En Costa Rica, el atún ha dejado de ser un recurso invisible para convertirse en un eje estratégico de desarrollo nacional. El decreto de 2014 sobre el ordenamiento de su aprovechamiento, junto con la reciente Ley de Riqueza Atunera, marcan un antes y un después en la relación del país con este recurso marino. Hoy, la presencia de atunes grandes cerca de nuestras costas es evidente, y sus beneficios alcanzan tanto a la pesca artesanal y comercial como al turismo deportivo y recreativo. El atún ya no es únicamente materia prima para la industria enlatadora, es una riqueza compartida que dinamiza diversos sectores de la economía costarricense.
En este contexto, esta semana la 103ª reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), celebrada en Panamá, representa una coyuntura clave. Costa Rica, junto a otros países de la región, ha presentado cinco propuestas para la gestión regional del recurso. No obstante, al analizarlas, surgen interrogantes fundamentales, ¿responden estas iniciativas a la visión estratégica consagrada en nuestra legislación? ¿O seguimos anclados en una lógica fragmentaria donde priman los intereses sectoriales?
Entre las propuestas figura la iniciativa de ampliar la capacidad pesquera sin haber resuelto aún el ordenamiento existente. La CIAT lleva más de dos décadas sin adoptar un plan integral de manejo de la capacidad, y cada año se suman nuevas solicitudes de incremento. ¿Tiene sentido discutir aumentos sin un marco claro que regule lo ya autorizado? En un océano vulnerable al cambio climático, seguir inflando la flota sin límites es una apuesta temeraria.
Por otro lado, se propone utilizar el Fondo de Fomento de Capacidades para financiar la participación de presidentes y coordinadores de la CIAT provenientes de países en desarrollo. También se discute un mecanismo para definir con mayor certeza la atribución de capturas. Estas ideas, aunque bien intencionadas, requieren análisis profundo para no reproducir desigualdades ni desincentivar la eficiencia en la gestión regional.
Uno de los puntos más cuestionables es la propuesta de aumentar las cuotas que pagan las organizaciones no gubernamentales para participar como observadoras en la CIAT. Aunque se argumenta que esta medida busca cubrir costos logísticos y promover una gobernanza eficiente, el efecto previsible será el opuesto: menos voces en la mesa, menor transparencia y una toma de decisiones aún más concentrada. Si Costa Rica realmente cree en el principio de participación amplia, no puede impulsar medidas que excluyen precisamente a quienes buscan colaborar en la gestión sostenible del recurso.
Una luz positiva surge con la propuesta de adoptar un Enfoque Ecosistémico en la gestión pesquera. Si bien la propuesta es declarativa y carece de indicadores medibles, protección integral de biodiversidad, mecanismos de participación multisectorial, articulación con compromisos internacionales y limita su implementación práctica y efectiva. Esta propuesta reconoce que el atún no puede gestionarse de forma aislada, sino en relación con otras especies, ecosistemas y comunidades humanas. Aquí se abre una valiosa oportunidad para integrar al turismo de pesca, un sector que genera miles de empleos, promueve el turismo sostenible y practica captura y liberación, reduciendo significativamente la mortalidad por pesca.
La CIAT debe incorporar a las pesquerías recreativas en su próximo Plan Científico Estratégico 2026–2030. No se trata únicamente de reconocer su peso económico, sino de incluirlas en los sistemas de recopilación de datos y en la formulación de modelos de manejo. Paralelamente, urge avanzar en evaluaciones científicas de marlines y pez vela —especies fundamentales para estas pesquerías— que hoy no cuentan con estudios poblacionales actualizados en el marco de la CIAT. Un enfoque ecosistémico auténtico no puede seguir ignorando a los peces de pico.
En cuanto a las medidas de conservación para el período 2026–2028, Costa Rica debe actuar con cautela. Aunque los informes científicos actuales indican poblaciones saludables, flexibilizar vedas o límites podría ser un error costoso. Lo prudente es mantener las restricciones vigentes al menos un año más y evaluar los cambios gradualmente, aplicando el principio de precaución que la CIAT misma reconoce como guía.
Costa Rica llega a la CIAT con propuestas valiosas, pero aún dispersas y, en algunos casos, contraproducentes. Si hemos declarado al atún como un recurso estratégico, debemos actuar en consecuencia. Esto implica articular una agenda nacional coherente, que integre a pescadores artesanales, industria, turismo, exportadores y sociedad civil. El atún no es solo un tema de cuotas y flotas: es una oportunidad para un desarrollo inclusivo que fortalezca el bienestar de nuestras comunidades costeras, si se gestiona con visión de largo plazo.
La CIAT no es solo un foro técnico. Es un espacio de deliberación política donde se define el destino de nuestros recursos marinos. Costa Rica no puede limitarse a propuestas parciales o medidas que marginan actores clave. Necesita ejercer un liderazgo con visión país, un atún estratégico que sea verdadera riqueza de todos, no privilegio de unos pocos.
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