Las democracias se sostienen en instituciones sólidas y mecanismos que permitan la participación ciudadana, incluyendo el derecho a defender derechos humanos y ambiente. Sin embargo, el Parlamento Cívico Ambiental (PCA), espacio creado y regulado por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa es un síntoma preocupante de cómo los mecanismos pueden vaciarse de sentido, ser capturados por intereses privados y terminar siendo utilizados en contra de quienes dicen representar.
La historia es tan absurda como alarmante. La empresa Vista Paradise, responsable del proyecto Vista Islas en Manuel Antonio y enfrentada a cuestionamientos legales por presuntos daños ambientales, respondió a una medida cautelar establecida por los tribunales con una contracautelar desproporcionada de 35 mil millones de colones contra el abogado ambientalista que interpuso la denuncia. Para dimensionar: es una cifra que ni en varias vidas una persona podría pagar. Claramente se trata de un abuso del sistema judicial para intimidar y callar a quienes defienden el ambiente.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con el PCA? Mucho, tristemente. El actual presidente, Bernardo Aguilar Gonzáles, está vinculado con esa empresa. No sólo ha defendido públicamente su conflicto de intereses, sino que niega la existencia de bosque en la zona de impacto, defiende la obra y apoyó esa contracautela desproporcionada y multimillonaria. El problema es ético y político: el presidente del espacio que debería defender la voz de las personas defensoras del ambiente está más bien del lado de una empresa que las persigue judicialmente.
Frente a un conflicto de intereses tan evidente, un grupo de organizaciones habían solicitado la suspensión temporal de su presidencia. La respuesta lógica habría sido abrir un proceso de análisis y garantizar imparcialidad en un foro que se debe a la ciudadanía y al ambiente. Pero la decisión fue otra: expulsaron a las organizaciones que pidieron la suspensión. Esto en abierta contradicción con su propio reglamento, por cierto.
Así, un espacio creado con fines nobles como incidir en política ambientales, fortalecer la democracia participativa y abrir un canal plural de diálogo, se convierte justamente en lo contrario: Un espacio autoritario que censura voces críticas, silencia disensos, protege a quienes representan intereses empresariales cuestionados en tribunales y persigue judicialmente a personas defensoras del ambiente. Lo peor es que es un espacio adscrito a la Asamblea Legislativa cuyo Departamento de Participación Ciudadana con desidia y omisiones permite esto.
Recordemos también el caso del proyecto Bahía Papagayo, en el que la empresa Enjoy Hotels and Resort pidió embargos y medidas judiciales desproporcionadas contra ambientalistas e influencers que cuestionaron el proyecto. Precisamente la organización Confraternidad Guanacasteca, que presentó un recurso de nulidad contra ese proyecto, fue una de las expulsadas del PCA. La señal es clara: se penaliza la defensa ambiental y se acuerpa la persecución judicial.
El resultado es de un contrasentido doloroso: un Parlamento Cívico Ambiental que ya no es cívico, porque expulsa voces ciudadanas, y que tampoco es ambiental, porque acuerpa intereses privados y personales contrarios al ambiente.
Este precedente es gravísimo. Si un foro creado, regulado y adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de Asamblea Legislativa puede operar con semejante discrecionalidad, vulnerando su propio reglamento y despojando de voz a quienes cuestionan conflictos de interés, ¿qué queda del ideal de democracia participativa que prometía? Nada.
Callar hoy es garantizar que mañana cualquier espacio de participación podría convertirse en un instrumento para castigar la disidencia y blindar a quienes se supone deberían ser fiscalizados.
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