La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no es un ente anquilosado en el pasado: es la garantía viva de que en Costa Rica, la salud es un derecho humano y no un privilegio. Desde su creación semiautónoma en 1941 y su consolidación como institución autónoma en 1943, la CCSS ha sido la primera en recibir una autonomía reforzada por la Constitución, con capacidad de dictar reglamentos propios, administrar presupuestos, manejar inversiones y recaudar, todo sin interferencia del Ejecutivo.

Esa autonomía no es un lujo burocrático; es el escudo que garantiza que salud y pensiones se manejen con criterios técnicos, solidarios y sin intereses partidarios. Es la columna vertebral del Estado social de derecho: una Costa Rica donde nadie se quede sin atención médica o un ingreso digno en la vejez.

Decir que la CCSS tiene autonomía, significa reconocer su capacidad para gobernarse en función del bien común, no en función del gobierno de turno. Esto significa, para la Sala Constitucional, que su Junta Directiva debe ser estable, funcionar de manera independiente y contar con un marco legal que proteja a sus miembros de presiones externas. Ceder esa fortaleza es abrir una grieta en el sistema de protección más esencial del país.

Hoy, un proyecto impulsado en la Asamblea Legislativa pretende socavar ese fundamento: propone eliminar la referencia constitucional al "gobierno" de la CCSS y someterla a leyes ordinarias en aspectos de gobernanza y financiamiento. Se aduce controlar “abusos presupuestarios” y hacerla cumplir con la regla fiscal, pero en realidad, lo que se busca es una puerta abierta a la discrecionalidad política y a la pérdida de su capacidad técnica.

Este proyecto no se basa en un conflicto técnico: es un intento, desde una posición de privilegio y precisamente porque pareciera que no la necesitan, de neutralizar  a una institución que protege a los más vulnerables. Quienes la cuestionan, no enfrentan filas en los hospitales ni temen que sus pensiones se vuelvan cheques sin fondos.

La crítica a la CCSS y sus dramáticas “soluciones” que al final no solucionan nada, suele venir de quienes jamás ponen un pie en sus EBAIS, no están en lista de espera para una cirugía ni experimentan la incomodidad y el hacinamiento en una sala de emergencia. Es fácil cuestionar lo que no se necesita; es más fácil aún si se tiene el poder político para hacerlo prescindible. Atacar a la CCSS, es un gesto que revela una posición absoluta de privilegio: desmontar el sistema del que otros dependen, tanto para sus vidas como en su dignidad. Los pactos reales por la seguridad social vienen de la sociedad, de las comunidades, de su tejido social, no de los despachos con aire acondicionado en el  piso 9 de la Asamblea Legislativa.

Quienes creemos en la justicia social proponemos lo contrario: fortalecer, blindar constitucionalmente, empoderar a la CCSS. No con argumentos ideológicos, sino con una defensa clara de su rol irremplazable. Reformas como elevar sus principios fundamentales (universalidad, solidaridad, obligatoriedad) a nivel constitucional, asegurar su financiamiento tripartito sin que el Estado falle en sus pagos o excluirla de leyes que afectan su funcionamiento, no son decisiones arbitrarias: son protecciones de un bien común que nos definen como sociedad.

Desde esa posición social, crítica, el mensaje es sencillo: la CCSS no se negocia ni se cambia por comodidad política. Es la Patria que cuida al enfermo, la seguridad del pensionado, el derecho colectivo que debemos defender con argumentos, justicia y participación ciudadana. Defender la CCSS es defender la dignidad de toda persona, sin excepción.

La solidaridad social no es un costo ni un renglón presupuestario: es la moneda que sostiene el Estado social de derecho y la mirada que ilumina con esperanza nuestro futuro.

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