Como costarricenses, sentimos un profundo orgullo por el sistema de seguridad social que nuestro país ha construido desde 1940. Un modelo que ha impactado a generaciones y que ha permitido a la población acceder a servicios de salud envidiables a nivel internacional. Por supuesto, existen áreas que deben mejorarse, pero sería un error negar que el sistema enfrenta graves desafíos: según datos de enero de 2025, el 38,3% de las personas ocupadas se encuentra en la informalidad. Ante ello, surge la pregunta: ¿se trata de una elección voluntaria o de la imposibilidad de asumir los costos que implica la formalidad?

Con qué autoridad podemos exigir a trabajadores y patronos —quienes generan la riqueza de este país— que cumplan puntualmente con sus obligaciones, cuando los servicios que reciben a cambio presentan fallas constantes. Y aclaro: creo firmemente en el esquema solidario en el que quienes más tienen, deben aportar más para subsidiar a quienes menos poseen. Sin embargo, ¿qué motivación real puede tener la ciudadanía para formalizarse si percibe que sus contribuciones se administran con deficiencias?

Un ejemplo claro fue la adjudicación, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de la compra de 12 millones de mascarillas quirúrgicas que no cumplían con los estándares de calidad, valoradas en 4 millones de dólares (más de dos mil millones de colones). No cabe duda de que, sin el liderazgo y la solidez de la Caja, la pandemia habría sido devastadora para Costa Rica. No obstante, este caso evidencia los yerros que debilitan la confianza ciudadana en la institución.

Es necesario replantear el sistema y “emparejar la cancha”. Recuerdo, en la discusión del expediente 23.114 (Fortalecimiento de Competencias y Rendición de Cuentas del MOPT), una propuesta de la fracción del Frente Amplio que planteaba impedir a quienes estuvieran morosos con la CCSS integrar juntas directivas. Me opuse no porque consideré que los ciudadanos no deban estar al día con sus cargas sociales, sino porque debemos preguntarnos: ¿dispone la CCSS de un sistema de cobro justo y transparente? Son numerosas las historias de empresas y trabajadores independientes que enfrentan cobros injustificados o desproporcionados, con mecanismos de pago tan rígidos que resultan impagables e insostenibles.

No olvidemos aquella icónica frase: “páguenle a la Caja”. Paradójicamente, el principal deudor de la CCSS es el propio Estado. Esto sólo refleja que ni tan siquiera el Estado tiene la capacidad económica de hacerle frente a las obligaciones que tiene con dicha institución. Entonces, ¿cómo exigir a pequeños patronos y trabajadores independientes que se mantengan en la formalidad, cuando sus aportes en ocasiones se sienten como un “robo a mano armada”?

De ahí la urgencia de flexibilizar, buscar equilibrios y acercar a más costarricenses a la formalidad. Existen quienes creen que la vía es castigar con multas o cárcel a los morosos; otros, entre quienes me incluyo, defendemos la necesidad de generar condiciones más justas y accesibles que promuevan la formalización. Nuestro modelo no es perfecto, pero sí envidiable: es el rostro humano y solidario que ha hecho grande a Costa Rica.

Cuidar a la Caja significa, también, reducir costos internos, abrir un debate serio sobre la formación de especialistas, explorar mecanismos como el copago o la tercerización de ciertos servicios, sin que ello se interprete automáticamente como un intento de privatización.

Todos los costarricenses merecemos servicios de calidad, inspirados en los principios de solidaridad, equidad, universalidad y subsidiariedad, bases que forjaron esta gran institución y que garantizan el acceso a un derecho humano esencial: la salud.

Con esta reflexión, no ignoro que existen intereses —internos y externos— que desean ver una Caja débil y en crisis para argumentar que el sistema está obsoleto. Sin embargo, debemos ser cuidadosos: las reformas son necesarias, sí, pero sin caer en remedios que terminen resultando más costosos y dañinos que la propia enfermedad.

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