Valuación actuarial del IVM debería realizarse, por lo menos, cada dos años.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que evaluó la gestión de riesgos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), tomando como referencia los riesgos comunicados por la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Este informe advierte que, aunque se han implementado acciones, se evidenció que “la gestión de riesgos del IVM es fragmentada, reactiva y sin un enfoque integral, lo que limita su capacidad para anticipar amenazas y tomar decisiones informadas sobre su sostenibilidad financiera y actuarial”.
Uno de los principales hallazgos del informe es que la Caja no está cumpliendo con el requisito de realizar valoraciones actuariales del IVM, por lo menos, cada dos años, y señala que la valuación actuarial más reciente hizo con corte a diciembre de 2022, pero fue conocida y aprobada hasta setiembre de 2024, lo que implicó un rezago de dos años para su emisión. Asimismo, la valuación previa fue con corte a diciembre 2018, por lo que pasaron más de cuatro años sin la valuación actuarial requerida.
El informe señala:
La ausencia de una valuación actuarial actualizada y oportuna se debe a la falta de un enfoque institucional proactivo de gestión de riesgos asociados al proceso actuarial. Aunque la CCSS ha señalado factores como la falta de insumos, la salida de personal especializado y problemas en la calidad de la información, no se evidencia la existencia de mecanismos institucionales definidos para anticipar, mitigar o resolver estas contingencias”.
La Contraloría advirtió que "se requiere una valuación actualizada que contemple los eventos relevantes más recientes: la aceleración en el otorgamiento de pensiones anticipadas tras la Reforma al Reglamento del IVM en enero de 2024 que implicó de un crecimiento de 191 pensiones otorgadas en el 2022 a 4.297 pensiones en el 2024.; además la incorporación de la Ley de condonación y la Ley de prescripción de deuda que implicó la condonación de montos por hasta ₡64.593 millones, a mayo de 2025".
El informe señala:
La ausencia de una valuación actuarial actualizada limita la capacidad de la CCSS para identificar, anticipar y gestionar los riesgos críticos del IVM”.
Adicionalmente, el informe señala que la Caja "no cuenta con un proceso formalizado, integral y proactivo para gestionar los riesgos del IVM tomando como referencia los resultados y recomendaciones comunicados por la Supen". Según detalló la Contraloría desde el 2020 la Supen rindió un informe con alertas de riesgo, de las cuales persisten siete que no han sido atendidas por la Caja:
- Establecer un modelo contable coherente para inversiones.
- Diversificar el portafolio para reducir la concentración de riesgos.
- Fortalecer el control interno del IVM a través de la colaboración entre áreas internas.
- Atención de recomendaciones de auditoría para reducir riesgos.
- Asegurar la independencia en la administración de riesgos del IVM.
- Desarrollar un código de gobierno para la gestión de activos el IVM.
El informe, además, detalla que desde el 2019 se aprobó la creación de la Dirección Institucional de Riesgos, sin embargo, a la fecha esta aún no está conformada ni en funcionamiento.
La Contraloría dio una serie de disposiciones a la junta directiva de la Caja, así como a su presidencia ejecutiva, que incluyen gestionar la elaboración oportuna de las valuaciones actuariales del IVM con la periodicidad mínima requerida.
