Washington acusa a Francesca Albanese de impulsar una “guerra política y económica” contra Israel y empresas estadounidenses

La administración del presidente Donald Trump impuso el miércoles sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, a quien acusa de librar una “guerra política y económica” contra Israel y Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, quien afirmó que Albanese ha promovido “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos” para activar procedimientos de la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios y empresas de ambos países.

“La campaña de Albanese de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel no será tolerada”, dijo Rubio en un mensaje en X. “Siempre estaremos al lado de nuestros aliados en su derecho a la autodefensa”.

Albanese, una jurista italiana que fue confirmada a inicios de este año para un segundo mandato de tres años como relatora, ha sido una de las voces más críticas en la ONU sobre la ofensiva israelí en Gaza, a la que ha calificado como un genocidio.

Su más reciente informe —hecho público el 1 de julio y que será presentado este jueves en Ginebra— identifica a 48 empresas, incluidas gigantes tecnológicas estadounidenses como Microsoft, Google (Alphabet Inc.) y Amazon, a las que acusa de sostener la ocupación israelí y la ofensiva militar en Gaza mediante servicios tecnológicos, infraestructura y financiamiento.

El reporte señala que la guerra en Gaza ha generado ganancias récord para empresas armamentistas y tecnológicas, y que la expansión de los asentamientos en Cisjordania se ha visto facilitada por maquinaria y servicios de firmas internacionales, como Caterpillar y Volvo.

Albanese también ha denunciado la utilización de software de vigilancia, la extracción de datos biométricos y el uso de inteligencia artificial en operaciones militares israelíes, afirmando que tales prácticas contribuyen a un sistema de colonialismo racial y violaciones graves de derechos humanos.

El informe advierte que estas actividades podrían constituir complicidad en crímenes internacionales según el Estatuto de Roma, e insta a las empresas a desinvertir en actividades vinculadas con la ocupación, considerada ilegal bajo el derecho internacional.

En respuesta a sus señalamientos, Israel ha calificado sus informes como "jurídicamente infundados" y un "abuso flagrante" de su mandato en Naciones Unidas.

La administración Trump había solicitado formalmente a Naciones Unidas la destitución de Albanese antes de anunciar las sanciones. Aunque los detalles de las medidas no fueron especificados, se espera que incluyan restricciones de viaje a Estados Unidos.

El gobierno israelí reaccionó celebrando la medida. El exministro de Defensa Benny Gantz agradeció la “claridad moral” de Washington al sancionar a quien calificó como una “antisemita en serie”.

Estamos profundamente agradecidos por este liderazgo que pone fin a la impunidad hipócrita y antiisraelí en la ONU".

El endurecimiento de la postura estadounidense contra la relatora ocurre tras otras acciones similares: en febrero, la administración Trump sancionó a la Corte Penal Internacional después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro Yoav Gallant, acusándolos de emplear el hambre como arma de guerra en Gaza.