El Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA respaldó la denuncia por abuso sexual realizada en contra del diputado Fabricio Alvarado.
El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifestó su solidaridad, respaldo y respeto hacia la joven Alicia Castillo quien decidió hacer pública una denuncia por abuso sexual contra el diputado y candidato a la presidencia de la República por el Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, por hechos ocurridos cuando ella tenía 13 años y él 32.
"Reconocemos la valentía y dignidad de quienes deciden romper el silencio frente a hechos de violencia sexual, especialmente cuando ocurrieron durante la niñez o la adolescencia", indicó el IEM-UNA.
El instituto enfatizó en que denunciar estas circunstancias implica enfrentar no solo el dolor personal, sino también las estructuras sociales, políticas y mediáticas que históricamente revictimizan a las mujeres y minimizan las agresiones cometidas por figuras con poder.
El IEM-UNA recordó que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad tienen un régimen especial de prescripción, establecido en la Ley número 9.685, conocida como Ley del Derecho al Tiempo, que reconoce las particularidades de estos crímenes y su impacto a largo plazo.
Según esta ley, el plazo para presentar una denuncia penal comienza a correr a partir de que la víctima cumple los 18 años, y puede interponer la denuncia hasta 25 años después de esa fecha. Este marco legal reafirma el derecho de las víctimas/sobrevivientes a buscar justicia incluso muchos años después de los incidentes de violencia sexual.
El pronunciamiento resalta que el fuero parlamentario o inmunidad no puede ni debe utilizarse como un mecanismo de impunidad, especialmente en casos de delitos sexuales que afecten a personas menores de edad.
El instituto instó a la Asamblea Legislativa a valorar con prontitud la solicitud de levantamiento de inmunidad de Alvarado Muñoz, con el objetivo de permitir una investigación transparente, imparcial y libre de interferencias políticas.
El Instituto señaló además que el Estado costarricense tiene obligaciones internacionales, derivadas de instrumentos como la Convención de Belém do Pará, que le exigen garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia sexual y protegerlas de la revictimización y la exposición mediática dañina.
Como parte de su pronunciamiento, el IEM rechazó toda forma de descrédito hacia las víctimas o manipulación política del caso, y exhortó a las autoridades judiciales y legislativas a actuar con celeridad y perspectiva de género.
También hizo un llamado a los medios de comunicación a informar con responsabilidad ética y enfoque de derechos humanos, evitando discursos que perpetúen la desconfianza hacia las mujeres que denuncian violencia sexual.
Finalmente, el Instituto reafirmó su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia de género y sexual, y destacó la urgencia de fortalecer la educación afectivo-sexual, los mecanismos de prevención y denuncia, así como la necesidad de que el poder político se ejerza con ética, transparencia y responsabilidad. “El silencio y la impunidad perpetúan el ciclo de violencia; acompañar y creer a quienes denuncian es un acto de justicia y de construcción democrática”, concluye el pronunciamiento.
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