Chaves amenazó ayer con un apagón de frecuencias de radio y TV en medio año preelectoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) abstenerse de implementar cualquier variación en el modelo y asignación de frecuencias de radiodifusión hasta que se emitan las declaratorias de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
La decisión, adoptada mediante la resolución n.° 2267-E8-2025 del 2 de abril y dada a conocer este jueves por la oficina de prensa del TSE, busca garantizar el acceso ciudadano a información político-electoral durante el proceso comicial.
Según el TSE, modificar las condiciones actuales podría provocar que algunas emisoras dejen de operar o vean alteradas sus condiciones de transmisión, lo que limitaría la posibilidad de que las personas electoras reciban información relevante para ejercer un voto informado.
“La emisión del sufragio es uno de los actos más importantes de la ciudadanía como derecho humano de carácter político; no obstante, para que esa prerrogativa se ejerza en condiciones óptimas es necesario que se garanticen otras condiciones que (…) constituyen por sí mismas derechos independientes”, señaló el Tribunal en su resolución.
El órgano electoral advirtió que los cambios planteados por el MICITT podrían afectar el pluralismo informativo, la equidad en la contienda electoral y el correcto funcionamiento del sistema de financiamiento público de los partidos políticos.
También subrayó que las variaciones podrían entorpecer su capacidad de comunicación con la ciudadanía durante el proceso electoral, en virtud del espacio de media hora semanal que las radioemisoras deben cederle gratuitamente al TSE.
Además, explicó que la incertidumbre generada por la reforma del modelo de concesiones impide a las emisoras fijar tarifas para transmitir propaganda política, lo que complica su inscripción ante el Registro Civil. Esta situación, advirtió el TSE, limita el reembolso de gastos a los partidos, los obliga a depender más del financiamiento privado y profundiza la desigualdad en la contienda.
La resolución aclara que el Tribunal no se pronuncia sobre la legalidad, conveniencia u oportunidad de las medidas impulsadas por el MICITT, pues ello corresponde a otros órganos del Poder Ejecutivo y al control judicial ordinario. Sin embargo, sí establece que la entrada en vigor del nuevo modelo debe diferirse hasta que se emitan las declaratorias oficiales del proceso electoral de 2026.
"Tomar esos recaudos no implica que se deba suspender el proceso iniciado por la citada cartera ministerial; incluso, de cumplirse con las exigencias jurídicas respectivas, podrían darse las prórrogas, renovaciones o adjudicaciones que correspondan", aclaró el Tribunal.
Finalmente, el TSE advirtió que la falta de previsiones adecuadas podría generar responsabilidad institucional y personal si se compromete el derecho de acceso a la información político-electoral.
La resolución fue redactada por la magistrada Eugenia María Zamora Chavarría y notificada al MICITT, a la SUTEL, a los partidos políticos inscritos y a los órganos técnicos del Registro Electoral.
Chaves amenazó ayer con apagón de frecuencias
La resolución del TSE se emitió en medio de una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el sector de la radiodifusión, alimentada por los intentos del Gobierno de actualizar el canon que pagan las emisoras de radio y televisión por el uso del espectro radioeléctrico.
Este mismo 2 de abril, el presidente Rodrigo Chaves Robles amenazó públicamente con no renovar las concesiones de frecuencias que vencen en setiembre, si la Asamblea Legislativa no aprueba una nueva ley para modificar los cobros. “Si se apagan las señales de las antenas de televisión y radio, será porque la Comisión de Ingreso y Gasto (sic.) no se ha querido mover para no afectar al señor del trencito”, declaró el mandatario en referencia al accionista de Teletica, René Picado.
Incluso discrepó en vivo con su ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes Zamora, quien dejó abierta la posibilidad de una prórroga: “No, ministra, usted siempre es más clara que eso. Perdóneme que le diga, no va a depender de nosotros. No las vamos a extender”, zanjó Chaves.
El Ejecutivo sostiene que las emisoras han pagado montos irrisorios durante décadas. Asegura que una radio FM que pagó 420 mil colones desde 1954, debió pagar 70 millones de colones, y que una televisora que pagó 22 millones de colones debió contribuir con 4000 millones de colones, según sus estimaciones.
En el Congreso existen dos propuestas legislativas para resolver el tema. Una es del Ejecutivo (expediente 24.461), que propone que las televisoras paguen un 7,73% de sus ingresos brutos anuales y las emisoras de AM y FM un 3,13%. El Gobierno argumenta que este modelo es más equitativo y proporcional.
La otra, promovida por el diputado Oscar Izquierdo (expediente 23.673) y respaldada por otros congresistas de oposición, plantea montos fijos actualizados y busca garantizar la continuidad de las emisoras pequeñas. El presidente Chaves ya ha anunciado que vetará este texto si es aprobado, por considerar que “subsidia a los grandes” y “quiebra a los chiquitos”.