TSE recordó que en la decisión que tome la Asamblea Legislativa "corresponde que se consideren otras variables distintas a las estrictamente jurídico-procesales que rigen el accionar de los jueces electorales".
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió un comunicado de prensa la tarde de este jueves, luego de que se conociera que el congresista estadounidense, Mario Rafael Díaz-Balart, solicitó una reunión informativa con la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo Sancho, para esclarecer las implicaciones del proceso de beligerancia política en contra de Rodrigo Chaves Robles.
Al respecto, desde el TSE señalaron que "lo anunciado es un acto político de representantes políticos extranjeros sin ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Electoral".
Díaz-Balart, es un aliado cercano del presidente Donald Trump, preside el subcomité de la Cámara de Representantes de EE.UU. responsable de la asistencia exterior para respaldar democracias aliadas, y estuvo en Costa Rica a finales de julio junto a otros congresistas. Durante su visita estuvo en reuniones con el presidente Chaves en Casa Presidencial.
La noticia de la solicitud de reunión fue relevada en primicia por Noticias Repretel en su edición del mediodía y luego replicada por medios afines al Ejecutivo. Aunque inicialmente lo reportaron como una convocatoria oficial por parte del Congreso de los Estados Unidos, Delfino.cr pudo constatar que el subcomité presidido por Díaz-Balart no trabaja desde mediados de julio de este año, y en el calendario de sesiones no hay ninguna audiencia programada para este viernes 21 de noviembre.
En la publicación en redes sociales en que dio a conocer la solicitud de reunión con la embajadora Crespo, Díaz-Balart señaló:
Remover a un presidente a pocos meses de las elecciones nacionales mediante mecanismos ambiguos pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante. Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un referente democrático y un socio fundamental de Estados Unidos en el avance de prioridades compartidas en materia de seguridad, incluidas la lucha contra el narcoterrorismo, el combate al crimen internacional, la gestión de la migración y la atención de amenazas antiestadounidenses”.
Desde el TSE recordaron que “el trámite del levantamiento de la inmunidad no implica un pronunciamiento sobre la destitución del Presidente sino que constituye un requisito esencial para establecer la viabilidad de iniciar un procedimiento que respetaría todas las garantías del debido proceso ante el juez electoral, en el tiempo que ello demande”.
Adicionalmente, sobre el procedimiento que se lleva para levantar la inmunidad a Chaves, el TSE aseguró que “será absolutamente respetuoso de la decisión que adopte nuestra Asamblea Legislativa, cuyos miembros son los representantes legítimos del pueblo, en punto a levantar o no la inmunidad del señor Presidente de la República, decisión en la que, por la naturaleza de sus cargos, corresponde que se consideren otras variables distintas a las estrictamente jurídico-procesales que rigen el accionar de los jueces electorales”.
Las afirmaciones del congresista estadounidense en redes sociales generaron reacciones internacionales cuestionando la estabilidad del sistema político costarricense. Por ejemplo, el expresidente de Colombia, Iván Duque, indicó:
Causa mucha preocupación que se estén abriendo espacios sin fundamentos constitucionales para tratar de interrumpir el mandato presidencial a pocos meses de las elecciones, el cual cuenta con un amplio respaldo popular. La estabilidad institucional de Costa Rica debe garantizarse para asegurar un proceso electoral sin distorsiones, donde el pueblo se pueda pronunciar libremente”.
Desde el Poder Judicial emitieron la noche de este jueves un comunicado de prensa, en el que aclararon que “ante informaciones que circulan en foros internacionales cuestionando la solidez de nuestra democracia, el Poder Judicial de Costa Rica se ve en la obligación de aclarar a la opinión pública nacional e internacional la vigencia absoluta del Estado de Derecho”.
Adicionalmente, el Poder Judicial recordó que “los procedimientos de levantamiento de inmunidad remitidos a la Asamblea Legislativa se realizan estrictamente conforme a lo establecido en la Constitución Política y en la legislación vigente”.
