La medida también abarca reuniones, operaciones policiales, presupuestos, proveedores, contrataciones, recursos tecnológicos y resultados de evaluaciones de confiabilidad.
El Gobierno emitió una amplia declaratoria de secreto de Estado sobre información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la denominada Fuerza Élite, las operaciones para proteger a jerarcas y dignatarios, las evaluaciones de confiabilidad de funcionarios y una extensa variedad de contrataciones y gastos vinculados con seguridad nacional.
La medida consta en el decreto ejecutivo 45.870-MSP, que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, firmaron el 27 de julio y que el Gobierno publicó este lunes 10 de agosto en el Alcance 104 al diario oficial La Gaceta. El decreto entró a regir este mismo lunes.
La declaratoria cubre los informes, documentos, archivos e información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS y la Fuerza Élite, anteriormente denominada Task Force de Seguridad, así como cualquier otra coordinación sobre seguridad y defensa del Estado que dirija la Presidencia de la República.
El Ejecutivo incorporó también bajo la reserva la articulación institucional derivada del decreto 39.449-MP-SP, que regula la protección personal de jerarcas del Poder Ejecutivo y dignatarios. Esa normativa asigna al Departamento de Protección Presidencial, dependencia de la Unidad Especial de Intervención (UEI), la protección de la Presidencia, vicepresidencias, sus núcleos familiares, ministros y determinados dignatarios extranjeros, además de otros funcionarios o exjerarcas cuando exista una condición de riesgo comprobado.
De esa manera, la nueva declaratoria alcanza información vinculada con los planes de protección de funcionarios y las operaciones de los equipos encargados de las escoltas, además de recursos, contrataciones y otros elementos relacionados con esas labores. El decreto argumenta que divulgar esos datos podría revelar capacidades y puntos vulnerables del aparato de seguridad estatal.
El artículo 2 del decreto coloca bajo secreto de Estado los “protocolos de evaluación de confiabilidad y sus resultados”, una categoría relacionada con las pruebas de polígrafo que la administración Fernández incorporó para quienes participan en las reuniones de Fuerza Élite.
La declaratoria publicada este lunes también reserva información sobre capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, coordinaciones interinstitucionales, estrategias policiales y gestiones de control.
También cubre las sesiones, reuniones, grabaciones, planes, bitácoras y acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS y Fuerza Élite, además de las acciones u operaciones relacionadas con seguridad y defensa nacionales que la Presidencia ordene o coordine con el ministro correspondiente u otros actores involucrados.
Fuerza Élite reúne a la Presidencia, los ministerios de Seguridad Pública y Justicia y Paz, así como a direcciones y altos mandos de diferentes cuerpos policiales. El decreto menciona a la Fuerza Pública, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Control de Drogas, la Policía de Control Fiscal, la Policía Penitenciaria, la Policía de Fronteras y la DIS, además de cualquier otra persona que invite la Presidencia.
El Gobierno también colocó bajo secreto de Estado partidas presupuestarias, rubros de gasto, presupuestos y prácticamente todas las etapas documentales de las contrataciones públicas relacionadas con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS y Fuerza Élite.
La reserva comprende actuaciones y expedientes administrativos, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y etapas de ejecución. El decreto señala expresamente que la restricción aplicará sin importar si las contrataciones involucran instituciones estatales, entes públicos no estatales, consorcios o empresas privadas nacionales o extranjeras.
En sus considerandos, el Ejecutivo amplía todavía más ese punto y sostiene que divulgar estudios de mercado, ofertas financieras, contratos adjudicados, identidades de proveedores o subcontratistas y detalles de ejecución contractual podría revelar las capacidades, recursos estratégicos y vulnerabilidades del aparato de seguridad estatal.
El decreto argumenta que las operaciones de seguridad requieren adquirir bienes, suministros, plataformas tecnológicas, infraestructura, consultorías y servicios especializados, y sostiene que conocer las características de esas adquisiciones podría comprometer las labores contra el crimen organizado y la protección física de las personas resguardadas.
La obligación de confidencialidad tampoco se limita a policías o jerarcas. El decreto la extiende al personal de apoyo, asesores técnicos, legales, tecnológicos y administrativos, funcionarios de otras instituciones que participen permanente u ocasionalmente, así como a consultores, asesores, contratistas y demás sujetos privados que presten servicios, incluso cuando no reciban remuneración.
Los sujetos privados deberán firmar obligatoriamente una cláusula de sometimiento al secreto de Estado. El decreto prohíbe revelar, facilitar, publicar, divulgar, difundir, reproducir, transmitir, compartir o vender mediante cualquier medio físico o tecnológico la información incluida dentro de la declaratoria.
Quienes incumplan esa prohibición enfrentarán los procedimientos y sanciones que establezca la legislación nacional por quebrantamiento del secreto de Estado y, cuando corresponda, consecuencias contractuales con la Administración. El deber de confidencialidad permanecerá vigente de manera indefinida aun después de que termine la relación de la persona con el Estado.
El Ejecutivo justificó la declaratoria en los riesgos que, a su criterio, supone revelar información que permita conocer operaciones actuales o futuras, métodos de inteligencia, mecanismos para detectar infiltraciones o corrupción, evaluaciones de riesgos, sistemas de control interno y capacidades institucionales.
Según el decreto, organizaciones criminales nacionales y transnacionales podrían utilizar esos datos para identificar vulnerabilidades, evadir controles, amenazar a funcionarios o terceros y afectar operaciones policiales. El Gobierno también alegó riesgos para la privacidad, intimidad e integridad física de funcionarios y sus familias.