El peligro de que un gobierno conceda frecuencias de radio y televisión de manera preferencial a entes religiosos —especialmente en un país cuya Constitución aún lo define como cristiano-católico— no es un detalle administrativo: es una decisión que puede desencadenar más problemas que soluciones. El primer riesgo es el refuerzo del excepcionalismo cristiano, la idea de que predicar el evangelio merece un trato privilegiado por encima de cualquier otro servicio social, comunitario o informativo. Pero incluso ese riesgo inicial es pequeño comparado con lo que podría desencadenarse después.

Cuando el Estado decide privilegiar a determinados grupos religiosos, surge inevitablemente una pregunta que ningún gobierno democrático ha logrado responder sin generar conflicto: ¿quién define qué es “contenido cristiano de buenos valores”? ¿Serían las mismas emisoras beneficiadas por la medida? ¿Un consejo estatal? ¿Un comité de obispos? ¿Un panel de pastores? Cualquier respuesta abre la puerta a un problema mayor: la creación de una autoridad doctrinal estatal de hecho, encargada de decidir qué voces religiosas son aceptables y cuáles no.

La historia muestra que, una vez que el Estado empieza a distinguir entre “ortodoxos” y “desviados”, el paso hacia la persecución —formal o informal— de las voces disidentes es sorprendentemente corto.

El asunto no es nada nuevo, si exploramos la Historia, reciente o no, encontraremos pistas.

La Alemania luterana del siglo XVI: cuando el Estado decide la ortodoxia

Tras la Reforma, muchos principados alemanes adoptaron la norma “cuius regio, eius religio”: la religión del príncipe determinaba la religión “correcta” del territorio. Esto implicó persecución de “herejes”, expulsión de minorías cristianas y control estricto de los púlpitos y publicaciones religiosas. Aunque el contexto es distinto, la lógica era la misma: el Estado definía quién era un cristiano legítimo.

La España franquista (1939–1975): el catolicismo como filtro mediático

Durante el franquismo, los medios debían ajustarse a la moral católica oficial. Las emisoras que no se alineaban con la doctrina dominante sufrían censura o cierre. La Iglesia tenía influencia directa en la regulación de contenidos. El resultado fue un ecosistema mediático monotemático, vigilado y profundamente represivo para cualquier corriente teológica o social alternativa (como el pensamiento cristiano obrero o las bases del posterior movimiento teológico progresista).

La Irlanda del siglo XX: moral pública controlada por la Iglesia

Hasta finales del siglo XX, la Iglesia católica ejerció un control informal sobre contenidos de radio y televisión. Temas considerados “impuros”, feministas o críticos con la Iglesia eran vetados. Voces progresistas dentro del propio cristianismo —como teólogos reformistas— no tenían acceso a los medios. El resultado fue un ecosistema mediático que atrasó por décadas debates sobre derechos reproductivos, género y diversidad.

Estados confesionales contemporáneos (Irán, Arabia Saudita)

Sin que sea un paralelismo exacto, vale como advertencia: cuando el Estado entrega oficialmente a los grupos religiosos la potestad de definir moral pública y comunicación social, termina surgiendo una policía de valores, aunque se llame de otro modo. En Irán existe la “policía de la moral”, encargada de vigilar conductas y contenidos mediáticos. En Arabia Saudita, los medios deben alinearse con la interpretación oficial del islam wahabita.

Costa Rica nunca llegaría a esos extremos… pero el mecanismo conceptual es el mismo: políticos otorgando poder doctrinal a grupos religiosos que pueden volverse guardianes de la moral nacional.

El problema práctico: ¿quiénes serían los “cristianos beneficiados”?

Si el Estado concede beneficios especiales a “medios cristianos”, inmediatamente aparecen preguntas imposibles de resolver sin arbitrariedades:

  • ¿Una radio conservadora que ataca la Teología de la Liberación sería aceptable, pero una radio que defiende la Teología de la Liberación sería vetada?
  • Si surge una emisora cristiana progresista que apoya a la comunidad LGBTIQ+, ¿sería considerada “cristiana legítima”?
  • ¿Qué pasa con una radio liderada por cristianas feministas que cuestionan estructuras patriarcales dentro de las iglesias?
  • ¿Habrá un límite de emisoras religiosas con privilegios? ¿Quién decide cuál entra y cuál queda fuera?

Cada una de esas decisiones convertiría al Estado en un árbitro doctrinal. Y eso, en cualquier democracia, es un terreno peligrosísimo.

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