Solicitud se hace tras conocerse que participa de la defensa legal de empresa investigada por levantar torre de apartamentos en Manuel Antonio.

Organizaciones y personas integrantes del Parlamento Cívico Ambiental (PCA) solicitaron la renuncia o destitución de su presidente, el abogado Bernardo Aguilar González, tras conocerse que lleva la defensa legal de la empresa Vista Paradise MA S.R.L.

Dicha compañía es investigada por tala ilegal de bosque y cambio irregular de uso de suelo en el proyecto Vista Islas en Quepos. Este desarrollo prentende construir una torre de apartamentos en un sitio que, se sospecha, es parte del corredor biológico de Aguirre, cerca del Parque Nacional Manuel Antonio.

La semana anterior se dio a conocer que la empresa Vista Paradise MA S.R.L. solitó al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda levantar una medida cautelar que mantiene suspendido el proyecto habitacional, o bien, fijar una caución contracautelar por 70 millones de dólares en contra del abogado ambientalista que solicitó la medida, Walter Brenes Soto.

Esa petición (que eventualmente fue rechazada por el Tribunal) fue presentada por Aguilar González, quien sostuvo que la paralización de las obras resultaba “contraria a derecho” y que generaba perjuicios económicos de gran magnitud.

Dato D+: El pronunciamiento emitido este 4 de setiembre cuenta con el respaldo de representantes del Parlamento Cívico Ambiental (PCA), entre ellos Andrea Céspedes (Red de Jóvenes por el Agua), Bowie Kung (Colectivo El Trueque), Gadi Amit y Karla Borbón (Confraternidad Guanacasteca), así como Josemaría Hernández y Rebeca Vaglio Fernández (Organización Matzú Insigne). También se sumaron organizaciones y colectivos de la sociedad civil como la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, ARREZOMATE, PROAL-Jäküii, COECOCeiba – Amigos de la Tierra, Bloque Verde, Covirenas Caribe Sur y la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON).

Ante esta situación los integrantes del Parlamento Cívico Ambiental recordaron que ese órgano fue creado como un foro cívico independiente adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, con el fin de brindar recomendaciones sobre proyectos de ley en materia ambiental.

En ese marco, no consideran de recibo que Aguilar González, como presidente, negara la existencia de bosque en el área cuestionada y solicitara el levantamiento de las medidas cautelares que impiden la continuidad del proyecto turístico.

Sobre la contracautela de 70 millones de dólares, consideran que es un ataque directo a los derechos de quienes denunciaron este tipo de hechos.

Esta posición riñe totalmente con los principios del Parlamento Cívico Ambiental, por negar la existencia de bosque y defender su desaparición (socola), por impulsar un desarrollo hotelero insostenible y por atacar groseramente los derechos de denuncia de un ambientalista”.

Recordaron que, según la documentación oficial del expediente judicial 23-004254-1027-CA, en 2024 la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental paralizó la construcción de la obra por un “aprovechamiento forestal ilegal” en el corredor biológico, dentro del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC). La investigación incluye presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, infracción a la Ley Forestal y a la Ley de Aguas.

Los ciudadanos que suscriben el pronunciamiento detallaron que el PCA tiene la misión de priorizar la defensa de los bienes demaniales y socioambientales del país.

Este "cuestionamiento", debilita y pone en tela de juicio, tanto la transparencia del PCA  como su autonomía y parcialidad  en el campo político y las decisiones de nuestro trabajo voluntario en este foro”.

Los firmantes subrayaron que respetan el derecho de Aguilar  González a ejercer su profesión como abogado, pero consideran incompatible que mantenga la presidencia del PCA mientras representa intereses privados que, a su criterio, afectan gravemente el ambiente. Ante esto, exigieron su renuncia inmediata o, en su defecto, su destitución por parte del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.