El proceso de concurso público para radio y televisión impulsado por MICITT y ejecutado por SUTEL enfrenta procesos en sede contenciosa y llamados a frenar la subasta desde el ámbito académico y jurídico.
El proceso de reasignación de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica avanza en medio de una disputa judicial aún no resuelta. Dos procesos contencioso-administrativos promovidos por un grupo de radioemisoras y la Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA) reclaman que las concesiones vencidas en 2024 deben prorrogarse automáticamente por 20 años, conforme a las condiciones de los contratos vigentes. Ambos expedientes permanecen en estudio ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Las causas cuentan con medidas cautelares otorgadas el 24 y 25 de septiembre de 2025, las cuales garantizan la continuidad de las transmisiones hasta que se resuelva el fondo de los casos. Las resoluciones también ordenaron incorporar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) como partes del proceso, al ser entidades con competencia directa en la administración y regulación del espectro.
Aunque las cautelares no detuvieron expresamente la licitación, sí establecen que no pueden introducirse cambios en la asignación y explotación de las frecuencias mientras persista la disputa judicial. Esto coloca el concurso público en un escenario de tensión legal e incertidumbre para concesionarios e interesados.
Cuestionamientos de CANARTEL
La Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) también ha levantado cuestionamientos al proceso licitatorio, argumentando que las resoluciones que denegaron prórrogas no desarrollan un análisis técnico acorde con la normativa vigente y que el cartel licitatorio incluiría frecuencias con expedientes sin resolver. Sostiene además que que las decisiones administrativas “podrían afectar derechos adquiridos de operadores activos”.
En conversación con Teletica.com, Saray Amador, presidenta de Canartel y Telefides detalló las principales objeciones del sector a la propuesta del Ejecutivo: “Primero, el irrespeto a la seguridad jurídica. Cumplimos los contratos, pagamos impuestos y mantenemos cobertura; Aún así, se cambian las reglas de forma unilateral. Así es imposible invertir en un país. La segunda preocupación es el costo. Las señales abiertas cumplen una función social: llegan gratuitamente a la población más humilde, a quienes no pueden pagar cable ni internet. Si se encarece el acceso al espectro, ese servicio podría desaparecer”.
Saray Amador, presidenta de Canartel, conversó con Teletica.
Posición del Ejecutivo y SUTEL
Según comunicados previos del Ejecutivo, el proceso de licitación busca modernizar la gestión del espectro, aumentar la transparencia en la asignación y promover competencia. SUTEL ha señalado que el cartel se publicó en septiembre, que las objeciones fueron atendidas y que la apertura de ofertas se mantiene para el 21 de noviembre de 2025.
UCR solicita frenar la subasta
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), por su lado aprobó este martes 18 de noviembre por unanimidad un acuerdo en el que solicita al MICITT reconsiderar y suspender el proceso de adjudicación. La entidad aduce presuntos riesgos para la libertad de expresión, citando instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El acuerdo también recuerda que el Tribunal Supremo de Elecciones solicitó al MICITT abstenerse de modificar el modelo de asignación de frecuencias hasta que se elijan las nuevas autoridades nacionales en 2026.
“Se le está cercenando la libertad cultural y religiosa a muchas comunidades que tienen medios de comunicación y que con esta subasta no van a poder tener acceso a estos derechos y a disfrute de su propia cultura” comentó William Méndez a Semanario Universidad. Y agregó:
No es un interés de la Universidad en sus medios, sino que es un interés de la UCR en la libertad de expresión, en la libertad de información, en la libertad de los ciudadanos a tener la radio y la televisión protegida, para que estas puedan ser parte de un sistema de pesos y contrapesos, y también parte de un balance democrático”.
Integrantes del Consejo Universitario entregaron al MICITT la solicitud en persona. Fotografía: Consejo Universitario, UCR.
Advertencias desde el ámbito jurídico
Las gestiones judiciales pendientes del grupo de radiodifusores complican el panorama. El abogado David Fallas advirtió a potenciales oferentes que esas causas podrían incidir en eventuales adjudicaciones. Además, subrayó la posición del Consejo Universitario, CANARA y CANARTEL, señalando que los precios base establecidos en el cartel podrían limitar la participación de pequeños operadores y favorecer a grupos con mayor capacidad económica.
En declaraciones a Delfino.CR, Fallas amplió:
Los efectos que tiene la subasta, así como está planteada en este momento, es la exclusión de prácticamente la totalidad de actuales concesionarios de la posibilidad real de ofertar. Por el diseño de la subasta y porque se está desconociendo que en muchos casos la prórroga automática de las concesiones ya operó, el efecto real de este supuesto concurso es que equivale a un despojo”.
Fallas considera que dado el litigio entre las partes “lo sensato es que no se oferten las frecuencias en disputa judicial. Además, debería publicar SUTEL las frecuencias en disputa, para que potenciales oferentes sepan que aun si la ganaran, la frecuencia sería concesión de otro. Y eso lleva a que no se le deban reconocer daños”.
Este viernes 21 de noviembre es el día límite establecido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para recibir las ofertas en el proceso de subasta.
