El Consejo Universitario advierte afectaciones a la pluralidad mediática, la libertad de expresión y la seguridad jurídica del país.
La Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento oficial en el que alerta sobre los “riesgos constitucionales y sociales” asociados al proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión abierta impulsado por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Según la institución, el modelo actual podría favorecer la concentración mediática, excluir a medios regionales y comunitarios, y afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.
Advertencia sobre impacto democrático
En su acuerdo UNA-SCU-ACUE-429-2025, el Consejo Universitario señala que el diseño de la subasta “privilegia exclusivamente la capacidad económica”, lo cual incrementa el riesgo de monopolización del espectro y desplaza a medios que históricamente cumplen funciones culturales, educativas y comunitarias.
La UNA sostiene que el espectro radioeléctrico, al ser un bien público estratégico, debe asignarse bajo criterios de interés social y no únicamente económicos.
Procesos pendientes y vicios señalados
El pronunciamiento recuerda que:
- El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó al MICITT no alterar frecuencias hasta después de las elecciones de 2026.
- La subasta enfrenta medidas cautelares vigentes de la Sala Constitucional, que ordenó mantener las condiciones actuales mientras se resuelven procesos contenciosos.
- Cambios normativos realizados por el Poder Ejecutivo en 2024 habrían modificado derechos contractuales sin autorización legislativa, lo cual —según la UNA— afecta principios constitucionales de seguridad jurídica y no retroactividad.
- Los montos base establecidos —entre $24.545 y $1,6 millones— favorecen a grandes consorcios y dificultan la participación de medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales.
Llamados y acciones solicitadas
El Consejo Universitario acordó, entre otros puntos:
- Rechazar el proceso de subasta por considerar que presenta vicios de legalidad y constitucionalidad.
- Solicitar a Sutel y al MICITT suspender la adjudicación mientras se resuelven controversias judiciales.
- Instar al Poder Ejecutivo a presentar un marco regulatorio que proteja el pluralismo mediático, la diversidad cultural y a los medios comunitarios.
- Exhortar a la Asamblea Legislativa a asumir competencia mediante una ley que garantice criterios de política pública acordes con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
- Llamar a la ciudadanía y a las instituciones públicas a informarse y actuar con responsabilidad ante las implicaciones democráticas del proceso.
El pronunciamiento concluye con un mensaje del presidente del Consejo Universitario, Braulio Sánchez Ureña, quien subraya la importancia del tema para el sistema democrático y la diversidad cultural del país.
