los bonos fueran emitidos a nombre de su hija.
— Ah caray, ¡qué curioso!
— Nada de lo dicho significa que necesariamente haya ocurrido un delito electoral. El TSE abrió una investigación administrativa preliminar precisamente para determinar el origen de los recursos y esclarecer qué pasó. Así que, una vez más: investigar no es condenar.
— Pero comprenderán que cuando una persona dice “yo no compré eso” y posteriormente el tesorero del partido informa “ella transfirió la plata y luego pidió que quedara a nombre de otra persona”, la autoridad electoral levante la mano y diga: un momentico, vamos a revisar esto.
— Para eso sirven los registros. Para eso sirve saber de dónde salió la plata, quién la recibió y a nombre de quién quedó. Y para eso, curiosamente, sirve la transparencia. ¿Me doy a entender?
— Siempre en el departamento de “anotemos esto para después”, ayer un abogado presentó una denuncia penal contra Rodrigo Chaves, el exjerarca del INA Christian Rucavado y el actual presidente ejecutivo de la institución, Edgar Oviedo, alrededor del millonario contrato con el consorcio encabezado por Open English para la enseñanza del idioma.
— La denuncia pide investigar posibles delitos relacionados con el uso de los recursos. Por ahora, eso es todo lo que tenemos: una denuncia presentada por un particular. Así que no me voy a montar en ese bus todavía pero sí vale recordar que la contratación ya había generado cuestionamientos técnicos, sindicales y políticos, por lo que dejaremos el radar encendido y esperaremos a ver qué determina el Ministerio Público y qué responde el INA.
— Estamos claros, no todo documento presentado en Fiscalía merece automáticamente cinco alarmas, un cintillo rojo y música de suspenso. Si algo aprendimos durante los últimos años es precisamente eso. ¿Cierto?
— Así que sí, entre secretos de Estado, bonos electorales y denuncias sobre contrataciones, el lunes terminó orbitando alrededor de una palabra bastante menos emocionante que “golpe”, “chiripa” o “masoquismo” pero infinitamente más útil: control.
— El secreto también puede ser necesario. Claro que sí. Pero cuanto más poder le damos al Estado para cerrar una puerta, más importante se vuelve saber quién conserva la llave y quién puede revisar lo que sucede del otro lado. Porque una democracia funcional no necesita que absolutamente todo esté expuesto al público. Necesita algo mucho más sencillo: que cuando algo tenga que permanecer oculto exista una buena razón, una regla clara y alguien con autoridad para revisar que no nos estén vendiendo gato por liebre.
— No parece mucho pedir. ¿Cierto?
— Nos encontramos mañana. Que pasen un excelente martes.
Bonus track: La Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York pide a CIDH y ONU monitorear situación del Poder Judicial de Costa Rica.
Hidden track: Oficina del Consumidor Financiero advierte sobre principales modalidades de estafa y llama a extremar precauciones.
Remix: Magistrada suplente Luz Retana se retira del TSE tras 13 años en el cargo.
Asamblea Legislativa
Chavismo revive proyecto de jornadas de 12 horas y paraliza plenario desde este martes
El plenario de la Asamblea Legislativa entrará en parálisis este martes por la mañana, luego que el jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta Jaén, presentara un documento para reactivar el trámite del proyecto de ley de jornadas de 12 horas, el cual la anterior conformación del Congreso había abandonado con apenas 880 de las 2564 mociones de fondo votadas.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Terremoto en Colombia deja al menos 132 muertos y 188 desaparecidos
El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó este lunes el oeste de Colombia dejó al menos 132 personas muertas, mientras los equipos de emergencia continuaban durante la noche con la búsqueda de víctimas entre edificios destruidos. Mientras tanto, Panamá movilizó a más de 500 agentes hacia su frontera con Colombia para reforzar la vigilancia y las operaciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal, dos días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia colombiana. Por último, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el plan de 15 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para avanzar en el desarme de Hamás y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Gloriana Sánchez viaja a Alemania para disputar su segundo Mundial de Gimnasia Rítmica
La gimnasta costarricense Gloriana Sánchez Arguedas partió este domingo rumbo a Alemania para competir en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, que se realizará del 12 al 16 de agosto en Frankfurt. Además, el ciclista costarricense Kenneth Tencio Esquivel alcanzó las semifinales de la segunda fecha de la Copa Mundial UCI de BMX Freestyle 2026, mientras la Asociación Deportiva Universitaria de la Universidad de Costa Rica (ADUUCR) se coronó campeona general del Campeonato Nacional de Asociaciones de Atletismo 2026, disputado durante el fin de semana en el Estadio Ecológico de la UCR, en Sabanilla de Montes de Oca.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Ballet: El Ballet Nacional de Costa Rica (BNC) abrirá en setiembre un programa gratuito de formación preprofesional en ballet clásico, dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 15 años.
— Cine: El Cine Magaly será escenario el próximo lunes 17 de agosto, a las 7:00 p. m., del estreno en Costa Rica del largometraje documental El Río del Perro, dirigido por el cineasta venezolano-costarricense Carlos Gómez de la Espriella.
— Cortometrajes: El Festival Global de Cortometrajes shnit San José celebrará su decimosexta edición del 20 al 30 de agosto con más de 120 cortometrajes distribuidos en 28 funciones en Cine Magaly y Cinema San Pedro.
— Premios: El flautista costarricense Gabriel Goñi Dondi fue seleccionado como primer ganador del Mark Thomas Founder’s Award, un nuevo reconocimiento creado por la National Flute Association (NFA) de Estados Unidos.
— Cine: El Centro de Cine abrió la convocatoria para seleccionar la película que representará oficialmente a Costa Rica en la 41.ª edición de los Premios Goya.