El anuncio del nuevo proyecto para la construcción de una megacárcel de alta seguridad con la denominación “CACCO”, propuesta para albergar a por lo menos 5000 personas privadas de libertad con la categoría de “líderes del crimen organizado”, “particularmente violentos” y “extraditables”, no es algo que pueda tomarse a la ligera. Requiere un análisis detenido desde distintos ángulos (criminológico, sociológico, jurídico).

Hoy es más patente que nunca la influencia del sistema y de la política penitenciaria de El Salvador y su ya mundialmente conocido “CECOT”.

El alcance represivo y deshumanizante del centro homólogo salvadoreño no es legal ni convencionalmente posible de replicar en Costa Rica con una identidad de 1:1, dadas las exigencias del sistema interamericano de derechos humanos y nuestra propia Constitución. Sin embargo, su impronta simbólica y política es innegable.

Un detalle significativo es que ambos nombres, CECOT y CACCO, son siglas de cinco letras que evocan la misma idea central: excepcionalidad y dureza estatal.

  • CECOT → Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.
  • CACCO → Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado.

Ambos enuncian la respuesta reforzada del poder punitivo frente al flagelo de la criminalidad organizada. Por su escala y función, el CACCO augura un régimen de privación de libertad recrudecido, reservado para aquellos a quienes el sistema asigne cualquiera de las etiquetas que implican alta, inusual peligrosidad.

Ahora bien, el término “caco” según la RAE es un sustantivo coloquial para designar a un ladrón o ratero. En Costa Rica, “cacos” parece extenderse como apelativo peyorativo para la generalidad de los delincuentes. No existe diferencia fonética entre “CACCO” y “caco”, de modo que denominar así un establecimiento penitenciario trae consigo una fuerte carta estigmatizante para quienes sean recluidos allí.

Si admitimos al menos parte de los postulados de la teoría del labelling approach, no puede ignorarse que levantar un símbolo como el CACCO es al mismo tiempo privar de libertad y etiquetar a un grupo definido de personas, mientras se erige un mensaje amenazante hacia posibles infractores, dejándoles claro que dejan de ser ciudadanos y pasan a ser enemigos identificados como tales. Surge entonces la pregunta: ¿radicalizará esta política el fenómeno de la criminalidad organizada, ya potenciado por factores ajenos al sistema penitenciario? ¿O se consolidará como un remedio milagroso frente a la criminalidad organizada, los homicidios y el narcotráfico?

No conozco de ningún sistema penitenciario capaz de producir milagros.

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