Hay una frase que merece ser recordada, porque condensa la actitud de un gobierno hacia la oposición.
En mayo de 2026, la recién investida presidenta Laura Fernández calificó en conferencia de prensa a los diputados del Frente Amplio que se oponían al proyecto de armonización eléctrica como “comunistas y vagabundos”, los llamó “enemigos del pueblo” y añadió: “me duele, me hierve la sangre que no puedo generar el empleo que ocupa Puntarenas y Limón por estos vagabundos”. No fue un lapsus. Fue lenguaje oficial. Y cuando el lenguaje oficial define a una parte de la ciudadanía —y a sus representantes en el Poder Legislativo— como “enemigo”, el siguiente paso nunca es el debate.
Un repertorio de cuatro años
La retórica presidencial no surgió con Fernández. Durante los últimos cuatro años, Rodrigo Chaves construyó un repertorio verbal consistente y escalonado contra el Frente Amplio y sus representantes. En noviembre de 2024 llamó “comunista” y “comunistilla” a la diputada Sofía Guillén. Advirtió que “si no nos despabilamos, los comunistas y los sindicalistas van a tomar este país”. Reconfiguró la oposición como “extrema izquierda” aliada con universidades y fiscales.
Las voces de sus diputados han amplificado el mismo registro: Juan Manuel Quesada advirtiendo que “los de izquierda, los comunistas, los que se oponen a todo” frenan el progreso; Cindy Murillo acusando al FA de recibir financiamiento de “regímenes comunistas” y del narcotráfico; Kattia Calvo calificando al comunismo como “un cáncer, un comején, que todo se lo come desde adentro”.
La lógica es consistente: el que protesta no es pueblo; el que discrepa es comunista; el que se organiza es enemigo. Y cuando esa lógica se instala en el lenguaje del poder, las instituciones empiezan a actuar en consecuencia.
“Sabemos dónde están”: la vigilancia como confesión
El 17 de agosto de 2026, el secretario general del oficialista Partido Pueblo Soberano, Freddy González, dijo en televisión algo que merece leerse con detenimiento: “Hoy tenemos la información de quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y preferencias y hasta qué hacen”. Se refería a simpatizantes del Frente Amplio. Según su explicación, los datos provenían de la base de formularios utilizada para asignar espacios en el acto de traspaso de poderes del 8 de mayo en el Estadio Nacional.
La presidenta Fernández intentó minimizar el asunto diciendo que González “se fue de la lengua” y que “afirmó algo que no es cierto”. Pero González no fue el único. Ese mismo día, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, afirmó en Casa Presidencial que tenían “identificados” a “zurdos, algunos de clóset todavía, que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos”. El subjefe de fracción de Pueblo Soberano, Juan Manuel Quesada, añadió que tenían localizadas a personas que participaron en el plantón por la democracia, aludiendo al Frente Amplio.
La diputada, el “cáncer” y Pegasus
Kattia Calvo ha sido una de las voces más explícitas en la escalada verbal. En octubre de 2026 anunció que denunciaría penalmente al excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, por su llamado a replicar manifestaciones, y lo calificó de “indecente” y “cobarde”. En la misma intervención, comparó el comunismo con “un cáncer y un comején que carcome la sociedad”. Semanas antes, había dicho: “No hay nada peor en la vida que un comunista, creía yo, pero resulta que sí, hay algo peor. Un comunista progre y un comunista progre democrático resulta peor”.
Pero la declaración más reveladora de Calvo llegó en agosto, durante el debate sobre el decreto de secreto de Estado para información de seguridad nacional. Cuando la diputada del Frente Amplio Sigrid Segura advirtió sobre el riesgo de que el Gobierno adquiriera tecnología como Pegasus para espiar opositores, Calvo respondió:
Nos quieren vender aquí a la gente en Costa Rica que eso ocurre aquí. La operación Pegasus no es eso. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Dejen de meterle miedo a la gente”.
La referencia a una “operación Pegasus” —un término que nadie había usado en el debate— fue, en el mejor de los casos, un desliz revelador. En el peor, una confirmación involuntaria de que el Gobierno sabe exactamente de qué se está hablando cuando se menciona Pegasus —modelo israelí que usa el Mossad y que deberían ver en el documental NAZA— y de que la discusión sobre la vigilancia estatal no es una hipótesis abstracta para el oficialismo.
La “justicia procesal” en la Asamblea Legislativa y su falla
La violencia política no proviene solo del Ejecutivo. Dentro de la Asamblea Legislativa, los obstáculos institucionales contra la oposición también están documentados.
Hasta finales de octubre de 2026, tres denuncias por “violencia política” contra diputados permanecían estancadas. Una de ellas corresponde a una denuncia de una diputada del Frente Amplio contra el diputado de Pueblo Soberano José Miguel Villalobos, por declaraciones calificadas como sexistas y misóginas. La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, se excusó tras recibir la denuncia el 19 de agosto. Pero la comisión investigadora, que debía conformarse antes del 27 de agosto, nunca se integró. Diputados de Pueblo Soberano postergaron la reforma al reglamento legislativo sobre violencia política, aunque el Plenario finalmente la aprobó por unanimidad el 25 de octubre. El patrón es claro: las reglas existen, pero su ejecución puede retrasarse indefinidamente cuando el denunciado es del partido de gobierno.
La distancia entre los estándares internacionales y la realidad local
Costa Rica es Estado miembro de la Comisión de Venecia. El estándar de ese organismo es claro: las medidas restrictivas contra partidos políticos deben ser excepcionales, proporcionales y contar con garantías procesales. La Comisión también ha advertido que la intimidación y el hostigamiento a actores políticos producen un “efecto disuasivo” que reduce el espacio del pluralismo político.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Unión Patriótica de Colombia, concluyó que la persecución sistemática contra miembros de un partido constituye una violación de la Convención Americana. La lección central es que, cuando el aparato estatal se usa contra un partido y sus simpatizantes, las víctimas no son solo individuos: también se vulnera el derecho a la participación política en su conjunto.
Costa Rica está lejos de la violencia de la Unión Patriótica. No hay escuadrones de la muerte. Pero hay una línea que conecta ambos fenómenos: definir al adversario como “enemigo”, luego “identificarlo”, luego amenazar con denuncias penales por protestar. Esa línea ha aparecido en todos los países donde ha estallado la violencia política; solo cambia el punto de llegada.
Lo que el derecho puede y no puede hacer
El Frente Amplio ha usado las herramientas disponibles. Sigrid Segura cuestionó el secreto de Estado y advirtió sobre Pegasus. La diputada Joselyn Sáenz presentó ante la Sala Constitucional la directriz policial que ordenaba vigilar a “opositores al gobierno”.
Pero las limitaciones son evidentes. La Sala IV puede revisar si un operativo específico es inconstitucional, pero no puede ordenarle a la presidenta que deje de llamar “enemigos del pueblo” a un partido. Una denuncia penal puede dirigirse contra un exdiputado por llamar a protestar, pero no existe una figura legal que sancione al secretario general de un partido por decir que tiene “censados políticamente” a los simpatizantes de la oposición.
La democracia costarricense no ha colapsado. La Sala IV sigue recibiendo recursos. Pero la resiliencia de una democracia no se mide por el comportamiento de sus instituciones en tiempos de calma, sino por su capacidad de proteger a quienes sufren hostigamiento desde el poder cuando ese poder los convierte en objetivo.
El guion ya está escrito
Giuliano da Empoli describió en su libro Los ingenieros del caos el mecanismo que hoy opera en Costa Rica: el populismo algorítmico no necesita abolir formalmente la democracia para vaciarla. Le basta con montarse en la erosión del sistema político, lucrar con el descreimiento y convertir el resentimiento individual en militancia organizada.
El ingeniero del caos no persuade: activa. No debate: moviliza el odio. Y cuando ese mecanismo se instala en el centro de una campaña presidencial como la de Laura Fernández —como ocurrió con el estratega Danny Quirós, cercano a la red internacional que incluye a Milei, Kast, Verástegui y Cerimedo—, la retórica contra el “comunista” deja de ser un exabrupto y se convierte en una directriz de gobierno.
Costa Rica está ante una evidente violencia política. Es algo silencioso y eficaz: la normalización de que el Estado identifique, vigile y amenace a quienes discrepan, mientras sus operadores consolidan un modelo donde la seguridad es la excusa y el control es el fin.
La frase “comunistas y vagabundos” no aparecerá en ningún expediente judicial. Pero aparecerá en el registro histórico. Y la pregunta que Da Empoli deja flotando no es si este modelo puede llegar a Costa Rica. Es cuánto tiempo más podrá la Sala IV, o cualquier tribunal, contener lo que ya está escrito en el guion.