El recurso se suma a otro trámite en estudio de admisibilidad que también busca suspender el concurso impulsado por el Gobierno y la Sutel.

El candidato presidencial del Partido Unión Costarricense Democrática, Boris Molina, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el presidente Rodrigo Chaves Robles y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora.

Según indicó, la subasta de frecuencias de radio y televisión “violenta derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, la libertad de expresión, la comunicación y el acceso a la información”. El aspirante añadió que actúa “como usuario del espectro radioeléctrico” y que su intención es que la Sala determine si existió alguna afectación constitucional.

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En un video remitido a medios, Molina afirmó que las decisiones sobre las frecuencias “no pueden tomarse sin considerar a las personas usuarias” y alegó vulneraciones a “derechos humanos y derechos fundamentales”. Asimismo, señaló que, de no obtener respuesta favorable en la jurisdicción interna, “tendremos que ir entonces al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Los dueños de los medios o el Gobierno no son los dueños de las frecuencias; son de los usuarios. Se violentó el debido proceso y derechos como la libertad de expresión y la comunicación. Por eso presentamos el amparo para que la Sala determine si hubo violación”.

Un recurso previo ya está en trámite

La nueva gestión se suma a otro recurso de amparo recibido recientemente por la Sala Constitucional contra los miembros del Consejo Directivo de Sutel y la Presidencia de la República, bajo el expediente 25-031501-0007-CO. Ese primer recurso, dado a conocer ayer por La Nación, solicita la suspensión cautelar de la subasta mientras se estudia el fondo y cuestiona los precios base, alegando que favorecen únicamente a operadores con alta capacidad financiera.

Entre los señalamientos contenidos en esa otra presentación se mencionan riesgos para la participación de medios pequeños, comunitarios, culturales y regionales, así como la posibilidad de que el esquema opere “como una forma de censura indirecta”. El trámite permanece en estudio de admisibilidad.

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Subasta cerró el viernes pasado

El Gobierno ordenó en setiembre a la Sutel abrir un concurso público para asignar las concesiones (por 15 años) en AM, FM y televisión abierta. Por primera vez se otorgarán por medio de una subasta, cuyos precios base para participar van desde $386.000 para frecuencias FM de cobertura nacional hasta $1,6 millones en el caso de televisión. La fecha límite para presentar ofertas venció el 21 de noviembre a la medianoche en medio de cuestionamientos, polémicas y procesos judiciales. La concesión será otorgada a quienes ofrezcan el monto más alto dentro del proceso administrado por la Sutel.