El proyecto de ley pretende aclarar y precisar el ámbito de competencia y la organización de la Contraloría General de la República. Incorpora el límite de no sustitución ni abarcamiento de las competencias propias de la Administración Pública activa, elimina las potestades de control de eficiencia de la Contraloría, establece que la potestad de investigación de la Contraloría no puede utilizarse para suspender la ejecución de actos y contratos del Estado. Respecto de la Ley N.° 8292, Ley General de Control Interno, se reforman los artículos 1, 8, 12, 18, 21 y 35, con el propósito de que el sistema de control interno, la auditoría interna, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización —al igual que la propia Contraloría General de la República— respeten, en toda circunstancia, las competencias exclusivas de la Administración Pública activa, sin sustituir sus decisiones de oportunidad y conveniencia ni evaluar previamente su gestión administrativa.