No soy ningún especialista en temas de seguridad, sólo un ciudadano preocupado.

Sin duda alguna, nuestro país atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. El país, que alguna vez fue considerado un oasis de paz, proyecta cerrar el 2025 con más de 900 homicidios, una cifra que lo mantiene entre los más violentos de la región.

El crimen organizado, alimentado por el narcotráfico, ha convertido comunidades y barrios enteros en zonas de guerra y delincuencia absoluta, el promedio actual es 2,4 homicidios diarios. El 74 % está vinculado a ajustes de cuentas y el 79 % involucra armas de fuego. Existen alrededor de 300 bandas criminales disputando territorios, muchas vinculadas a carteles internacionales. Barrios del sur de San José, Limón y Puntarenas son epicentros de violencia.

En este contexto y a pocos meses de una nueva jornada democrática que culmina con el cambio de gobierno, vale la pena señalar algunas propuestas que podrían conformar una estrategia que combine reformas legales, tecnología, prevención y mano dura.

Fortalecimiento institucional

La idea de una policía única que absorba funciones de tránsito, municipalidad y fuerza pública debe valorarse con seriedad, esto busca eliminar duplicidades y optimizar recursos, es un tema que ha sido abordado por diversos especialistas en seguridad, sin embargo, su discusión no avanza por aparente temor a una concentración excesiva de autoridad, a pesar de que la experiencia internacional indica que la eficiencia depende más de la profesionalización y la supervisión que de la estructura.

Sin duda es necesario destinar más recursos económicos para mejorar la formación, el salario y el equipamiento de los cuerpos policiales, incluyendo el uso de tecnología avanzada, esto dependerá de la capacidad que tenga el gobierno para identificar fuentes de ingresos e incorporarlos al presupuesto de la República, sin embargo, si se desea priorizar el combate a la criminalidad, si o si constituye una necesidad.

La creación del expediente único de delincuentes y un banco genético para condenados por delitos sexuales (expediente 24.327).  son avances tecnológicos relevantes, pero requieren marcos legales sólidos para evitar abusos y garantizar la protección de datos personales.

Criminalidad organizada: acceso a datos y UPP

Pareciera importante que se brinde acceso expedito a datos bancarios para el OIJ, una herramienta clave para seguir la ruta del dinero. Por otro lado, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), inspiradas en el modelo brasileño, buscan recuperar territorios dominados por narco bandas y devolver a la población local la paz y la tranquilidad pública, esto puede funcionar sen muchos cantones del país que han sido tomados por el narco si se acompaña de inversión social.

Protección ciudadana inmediata: tecnología y presencia

Bloquear el acceso a internet en cárceles es una medida urgente para frenar la coordinación delictiva desde centros penales, actualmente se realizan una gran cantidad de delitos que son ordenados desde los centros penales.

En relación con la posibilidad de residir en el país de personas que cuenten con antecedentes judiciales en sus países de origen o residencia, particularmente en delitos dolosos de carácter sexual y narcotráfico, debería implementarse una política de cero tolerancia.

Por otro lado, pareciera algo simplista, pero identificar espacios públicos en las comunidades sin o poca iluminación y dotarlos de la infraestructura necesaria para su iluminación, son acciones de bajo costo, pero con alto impacto en percepción de seguridad.

Rehabilitación: la deuda pendiente

El fortalecimiento de centros de desintoxicación y la reinserción laboral son propuestas acertadas y que deben fortalecerse. Obligar a privados de libertad a trabajar o estudiar puede reducir la reincidencia y brinda una herramienta que fomenta la reinserción social al cumplir la respectiva pena (expediente 24.612). 

Seguridad privada y armas: regulación estricta

Mejorar el control y la fiscalización de empresas de seguridad privada y la aprobación de una ley general de armas y explosivos mejorando los controles en aduanas y fronteras, e imponiendo sanciones severas por portación ilegal son urgentes ante el aumento de portación ilegal.

Prevención de violencia

Pareciera algo de bulto, pero ninguna estrategia de carácter integral puede dejar de lado la importancia de impulsar el deporte, la cultura y los programas para aprovechar el tiempo libre y prevenir violencia de género, toda oportunidad que se abra para que los jóvenes se integran a estos espacios son vacunas contra la delincuencia, transforman vidas y garantizan una sociedad menos violenta y de más oportunidades, su éxito depende de financiamiento sostenido y articulación interinstitucional.

Innovación tecnológica

La creación de un Centro Nacional de Monitoreo (C4) para coordinar la estrategia de vigilancia y seguridad y la integración de cámaras de alta precisión son avances necesarios. Promover el uso de dispositivos de videovigilancia en la actividad policial, como bodycams y dashcams. Mejorar la vigilancia aérea y marítima por medio de radares es fundamental para interceptar naves en alta mar y en el espacio aéreo con actividad delictiva.

Cooperación internacional: fronteras seguras

Fortalecer alianzas regionales contra el narcotráfico es indispensable. Costa Rica no puede enfrentar sola a redes transnacionales. La cooperación debe incluir intercambio de inteligencia policial.

Mano dura

Las reformas para agravar penas, restringir beneficios y ampliar causales de prisión preventiva responden a la demanda social de “mano dura”:

  • Expediente 24.843 para combatir el creciente uso de testigos falsos en procesos judiciales.
  • Expediente 23.970 para castigar a quien realice compras ilegales con tarjetas de crédito o débito que no son de su propiedad y, al mismo tiempo, condenar a quien utilice cuentas bancarias a su nombre para recibir, transferir o retirar los fondos provenientes de las acciones relacionadas a una estafa informática.

Mujeres seguras: urgencia impostergable

Las iniciativas para atender desapariciones, agravar delitos con ácido y combatir el incumplimiento de medidas cautelares y protección, son necesarias ante el aumento de violencia contra mujeres. Sin embargo, deben complementarse con políticas de protección integral y recursos para su implementación. (expedientes Legislativos 24.311 / 24.388 / 25.023).

Concluyo señalando que la seguridad no se logra únicamente con más armas, cámaras y penas, pero son necesarias, la seguridad también requiere inversión social, educación y oportunidades. Por eso, el próximo gobierno tiene un gran desafío y considero debe priorizar y apostar por una estrategia integral que combine tecnología, cooperación internacional, prevención y rehabilitación. De lo contrario, el costo será una democracia debilitada y una sociedad atrapada en la violencia que tanto duele a las familias costarricenses.

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