El instituto expresó preocupación por recientes descalificaciones y anuncios de acciones judiciales contra periodistas que investigan el uso de fondos públicos.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) pidió al Poder Ejecutivo cesar el hostigamiento digital, los discursos de desprestigio y las amenazas de acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación.
La organización expresó este jueves su “profunda preocupación y categórico rechazo” ante recientes expresiones que calificó como hostiles y amenazas de acciones judiciales provenientes de figuras de alta jerarquía del Poder Ejecutivo contra periodistas que fiscalizan el uso de recursos públicos.
IPLEX sostuvo que el anuncio de acciones judiciales como respuesta a investigaciones periodísticas de interés público puede afectar la rendición de cuentas y la libertad de prensa. El instituto indicó que desde 2022 mantiene labores de observación y documentación sobre agresiones contra la prensa.
El comunicado se emitió, un día después de que la presidenta de la república, Laura Fernández Delgado, aseguró que analiza demandar al periodista de La Nación responsable de una serie de publicaciones sobre la compra de ambulancias por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
La declaración ocurrió durante la conferencia de prensa del Gobierno, cuando Cristian Mora, periodista del medio, le preguntó a Fernández si estaba de acuerdo con que Bomberos invitara a un único oferente para la contratación, considerando que ese oferente está vinculado con dos financistas de su campaña presidencial.
IPLEX denuncia patrón de amedrentamiento
El instituto afirmó que estos hechos no constituyen casos aislados y los ubicó dentro de lo que calificó como un “patrón de amedrentamiento”. Señaló dos formas principales: el hostigamiento mediante canales digitales oficiales y los discursos públicos dirigidos a desacreditar el trabajo periodístico.
El comunicado menciona específicamente expresiones en las que autoridades afirmaron que periodistas “se ganaron” que se les calificara como “canallas” por formular preguntas. IPLEX sostuvo que las autoridades públicas tienen la obligación de responder sobre el uso de fondos estatales y los procedimientos de contratación.
La organización también citó datos de la Cuarta Encuesta sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación de Costa Rica, elaborada por PROLEDI, CICOM y CIEP-UCR. Según esos resultados, 58,1% de la población considera peligroso ejercer el periodismo en Costa Rica y 54,7% percibe que la libertad de expresión está en peligro.
Llamado al Poder Ejecutivo
La Junta Directiva del IPLEX solicitó al Ejecutivo respetar la labor fiscalizadora de la prensa, responder las consultas sobre contrataciones y uso de fondos públicos y garantizar condiciones para el ejercicio del periodismo sin represalias.
El instituto sostuvo que la labor periodística incluye investigar, verificar información, contrastar fuentes y fiscalizar a las autoridades públicas, y señaló que las intimidaciones contra quienes realizan ese trabajo afectan también el acceso de la ciudadanía a información sobre la gestión estatal.
