La Sala Constitucional (conocida popularmente como Sala IV) nació con un mandato claro: defender la Carta Magna y garantizar que ninguna norma o actuación pública la contraviniera. Sin embargo, en las últimas décadas su función se ha distorsionado hasta convertirse en algo muy distinto: un órgano que legisla de facto, resuelve lo que en el resto del archipiélago de entes estatales no se atiende y, en el proceso, actúa como juez y parte en muchos de los conflictos que decide.

El problema no radica en que la Sala IV actúe, sino en por qué lo hace. La causa raíz está en la inoperancia crónica del aparato estatal: ministerios que no reglamentan, instituciones que no ejecutan, legisladores que no legislan. Cada vacío de acción se convierte en una oportunidad para que cualquier ciudadano —o grupo de presión— acuda a la Sala en busca de una solución. Así, los magistrados terminan redactando lineamientos, interpretando leyes como si fueran decretos y, en la práctica, llenando huecos que no les corresponde tapar.

Este fenómeno ha derivado en un colapso funcional. Miles de recursos se acumulan, muchos de ellos no porque existan violaciones graves a derechos fundamentales, sino porque la ciudadanía y los abogados han aprendido que es más rápido y efectivo acudir a la Sala IV que esperar la respuesta de una institución atrapada en trámites o indiferencia. El resultado es una agenda saturada que retrasa la atención de casos verdaderamente urgentes.

En particular, el recurso de amparo ha experimentado un crecimiento sostenido, con una preocupante concentración en temas de salud. Según datos del Poder Judicial, en 2024 se presentaron 33.396 amparos, un aumento del 15% respecto al año anterior. De esos, 16.109 fueron por servicios de salud —un 42% del total—, lo que representa un crecimiento del 21% frente a los 13.298 casos de 2023. Este aumento refleja el colapso del sistema público de atención médica, especialmente en listas de espera y acceso a tratamientos esenciales. La Sala se ha convertido en el último recurso ante la ineficiencia institucional, una carga que compromete su capacidad para atender los demás asuntos constitucionales de fondo.

En cuanto a las estadísticas, según la Revista de la Sala Constitucional ISSN: 2215-5724 Nro. 6 (2024) a combinación de las amplias competencias del tribunal y su legitimación activa explican que Costa Rica presente cifras abrumadoras en comparación con otros países: más de 30.000 casos anuales, frente a 7.000 en Estados Unidos, 365 en Italia, 5.000 en Alemania, menos de 1.000 en Francia y 11.000 en España.

A esto se suman graves problemas administrativos internos: falta de transparencia en los procesos, moras excesivas en la resolución de acciones y una preocupante concentración de poder en magistrados que no siempre cuentan con el perfil más idóneo. En múltiples ocasiones se ha señalado que los nombramientos obedecen a negociaciones políticas, sin criterios objetivos ni evaluaciones técnicas, debilitando la legitimidad del tribunal.

Fallos estructurales y su impacto en la eficiencia

Según el Informe Estado de la Justicia 2025, la Sala Constitucional ha sido señalada por deficiencias organizativas y administrativas: escasa evaluación de desempeño, uso limitado de tecnología, carencia de planificación estratégica y ausencia de datos abiertos.

La sobrecarga de funciones jurisdiccionales y administrativas sobre los magistrados de la Corte Plena afecta directamente la eficiencia de la Sala IV, ya que sus miembros también integran esa cúpula judicial. Esto provoca que el análisis constitucional se vea influido por intereses y dinámicas políticas internas de todo el Poder Judicial, sin capacidad real de especialización ni enfoque estratégico.

Muchos magistrados deciden sobre beneficios, interpretaciones o límites al propio sector público que los formó o nombró, lo cual erosiona la legitimidad de sus decisiones y profundiza la desconfianza ciudadana. Si quienes deben garantizar la constitucionalidad de las normas provienen exclusivamente del aparato estatal, el conflicto de interés es inevitable: terminan siendo juez y parte.

Una propuesta de transformación profunda y urgente

La solución no pasa por restarle independencia a la Sala IV, sino por restablecer su papel original. Para lograrlo, se deben implementar cambios:

  • Exigir que los entes públicos cumplan con sus funciones y no deleguen en la Sala lo que les corresponde.
  • Filtrar de forma más estricta los casos que verdaderamente son competencia del tribunal constitucional.
  • Establecer mecanismos que eviten que la Sala legisle por omisión ajena.
  • Fortalecer la responsabilidad institucional, para que los órganos del Estado resuelvan lo que les compete sin necesidad de judicializar todo.
  • Profesionalizar el aparato técnico de apoyo para garantizar eficiencia en los procesos.

Una reforma estructural clave consiste en separar a la Sala IV de la Corte Plena, eliminando conflictos de interés y otorgándole independencia funcional y administrativa. Transformarla en un Tribunal Constitucional autónomo permitiría reforzar el control de constitucionalidad, mejorar el proceso de selección de magistrados y devolverle legitimidad como garante de la Carta Magna.

Asimismo, se requiere reformar el proceso de nombramiento mediante mecanismos públicos, técnicos y meritocráticos. Esto debe incluir reglas claras de idoneidad, evaluación ciudadana y profesional, prohibición de cuotas partidarias y una periodicidad limitada sin reelección automática.

La composición del Tribunal debe reflejar equilibrio entre sectores, incorporando juristas del sector privado, no únicamente del ámbito público. Así se ampliaría la perspectiva jurídica y se reduciría el riesgo de que quienes han crecido dentro del sistema estatal terminen evaluando los privilegios del mismo aparato al que pertenecen.

La Sala Constitucional fue concebida como el escudo final de la democracia, no como el martillo que repara cada clavo flojo del Estado. Si no se corrige esta desviación, no solo continuará el colapso en su capacidad de respuesta, sino que la propia Constitución quedará rehén de la inoperancia que debería combatir.

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