Comunidad y organizaciones señalan falta de transparencia y participación en el proceso.

Habitantes de Puerto Viejo denunciaron la existencia de una viabilidad ambiental otorgada de forma exprés al proyecto de atracadero vecinal, cuya tramitación fue desconocida por la comunidad hasta que Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) anunció su existencia a finales de agosto de 2025.

A partir de ese momento diversas personas comenzaron a solicitar información a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y a la misma Japdeva, sin obtener respuestas claras sobre la existencia del expediente.

No fue sino hasta que una fuente anónima facilitó parte de la documentación que se confirmó la existencia de la viabilidad ambiental Nº D1-0883-2024-SETENA, otorgada en un trámite de apenas 18 días hábiles (entre el 7 y el 30 de octubre de 2024).

“Tienen el permiso ambiental aprobado desde hace un año sin que ninguna persona de la comunidad, asociación o parte interesada fuera notificada o apersonada ni tuviera acceso al expediente”, explicaron los vecinos.

Desde el movimiento ecologista Bloqueverde recriminaron falta de transparencia en el proceso:

Permaneció oculto (el permiso ambiental) hasta que recientemente se localizó en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN".

Detallaron que por medios telefónicos, mensajes y solicitudes escritas, distintas personas de la comunidad habían consultado a Setena sobre el expediente, pero aparentemente fueron remitidas a proyectos antiguos que ya habían sido rechazados tanto por la institución como por la comunidad.

Ante estos hallazgos, abogados ambientalistas, profesionales, académicos, activistas y miembros de la comunidad analizan las posibles acciones legales y administrativas por la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso.

Asimismo, las personas de la comunidad denuncian que, mientras apenas se conoce la existencia de la viabilidad ambiental, están siendo convocadas a un supuesto proceso de consulta destinado a “legitimar” un proyecto que ya fue aprobado, lo que consideran una burla al derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública.

Añaden que el atracadero ha sido rechazado en múltiples ocasiones anteriores ya que se ubica en una zona arrecifal altamente viva pero amenazada, donde los ecosistemas marinos enfrentan graves impactos por el exceso de sedimentos y el blanqueamiento coralino asociado al aumento de la temperatura de los océanos.

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