La acción transforma la experiencia en realismo. La cultura política de un país es la forma como se gestiona el bien común desde la función pública. Esa cultura cambia con el tiempo, a veces de manera gradual, y a veces de manera disruptiva. Si los incentivos para gobernar son los correctos, los resultados serán efectivos; y si los incentivos son incorrectos, los resultados serán impredecibles.

El mayor capital político que existe en un sistema es el de la nación, el pueblo, el soberano, que toma decisiones sobre a quién quita y a quién pone en el encargo de conducir los asuntos públicos del país por un período de gobierno. Al erosionarse la democracia, el mayor perdedor es el pueblo, que es el soberano, porque pierde la capacidad de decidir quién manda, quién maneja, quién decide – y con qué nivel de transparencia – los asuntos públicos de un país.

Es muy diferente la política electoral de la política pública. El primero se ha convertido en un lamentable juego de pólvora. Esta última es el diseño basado en evidencias y datos de herramientas técnicas para impulsar el desarrollo de un país en todas las áreas que tienen que ver con el bien común administrable desde la función pública.

La cultura política japonesa tiene el interesante elemento de la entrada y salida periódica de funcionarios académicos y de corporaciones privadas a puestos públicos por cortos períodos. El propósito es polinizar de manera cruzada el quehacer de lo público, lo privado y lo académico para el mayor bienestar de la sociedad civil.

Cuatro años es un período muy corto para gobernar dentro de los parámetros que exige hoy en día la administración pública. Esa exigencia es la de garantizar la transparencia de la gestión y el mejor uso de los recursos públicos. Cuatro años es abundantísimo tiempo para sembrar buenas semillas que germinen y den frutos abundantes a futuro para distribuir entre toda la población, incluidas las personas que aún no han nacido o migrado al territorio nacional.

El frío no está en las cobijas: querer cambiar la Constitución Política es un viejo deseo de viejos pensamientos que creen que cambiar leyes es cambiar culturas. A fines del siglo XX se promulgaron la ley 7600 para personas con discapacidad, la ley de resolución alterna de conflictos para descongestionar el sistema judicial y la ley de creación de la Defensoría de los Habitantes, tres piezas fundamentales para un sistema sociopolítico desarrollado. Sin embargo, aunque son grandes herramientas legales y piezas fundamentales de política pública, 30 años después de su promulgación están muy lejos de ser lo eficaces que deberían ser en un país desarrollado.

La administración pública se rige por el principio de legalidad. Este obliga a las personas que ejercen la función pública a acatar el mandato específico de la ley que rige al estado. Juzgar como sujetos privados, desde el principio de autonomía de la voluntad, la forma como un funcionario público se comporta o no, es como juzgar a un pez por su incapacidad de trepar árboles.

Escuche el episodio 275 de Diálogos con Álvaro Cedeño titulado “Cultura política”.

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Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio.