Hace varias semanas, en menos de siete días, se dieron tres eventos: el Ejecutivo movió fichas en su gabinete, la Corte solicitó levantar la inmunidad presidencial y el Gobierno anunció la construcción de una cárcel de alta contención. No son episodios aislados. Son piezas de un tablero donde el Congreso define el costo real de gobernar.
El gabinete se mueve hacia el plenario
Las salidas coordinadas de jerarcas del Ejecutivo no fueron un simple cambio de sillas. Fueron una reasignación de energía política hacia la Asamblea Legislativa en vísperas de decisiones sensibles. La narrativa oficial habló de continuidad. La consecuencia práctica fue otra: operadores que hasta ayer ocupaban ministerios hoy refuerzan curules.
En Costa Rica, la Constitución permite que exministros aspiren al Congreso, y desde la Asamblea podrían asumir como jerarcas de ministerios, sin tener que renunciar a la curul, alterando la correlación de fuerzas. El objetivo es evidente: aumentar disciplina legislativa justo cuando la agenda política enfrenta costos altos. El gabinete no se midió en continuidad. Se midió en votos.
El desafuero presidencial como examen institucional
En paralelo avanza el trámite de desafuero presidencial. No es una condena ni un juicio abreviado. Es un mecanismo procesal regulado en el artículo 110 de la Constitución Política. La Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y de su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por un presunto delito de concusión vinculado a fondos del BCIE.
La ruta está definida: Corte solicita, comisión estudia, plenario decide. Si se levanta el fuero, el mensaje es que la ley alcanza incluso a la cúpula. Si no se levanta, el mensaje es que las mayorías también son un escudo. En cualquier caso, el desenlace no es moral. Es institucional.
La seguridad pública y la cárcel de alta contención
El tercer vértice es la seguridad. Costa Rica enfrenta sobrepoblación carcelaria crónica. En agosto de 2025 la Dirección de Derechos Humanos reportó una población penitenciaria de 17.692 personas, lo que equivale a una tasa de 333 por cada 100.000 habitantes. El sistema opera con niveles de hacinamiento superiores al 120 % según Prison Insider.
Ante este panorama, el Ejecutivo propuso construir una cárcel de alta contención con capacidad prevista para más de cinco mil internos. Técnica: aumentar cupo, separar liderazgos criminales, ordenar regímenes. Simbólica: mostrar decisión ante una ciudadanía cansada de homicidios y extorsiones. Cuando el Estado promete control, la conversación se desplaza del procedimiento al resultado. Ese desplazamiento favorece al Gobierno si la calle mejora. Lo castiga si no se mueve la aguja.
Una misma bisagra
Las tres piezas se tocan en un punto: la Asamblea Legislativa. El reacomodo del gabinete busca votos. El desafuero depende de votos. La agenda de seguridad necesita votos. La bisagra es la misma y el tiempo también. La lectura correcta no es conspirativa. Es funcional. Cada decisión en un eje altera el costo de las demás.
Conviene ordenar las preguntas que sí están sobre la mesa. ¿Puede el Ejecutivo sostener una coalición mínima para aprobar seguridad y resistir un levantamiento de inmunidad? ¿Puede el Legislativo actuar como contrapeso sin paralizar la administración? ¿Puede el sistema de justicia sostener plazos, estándares probatorios y autonomía en medio del ruido? La respuesta no requiere adivinar encuestas. Requiere observar procedimientos.
Indicadores que valen más que un eslogan
Para el lector bastan tres marcadores sencillos. Uno: la ruta formal del desafuero, con dictamen, debate, votación y motivación escrita. Dos: la trazabilidad de la cárcel propuesta; ubicación, contrato, estándares, cronograma y métricas de impacto. Tres: el comportamiento de las mayorías en el plenario, entre votos estables o negociaciones caso por caso. Estos indicadores dicen más que cualquier consigna.
Conclusión operativa
No hay que convertir esta coyuntura en drama épico ni en pelea personal. Es un examen de procedimientos. Si las instituciones funcionan, el resultado será comprensible, aunque no guste a todos. Si se deforman para ganar una jugada, el costo llega después en forma de desconfianza, litigios y bloqueo.
Gabinete, desafuero y seguridad no son tres historias separadas. Son un mismo tablero. Mover una pieza altera la geometría de las otras. El reto no es ganar una partida rápida. Es sostener reglas que permitan que la próxima partida todavía importe.
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