Ejecutivo publicó la ley en agosto de 2022 y tenía seis meses para emitir su reglamento.
La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por el abogado ambiental, Walter Brenes Soto, contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por no haber reglamentado la Ley N.° 10304 para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica, aprobada y publicada en agosto de 2022.
El transitorio único de la norma establecía un plazo máximo de seis meses para emitir su reglamento, condición que a la fecha aún no se cumple pese a los avances administrativos reportados. Según los magistrados, esa omisión constituye una violación al principio de legalidad y al artículo 140 inciso 3 de la Constitución Política, al incumplir con la obligación de reglamentar leyes vigentes.
El fallo reconoce que Incopesca y el MAG realizaron gestiones como consultas públicas, devoluciones técnicas y ajustes a la propuesta en la plataforma SICOPRE, pero advierte que esas acciones no eliminan la falta de reglamentación, la cual mantiene un “vacío operativo” que dificulta la gestión sostenible de la riqueza atunera y podría afectar el derecho a un ambiente sano.
Por tanto, el tribunal ordenó al ministro y la viceministra del MAG, en coordinación con INCOPESCA y otros ministerios competentes, emitir y publicar el reglamento en un plazo de dos meses, bajo apercibimiento de sanciones penales por desobediencia.
Brenes Soto comentó:
Siendo que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la Ley 10304, abre la puerta para contener la extracción de tiburones: si se gestiona mejor el atún, habrá menos presión sobre especies en peligro de extinción. La Sala constitucional ha dejado claro que el Ejecutivo no puede seguir postergando este mandato legal".
Por su parte, fue declarado sin lugar lo referente al manejo de la cuota atunera ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y la cobertura con observadores científicos en la flota palangrera.
Contexto
En agosto del 2022 la Presidencia firmó la ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica (expediente 21.531), presentada en 2019 por el exdiputado José María Villalta.
La reforma busca poner fin a décadas en que el país prácticamente “regalaba” su recurso atunero a flotas extranjeras, estableciendo ahora cobros justos por licencias y mayor control sobre la explotación del recurso.
La nueva normativa declara el atún como recurso estratégico de interés nacional y privilegia la pesca sostenible con flota costarricense. Asimismo, el atún capturado en aguas costarricenses deberá descargarse en territorio nacional y priorizar su procesamiento en la industria local, fortaleciendo empleo y encadenamientos productivos en las zonas costeras.
Entre los cambios más relevantes se eliminan las licencias gratuitas que antes se otorgaban a barcos extranjeros y se establece que todos los buques atuneros deberán contar con permisos de 60 días prorrogables previo pago.
Además, se implementa un programa de observadores a bordo para garantizar información científica y cumplimiento de la normativa, acompañado de multas equivalentes al 25% del valor de la embarcación en caso de pesca ilegal.
