Informe de subcomisión señaló riesgos de inconstitucionalidad, impacto ambiental y vacíos legales en la iniciativa.
Este 10 de setiembre, la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa rechazó el proyecto de ley 24.718, que pretendía regular las comunidades asentadas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte.
La propuesta del Poder Ejecutivo buscaba permitir al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) otorgar concesiones a los habitantes de esa franja de dos kilómetros en la frontera con Nicaragua. Esto con el fin de dar seguridad jurídica a pobladores que ocupan esos terrenos sin títulos de propiedad.
La moción fue desechada con seis votos en contra y ninguno a favor. Rechazaron el plan las diputaciones Kattia Cambronero Aguiluz (independiente), Alejandra Larios Trejos y Katherine Moreira Brown (Liberación Nacional), Alejandro Pacheco Castro (Unidad Social Cristiana), Manuel Morales Díaz (Partido Progreso Social Democrático) y Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio).
En el dictamen negativo de la subcomisión designada para el estudio del proyecto se indicó que el texto carece de delimitación precisa de las áreas a segregar y de los mecanismos de compensación ambiental, además de omitir estudios técnicos previos de carácter ambiental, socioeconómico y financiero.
El informe también cuestiona que la propuesta delegaba al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac) la potestad de reducir áreas silvestres protegidas, competencia que corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa. Esta medida, según el informe, violaría el principio de no regresión ambiental y podría resultar inconstitucional.
Además, destacaron que instituciones consultadas como el Ministerio de Seguridad Pública y la Contraloría General de la República manifestaron su oposición al proyecto, advirtiendo que comprometería la soberanía nacional, abriría riesgos de seguridad vinculados al narcotráfico y generaría vacíos legales en la administración de los territorios fronterizos.
La subcomisión resaltó que cualquier iniciativa futura en la materia parta de estudios rigurosos, defina con claridad las áreas involucradas, establezca un régimen de concesiones verificable y garantice mecanismos de financiamiento claros.
