Para orientar una política de protección social que cumpla con características de calidad, eficacia y justicia hay que preguntarse: ¿a quién exactamente debemos atender y cuáles carencias hay que resolver? Tradicionalmente las respuestas se buscaron a través del lente del ingreso —una línea de pobreza monetaria—, pero la experiencia acumulada en las últimas dos décadas muestra que ese enfoque invisibiliza vulnerabilidades que impiden a las personas vivir con dignidad y recuperarse frente a choques.

La medición multidimensional de la pobreza permite visibilizar privaciones simultáneas que sufren las personas en salud, educación y condiciones de vida.

Hallazgos relevantes del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2025 y su implicación para la protección social

El informe del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global 2025, producido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Oxford sobre Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI) 2025, titulado Dificultades superpuestas: pobreza y riesgos climáticos, aporta una novedad clave: superpone la cartografía de la pobreza multidimensional con la exposición a riesgos climáticos (olas de calor extremo, sequías, inundaciones y contaminación del aire).

Entre sus hallazgos más relevantes figura que casi 80% de las personas pobres en términos multidimensionales viven en regiones expuestas a al menos un peligro climático importante, lo que subraya que la protección social ya no puede pensarse al margen de la acción climática. El documento reclama políticas que integren transferencias y servicios con medidas de adaptación y reducción del riesgo.

El IPM y las políticas públicas de protección social

La fuerza de la medición multidimensional de la pobreza para la política pública reside en tres capacidades prácticas:

  1. Identificar quiénes están en mayor vulnerabilidad, no solo por condición de ingreso: permite localizar grupos y comunidades con perfiles de privación concretos (por ejemplo, hogares con carencias educativas y de saneamiento). Eso facilita dirigir transferencias, programas sociales y proyectos por territorio o por perfil de necesidad.
  2. Diagnosticar “paquetes” de privaciones que suelen ir juntos: el método muestra la intensidad y los patrones de privación, es decir, cómo se superponen diversas privaciones al mismo tiempo. Eso es clave para diseñar respuestas multisectoriales e integrales —por ejemplo, combinar acceso a agua potable con intervenciones de salud y educación en un mismo barrio— en lugar de soluciones fragmentadas que no resuelven el problema de raíz.
  3. Monitoreo y priorización presupuestaria: cuando el IPM se produce como estadística nacional periódica, como en el caso de Costa Rica, sirve para monitorear avances, evaluar impacto y orientar la asignación del gasto hacia intervenciones con mayor retorno social. Países que institucionalizan el IPM lo utilizan para focalizar subsidios y programas de inclusión que contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: “Fin de la Pobreza”.

¿Por qué el IPM ofrece mayor precisión para la toma de decisiones?

El IPM se traduce en decisiones más efectivas, lo cual se puede explicar con cuatro razones:

  • Al combinar incidencia con intensidad, evita invisibilizar desigualdades en el promedio, porque destaca no solo cuántas personas son, sino también cuán profundamente están afectadas.
  • Al medir indicadores específicos permite diseñar intervenciones dirigidas y medir su impacto sobre las dimensiones relevantes, no solo sobre el ingreso.
  • La flexibilidad metodológica invita a que cada país construya una medición del IPM nacional con pertinencia local, manteniendo comparabilidad cuando es necesario. Eso aumenta la relevancia política de la estadística. En el caso de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha ajustado el modelo para responder al diseño e implementación de políticas públicas.
  • Finalmente, el IPM puede cruzarse con otros datos e indicadores (territorio, género, etnia, y riesgos climáticos), lo que permite priorizar acciones donde la pobreza, la exclusión y el riesgo se superponen.

Recomendaciones para políticas de protección social basadas en el IPM

  1. Institucionalizar la medición del IPM a nivel de los países como estadística oficial e instrumento que pueda ser utilizado en reglas de asignación presupuestaria.
  2. Focalizar por perfiles de privación y por territorios de riesgo climático.
  3. Diseñar respuestas multisectoriales integradas a partir de “paquetes de privación”.
  4. Usar el IPM para medir no solo reducción de incidencia, sino también cambio en la intensidad de las privaciones.
  5. Invertir en prevención y capacidades locales, como seguros, infraestructura y sistemas de alerta, es más costo-efectivo que reparar daños ex post, especialmente en zonas donde el IPM y exposición climática convergen. En ese sentido, los avances en la construcción de la herramienta GeoSINIRUBE representan un importante esfuerzo del IMAS y SINIRUBE para responder a este desafío.

En conclusión, medir la pobreza en forma multidimensional es una herramienta para la política pública que permite optimizar recursos, diseñar respuestas integradas y aumentar la resiliencia de quienes más lo necesitan. El Informe Global del IPM 2025 añade una advertencia urgente: la pobreza y el riesgo climático suelen converger, por lo que hay que generar mayores capacidades de identificación de personas vulnerables socioeconómicamente, determinar su exposición a riesgos y desarrollar un estrategia  de prevención, adaptación y respuesta oportuna.

Para Costa Rica —un país con logros sociales importantes, pero con presencia de pobrezas residuales y poblaciones vulnerables— la medición del IPM ofrece una brújula necesaria para que la protección social sea al mismo tiempo más precisa, equitativa y preparada para diversos choques, entre ellos los que resultan del cambio climático.

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