De la auditoría del órgano contralor
Según el informe de auditoría operativa DFOE-FIP-IAD-00002-2026 de la Contraloría General de la República, Costa Rica presenta debilidades en el control tributario y un deterioro de la recaudación fiscal. Según el informe, Hacienda dejó de recaudar alrededor de ₡1.888.689 millones entre 2023 y 2026.
La CGR identificó ₡794 mil millones en riesgos por evasión. Asimismo, los controles extensivos —revisiones rápidas y masivas para detectar incumplimientos de contribuyentes— que realizó la Dirección General de Tributación bajaron de 1.767 casos en 2023 a tan solo 2 casos en 2025. Además, dichos controles acumulan demoras extremas de hasta 600 días hábiles.
Dadas las circunstancias, los controles para corregir diferencias monetarias no recuperaron más del 4,7%.
De la reducción en la recaudación de IVA
La recaudación de impuestos que el Estado registró entre enero y agosto de 2026 cayó en ₡33.764 millones. Dicha disminución se debe al descenso en el cobro del impuesto al valor agregado (IVA).
Para finales de junio de 2026, la CGR divulgó, mediante el documento de análisis de la situación fiscal y presupuestaria relacionado con las finanzas públicas DFOE-FIP-MTR-00003-2026, la reducción de ₡266.025 millones en el IVA, además de ₡70.000 millones en el impuesto sobre la renta y ₡37.366 millones en el impuesto selectivo de consumo.
Entre varios riesgos, tanto la Contraloría como el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, mencionaron las limitaciones de información relacionadas con Tribu-CR. Carvajal también se refirió a estas limitaciones ante el Congreso. Además, figura el cambio del entorno económico internacional.
El tipo de cambio también es una de las razones por las cuales el Ministerio de Hacienda ve una reducción en el IVA.
“Si nosotros tenemos algunos contribuyentes importantes asociando una pérdida cambiaria por la reducción del tipo de cambio, pues obviamente hay una renta por pagar más baja. El tipo de cambio bajo nos afecta”, admitió Carvajal ante el medio La Nación a principios de julio.
Del FEES y el Poder Judicial
Aunque el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) cuenta con respaldo constitucional en los artículos 78 y 85 de la Constitución Política, la caída de los ingresos a la Caja Única y la posición del Poder Ejecutivo impiden aumentos a dicho fondo.
A pesar de que el Estado ya adeuda ₡62.590 millones a las universidades estatales por el no giro de los recursos correspondientes a los presupuestos de 2020 y 2021, debido a la crisis sanitaria de la covid-19, y de que acordó devolver dicho dinero en ocho tractos anuales a partir de 2026, el Gobierno mantiene su negativa a otorgarle más dinero fuera del monto constitucional.
Debido a esto, las sedes regionales y periféricas enfrentan una mayor escasez de recursos y riesgos de reducción o cierres técnicos de recintos, así como incertidumbre en la expansión de carreras de tecnología e ingenierías en regiones como Liberia, Sarapiquí, Pérez Zeledón y Nicoya.
Al igual que el FEES, el Poder Judicial cuenta con un respaldo constitucional del 6% de los ingresos ordinarios para dicha institución. Sin embargo, el recorte ha sido contundente para los órganos de este poder de la República.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuenta con una reducción de alrededor de ₡5.020 millones, mientras que el Ministerio Público enfrenta una reducción de ₡4.680 millones y otras dependencias, de ₡3.405 millones para el segundo presupuesto extraordinario.
Pese a las negociaciones que el Poder Judicial sostuvo con el Ministerio de Hacienda para ceder ₡13.042 millones, Hacienda terminó comunicando a la Corte Plena, mediante el oficio MH-DM-OF-0901-2026, que realizaría un recorte de ₡23.721,8 millones. Hacienda alegó que el monto cedido por el Poder Judicial no formaba parte de la base utilizada para el cálculo de la rebaja solicitada.
De la “economía jaguar”
La “economía jaguar” trae consigo un modelo ya establecido desde la reforma fiscal (Ley n.º 9635), o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La administración Alvarado Quesada impulsó una reforma importante para el saneamiento de las finanzas públicas y la consolidación del primer superávit primario registrado alrededor de 2021.
Aunque muchas personas asocian dicha economía con un orden y un freno al gasto público, atribuirle directamente dichos logros al movimiento rodriguista significaría un choque con la línea temporal.
A pesar de sus críticas al Partido Acción Ciudadana (PAC), de su renuncia a dicho partido por choques con Carlos Alvarado y de su rechazo hacia las administraciones que antecedieron a la suya, Rodrigo Chaves defendió esa reforma cuando se desempeñó como ministro de Hacienda en la administración Alvarado.
“Las crisis fiscales hipotecan el futuro y traen como consecuencia una reducción en gasto social, aumento de la pobreza, más desempleo y venta de activos a precios por debajo del valor de mercado, entre otros efectos directos sobre la población”, explicó Chaves ante el plenario legislativo refiriéndose a la reforma fiscal.
Durante su Presidencia, dicha ley siguió vigente, pero con gran distancia de sus inicios: nuevo pseudónimo, nueva mercadotecnia, más apoyo popular y reformas que suavizaron el impacto económico en varias instituciones del sector público.
Ahora, nuevamente como ministro de Hacienda y de la Presidencia y figura clave en el movimiento oficialista, Chaves sigue dirigiendo a Costa Rica hacia lo que él aclama como disciplina fiscal. El colapso social viene cuando dicha disciplina afecta a equipos de logística operativa en el campo de la seguridad social, defensoría, educación, salud, red de cuido de menores y vivienda.
El aparato estatal representa una de las mayores inversiones de recursos públicos en la sociedad costarricense. Por ende, el verdadero dilema no está en el simplismo de recortar el gasto para contraerlo, sino en la discusión sobre dónde se recorta y hacia dónde se redireccionan los recursos.
El superávit primario no puede sostenerse de forma indefinida sobre el bienestar ciudadano.