Estudio advierte que estas redes combinan usura, extorsión y violencia, y plantea diez medidas urgentes.

Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado este 29 de septiembre a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, reveló la creciente normalización en Costa Rica de los llamados préstamos “gota a gota”, un esquema ilegal que mezcla prácticas de usura, extorsión y en algunos casos violencia física.

El informe, titulado Esquemas de préstamos con prácticas ilegales: el fenómeno gota a gota en Costa Rica, documenta que este mercado opera con créditos rápidos de entre ₡200.000 y ₡350.000, a tasas que pueden superar el 20% semanal o mensual, muy por encima del tope legal del 38% anual. Según la encuesta de cultura financiera del CINPE-UNA, el 5,3% de la población ha recurrido a este tipo de préstamos, con mayor incidencia entre personas de 35 a 44 años y con secundaria incompleta.

Las redes funcionan de forma descentralizada y jerárquica, con roles definidos entre dueños del capital, colocadores, logística y cobradores. En promedio, los grupos identificados cuentan con ocho personas. Sus mecanismos de cobro incluyen refinanciar la deuda con intereses más altos, revenderla a otras redes criminales o recurrir a amenazas, hurto de bienes y violencia. También se han detectado casos de venta forzada de inmuebles.

Entre 2023 y 2024, el Ministerio de Seguridad registró 2018 denuncias de extorsión vinculadas al “gota a gota”, más de la mitad en San José. El estudio señala además un patrón estacional: las denuncias aumentan entre mayo y octubre, con un pico en este último mes.

La Coordinadora Residente de ONU Costa Rica, Allegra Baiocchi, advirtió que este fenómeno no solo representa un problema de seguridad, sino un síntoma de exclusión financiera y vulnerabilidad económica.

El informe plantea diez recomendaciones prioritarias, entre ellas fortalecer la inclusión financiera con productos accesibles, implementar educación diferenciada, relanzar campañas de prevención, crear un grupo interinstitucional especializado, desarrollar macroinvestigaciones, confiscar bienes de alto valor vinculados a estas redes y diseñar un sistema de alerta temprana a partir de la información del 9-1-1.

La investigación concluye que, sin una acción coordinada, estas estructuras pueden consolidar un mayor control territorial, sofisticar sus operaciones y escalar en violencia.