Procuraduría General de la República deberá decidir si presenta querella y acción civil resarcitoria para el cobro de daños y perjuicios.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) presentó el 30 de junio el requerimiento conclusivo de acusación en contra de Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según la información oficial, los hechos se remontan al 1 de abril, cuando durante una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU), Araya votó en contra de una moción que lo instaba a inhibirse de participar en temas relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) de la UCR. Dicha moción, presentada por otro integrante del CU, buscaba evitar posibles conflictos de interés. No obstante, el rector participó en la votación pese a tratarse de un asunto que le concernía directamente.
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La resolución fue comunicada ayer a la Procuraduría General de la República, instancia que deberá determinar si desea presentar una querella y la acción civil resarcitoria correspondiente para el cobro de daños y perjuicios.
El caso se encuentra bajo el expediente 25-000134-1218-PE. Una vez que pase el plazo de ley para que las partes conozcan la acusación, será remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, junto con la solicitud de apertura a juicio.
Tras conocerse la acusación, el rector de la UCR emitió un comunicado de prensa asegurando que "la acusación presentada por la Fiscalía es absolutamente equivocada" y añadió:
Esta causa se origina por una votación que se dio en la sesión del Consejo Universitario del pasado 1 de abril y, desde el día anterior, mediante resolución R-145-2025, yo ya había tomado la decisión, de forma voluntaria, de inhibirme de conocer cualquier caso relacionado con la OEPI".
