Esta iniciativa de ley busca castigar a quien realice compras ilegales con tarjetas de crédito o débito que no son de su propiedad y, al mismo tiempo, condenar a quien utilice cuentas bancarias a su nombre para recibir, transferir o retirar los fondos provenientes de las acciones relacionadas a una estafa informática; todo esto con la intención de establecer un mecanismo jurídico penal esencial para mantener la integridad del sistema financiero, proteger a los titulares legítimos de las tarjetas y prevenir el delito financiero, además, es una forma de proteger la privacidad y la seguridad de las personas.