Medida podría "aumentar la brecha digital y excluir a estudiantes con necesidades especiales", indicaron.

El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC), a través de su comisión de Ciberseguridad, alertó que una prohibición total de celulares y tabletas en escuelas y colegios, como plantea el proyecto de ley N.° 25.153, podría tener efectos no deseados como aumentar desigualdades, limitar la inclusión y frenar la alfabetización digital de los estudiantes.

Además de la iniciativa de ley, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció a inicios de setiembre  que el uso de celulares en las aulas quedará prohibido, salvo en casos en que el docente lo autorice para fines pedagógicos.

En este sentido, la comisión recomienda valorar un modelo de uso regulado y pedagógico, que equilibre la atención en clase con el desarrollo de habilidades digitales.

El CPIC enumeró diversos riesgos éticos y sociales de la prohibición:

  • Aumento de la brecha digital en estudiantes sin acceso a otros dispositivos en casa.
  • Exclusión de quienes dependen de aplicaciones de accesibilidad.
  • Preparación insuficiente para un futuro laboral cada vez más digital.
  • Reducción de la colaboración y participación en clase.
  • Impacto en la salud emocional, con más aislamiento, ansiedad y estrés.

Fernando Bonilla, miembro de la Comisión de Ciberseguridad del CPIC, comentó:

La discusión no es si la tecnología sí o no, sino cómo, cuándo y para qué usarla en contextos educativos. Una prohibición absoluta, sin reglas claras de accesibilidad ni alfabetización digital, corre el riesgo de aumentar desigualdades y dejar a muchos estudiantes atrás”.

Hacia un uso responsable y equilibrado

El CPIC recomienda que las instituciones educativas adopten un enfoque regulado que incluya:

  • Políticas claras sobre cuándo y cómo usar los dispositivos.
  • Integración del celular en proyectos, investigaciones y presentaciones.
  • Capacitación docente en gestión de aulas digitales.
  • Alternancia entre actividades con y sin tecnología.
  • Evaluaciones periódicas del impacto en el aprendizaje.

En caso de aprobarse la ley, el CPIC considera clave que el MEP defina un reglamento que contemple excepciones claras y transparentes, protocolos de almacenamiento seguro de dispositivos, campañas de sensibilización a estudiantes, docentes y familias, y capacitación a directores y docentes en aplicación de las normas.

“Hay centros que ya han encontrado fórmulas sensatas: franjas y lugares definidos, uso pedagógico claro y acuerdos de convivencia. Ese enfoque es replicable si se acompaña de capacitación, señalización y reglas claras”, concluyó Bonilla.