Una investigación del ente defensor evidenció la ausencia de indicadores de resultados e impacto, así como la falta de una Política Nacional de la Pobreza.

Este jueves, la Defensoría de los Habitantes dio a conocer que realizó una investigación en la cual identificó ocho debilidades del Estado costarricense en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

El ente defensor destacó que, en un contexto global caracterizado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales cumplen un rol fundamental en el acceso equitativo a derechos fundamentales.

En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)".

La investigación del ente defensor se centró en una muestra de programas implementados por estas instituciones durante el periodo 2019-2024, con el objetivo de analizar la planificación presupuestaria y los criterios de asignación de beneficiarios.

Principales resultados

1. Ausencia de metodologías de costeo

Según la Defensoría, no existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. Y además, en muchos casos, los montos asignados "parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo".

2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto

El ente defensor indicó que esto dificulta evaluar si realmente se están generando cambios positivos en la sociedad; una limitación que impide identificar la necesidad de ejecutar mejoras. 

3. Ausencia de criterios de regionalización

Asimismo, detalló que las condiciones que generan pobreza y desigualdad, son distintas según cada región del país. Sin embargo, señaló que en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria ni sus implicaciones. 

4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza 

La Defensoría destacó la necesidad de una política pública nacional formal y de establecer un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la relevancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.

5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados

Para el ente defensor, "resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos". En esa línea, identificó que un elemento por considerar es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional. 

6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales

El ente defensor subrayó que se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. "Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales", agregó la institución.

7. Reducciones o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%

Asimismo, resaltó que algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. "Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario", añadió el ente defensor.

8. Ausencia de mecanismos de transición

Finalmente, la Defensoría puntualizó que el actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Para el ente defensor, es urgente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral. Y agregó a modo de ejemplo: "Actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico".