Hace una semana, una columna planteaba una pregunta central: ¿qué papel jugará Costa Rica en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en un momento en que la sostenibilidad de las pesquerías parece encontrarse en una encrucijada? La reunión anual de CIAT en Panamá, del 1 al 5 de septiembre, ofreció algunas respuestas, no solo para el caso de Costa Rica, con decisiones que, aunque técnicas en apariencia, tienen repercusiones sociales y económicas para todo el Pacífico Oriental.

El escenario fue poco habitual: los tres stocks de atún —barrilete, aleta amarilla y patudo— están saludables y con capturas históricas. Esto gracias al equipo de científicos de la CIAT, cuya guía mantiene esta pesquería a flote mediante medidas de conservación atinadas. Esta bonanza, lejos de generar tranquilidad, se usó para flexibilizar las medidas de manejo, reflejadas en propuestas de varias naciones, incluyendo Costa Rica. Estados Unidos, por el contrario, propuso no debilitar las medidas de conservación. Al final se resolvió reducir la veda anual para la flota de cerco de 72 a 64 días.

Un victoria tangible para la industria. Ocho días adicionales de faena, parece poco, pero pueden representar ingresos extra que oscilan entre 250 mil y 400 mil dólares por embarcación. La decisión ocurrió aun cuando el staff científico de la Comisión consideró que no era necesario cambiar la medida de conservación vigente, recordando que las poblaciones son dinámicas y que un par de temporadas favorables no garantizan estabilidad a largo plazo. ¿Era factible hacer esta reducción? Sí, pero esto se basa en una recuperación de la población de atún patudo que apenas empieza a detectarse. Esto, combinado con los cambios que experimenta el océano actualmente, podrían retornar la pesquería a la condición que requirió 72 días o más, devolviéndonos una situación de incertidumbre nuevamente.

El debate de la veda, es solo parte de un dilema mayor, la sobrecapacidad de la flota atunera. Hoy esta flota supera los 264,000 m3 de capacidad de acarreo, cuando el límite aconsejado es de 158,000 m3. Por  décadas, la CIAT ha intentado reducir la capacidad excesiva sin éxito. Una y otra vez, la creatividad de gobiernos e industrias justifican la incorporación de nuevos buques. En Panamá, países como Bolivia, Ecuador y Vanuatu insistieron en ampliar el registro, y Costa Rica y otros países mantienen su propia solicitud en listas de espera.

La Comisión se negó a autorizar más buques, pero aprobó un mecanismo para contabilizar las capturas de barcos que operan con capacidad prestada de otros países, casualmente, a favor de la bandera del país que le arrienda o concesiona esa capacidad. Puede parecer un detalle tecnocrático, pero si algún día la CIAT adopta un sistema de acceso a la pesca basado en derechos históricos de capturas, esos registros podrían ayudar a definir quién permanece y quién ha de salir de la pesquería. Un aspecto despierta curiosidad es ver si esto se refleja también para el atún que se pesca en aguas de Costa Rica, pero que aparece reportado a favor de las banderas de los buques extranjeros que operan aquí. Hasta la fecha, ni una sola tonelada del atún capturado en nuestras aguas, por buques extranjeros, aparece registrada a nombre de Costa Rica.

Más allá del atún, otra decisión sacudió las aguas, la creación del Grupo de Trabajo sobre el dorado. La iniciativa, largamente anhelada por exportadores sudamericanos, responde a una demanda del mercado estadounidense, cada vez más exigente de certificaciones de sostenibilidad como las del Marine Stewardship Council (MSC). Estados Unidos es el principal mercado destino para las exportaciones de dorado. La CIAT aceptó abrir el espacio, pero condicionado a financiamiento externo. No se podrá tocar el presupuesto de la CIAT para esto y obliga a COREMAHI —una organización creada por la industria—  a emprender campañas de recaudación. Esto ejemplifica cómo los intereses comerciales responden a la demanda de pescado sostenible en los mercados, y cómo esto puede, en ocasiones, acelerar la investigación y la gobernanza que los Estados tardan años en priorizar. Así, el mercado de pescado sostenible en Estados Unidos ha impulsado estos cambios en la CIAT. Lo mismo ha pasado en Europa y otras regiones.

El caso del dorado resuena con fuerza en otro frente sensible, el pez vela y los marlines, cuyos mercados de mayor valor económico están en el turismo de pesca, no en el mercado de alimentos del mar. En Centroamérica y Norteamérica, los peces vela y marlines constituyen el pilar de la pesca deportiva y del turismo asociado, pero su manejo internacional sigue ausente de la agenda de la CIAT. Nuestros gobiernos suelen escudarse en la falta de evaluaciones de stock regionales, mientras que los estudios científicos locales que alertan sobre la presión y el impacto de la pesca comercial sobre el pez vela y los marlines no son tomados en serio. El ejemplo del dorado nos muestra que es posible incluirse en la agenda de estas “grandes ligas pesqueras” pero se necesita encontrar apoyo y recursos.

La reunión dejó, en suma, felicidad en unos y un sabor agridulce en otros. La reducción de la veda refleja el poder de la industria en un contexto de abundancia coyuntural. La sobrecapacidad de la flota sigue siendo una bomba de tiempo sin desactivar. El grupo del dorado abre nuevas posibilidades, pero solo con fondos externos. Para Costa Rica, el desafío va más allá de los números, se trata de decidir si su voz en la CIAT defenderá la sostenibilidad integral de las pesquerías, de las especies y su ecosistema, que sostienen mercados internacionales, culturas costeras, empleos locales y la imagen turística del país. Lo que está en juego es la coherencia de un modelo de desarrollo que aspira a ser azul, justo y duradero, pero también precautorio, basado en ciencia, en la conservación y con visión de largo plazo.

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