Por muchas válidas y fundamentales razones la Iglesia Católica tiene un lugar preponderante en nuestra sociedad.

Además de ser la fe católica la que profesan la mayoría de los habitantes en Costa Rica, nuestra cultura ha sido estructurada alrededor de los valores que la Iglesia Católica nos aportó.

No puede Costa Rica renunciar ni desconocer las profundas raíces cristianas de nuestra cultura, que han moldeado y condicionado casi todas las expresiones de nuestra vida en sociedad.

Además, sus aportes al desarrollo costarricenses son invaluables. No me atrevo en este breve espacio a tratar de resumir las muchísimas acciones de la Iglesia Católica con las cuales ha contribuido de manera fundamental al desarrollo de nuestra nación en áreas tan diversas como la educación, la salud, la atención de las familias en pobreza, el fomento de las artes, la solución de enfrentamientos, la promoción de la justicia social. Solo menciono un caso específico en que directamente viví su muy importante cooperación: el apoyo de la Iglesia Católica a la Concertación Nacional y en específico a la Ley de Protección al Trabajador.

Pero sin duda su mayor contribución es la influencia del catolicismo al carácter pacífico, conciliador, respetuoso y de buen trato con el que se nos ha reconocido tradicionalmente a los costarricenses.

A lo largo de la historia patria -salvo un período muy excepcional en las últimas décadas del siglo XIX- la relación entre el Estado y la Iglesia Católica ha sido cercana y cálida.

No en vano nuestra constitución señala:

La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.”

Claro que es indispensable en un régimen democrático liberal como el nuestro defender el derecho humano a la libertad religiosa. Por eso la confesionalidad católica de nuestro estado responde a la realidad de la cuantiosa mayoría de personas que profesamos esta, que consideramos la religión verdadera y ha estado siempre presente en nuestra constitución, desde el propio Pacto de Concordia de 1821. Pero eso no puede, de manera alguna, permitirnos a la mayoría obstaculizar el ejercicio religioso de otras creencias.

Todas las anteriores son razones poderosas para exigir a todos los habitantes de nuestro territorio, y en especial a las autoridades públicas, respeto para la Iglesia Católica y para sus dignatarios.

El buen trato y el respeto que merecen todos los habitantes del país, por la dignidad de ser personas, aún en mayor medida se deben otorgara los representantes de nuestra Iglesia Católica por respeto a los sentimientos religiosos de la mayoría de nuestro pueblo.

Por eso ofrezco mi solidaridad al Arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, ante el trato irrespetuoso que sufrió de parte del presidente de la república.

Al expresar esta solidaridad -que sé que la compartimos la inmensa mayoría de los costarricenses- no puedo dejar de hacer un reconocimiento a la actitud del Arzobispo y de la Iglesia Católica ante ese maltrato y ante la subasta en curso de las frecuencias para radio y televisión, organizada de manera tan contraria a los intereses nacionales y a la libertad de expresión.

Monseñor Quirós ante la ofensa manifestó:

La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales. Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad (...) Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentido de servicio”

Con anterioridad, ante la perjudicial violación a la libertad de expresión de esa subasta promovida por el Gobierno y SUTEL, la Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un comunicado el que señaló:

“Como obispos, no pretendemos intervenir en disputas técnicas ni económicas. Pero sí tenemos el deber pastoral de iluminar, desde la ética cristiana, aquellas decisiones públicas que pueden afectar el tejido social, la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos a una comunicación verdaderamente plural. La discusión actual sobre la subasta de las frecuencias de radio y televisión no es un asunto menor. No hablamos simplemente de un bien comercial, sino de un recurso público que sostiene la vida democrática del país.

La doctrina social de la Iglesia enseña que los bienes comunes deben administrarse de modo que beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Cuando un Estado decide asignar frecuencias solo bajo criterios de recaudación o competencia financiera, corre el riesgo de reducir la comunicación a un mercado, olvidando su dimensión social, cultural y espiritual. Un país no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital.”

Posteriormente el Gobierno de la República ofreció un trato diferenciado a las estaciones religiosas.

La Conferencia Episcopal el día 26 rechazó la oferta y manifestó:

“La Iglesia Católica en Costa Rica ha analizado con atención la propuesta del Poder Ejecutivo y del diputado Fabricio Alvarado de otorgar frecuencias de radio y televisión mediante concesiones diferenciadas para medios religiosos. Comprendemos las inquietudes que motivan dicho planteamiento, especialmente en un contexto de subasta de frecuencias que ha resultado excluyente para muchas emisoras de menor escala.

No obstante, en coherencia con nuestro primer pronunciamiento sobre este tema, por respeto a la pluralidad de voces y sectores que conforman nuestra sociedad, la Iglesia considera que no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que pongan en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público.

Creemos firmemente que el diálogo social debe sustentarse en la justicia y en la igualdad de condiciones, no en excepciones que fragmenten el espacio mediático. La comunicación pública -radio, televisión o prensa- es patrimonio de toda la ciudadanía, no solo de quienes profesan una fe o una doctrina.”

Que maravilloso ejemplo nos da la Iglesia Católica.

A pesar de que como he argumentado existen poderosas razone que podrían justificar un trato diferenciado para los medios de comunicación de nuestra Iglesia Católica, los señores obispos lo rechazan.

¡Cuánto tenemos de aprender de este espíritu social de la Iglesia Católica que por encima de sus intereses inmediatos privilegia los intereses generales, las reglas generales y el bien común!

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