El proyecto pretende establecer la obligación de trabajar, estudiar o ambas en prisión para las personas privadas de libertad, para que así estas personas hagan algo de provecho en prisión, que les permita modificar su conducta propicia a la infracción normativa y les dé una herramienta con la cual poder emplearse al salir de la cárcel para generar ingresos bajo el aval de la norma.