El 54,2% de las instituciones no cuenta con controles anticorrupción para prevenir el uso indebido de los recursos públicos.

La Contraloría General de la República (CGR) alertó que un 64% de las instituciones públicas del país aún no gestionan de manera integral ni articulada los bienes y servicios que necesitan para operar.

El hallazgo forma parte del Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios (ICGBS), que evaluó a 275 entidades del sector público entre enero de 2024 y febrero de 2025. El indicador midió la capacidad institucional para planificar, adquirir, administrar, dar seguimiento y evaluar los bienes y servicios esenciales para su funcionamiento.

En el período revisado, estas instituciones ejecutaron en conjunto ₡6.490 millones en gestión de bienes y servicios. Según la CGR, una administración adecuada en esta materia es clave para asegurar que las compras y contrataciones respondan a necesidades reales, se proteja la inversión pública durante toda la vida útil de los activos y se promueva un uso eficiente y transparente de los recursos del Estado.

Deficiencias generalizadas

El informe DFOE CAP SGP 00002-2025 detalla que el 68,4% de las instituciones carece de una política formal que guíe la gestión de bienes y servicios, lo que provoca compras fragmentadas y mayor riesgo de adquirir bienes o contratar servicios innecesarios o mal definidos. A esto se suma que el 71,3% no aplica metodologías de gestión de riesgos y el 54,2% no cuenta con controles anticorrupción para prevenir el uso indebido de los recursos públicos.

El ente contralor también señala que la falta de seguimiento posterior a la compra o contratación también es crítica. Un 73,5% de las instituciones no mide el desempeño de los contratos. Además, el 64,4% no tiene planes de mantenimiento preventivo, mientras que el 69,1% carece de procedimientos para sustituir o disponer de bienes obsoletos.

La Contraloría indicó que esta situación fomenta la improvisación, el derroche de recursos y una mayor exposición a riesgos como la corrupción.

"La falta de un monitoreo consistente de necesidades y de la definición clara de responsabilidades para cada fase de la gestión, impide la rendición de cuentas, dificulta la implementación de mejoras continuas y, en última instancia, compromete la capacidad de las entidades para generar valor público y cumplir con su misión de servicio a la ciudadanía", detalla el documento.

¿Qué acciones se necesitan?

La CGR detalló:

  • Dar dirección: establecer una gobernanza clara y estratégica: Se requiere una política integral que defina el rumbo de la gestión de bienes y servicios. Esto implica establecer un marco oficial con principios, objetivos y líneas de acción; asignar roles y responsabilidades específicas para cada fase del proceso; así como alinear la planificación operativa con las verdaderas necesidades institucionales.
  • Garantizar seguridad: incorporar controles, gestión de riesgos y prevención de la corrupción: Es indispensable implementar mecanismos de control para proteger los recursos públicos, previniendo irregularidades mediante la gestión de riesgos, el cumplimiento de normas anticorrupción, el fortalecimiento de la normativa interna y el monitoreo continuo.
  • Cuidar lo adquirido: asegurar trazabilidad, mantenimiento y disposición oportuna: No se puede
    mejorar lo que no se conoce. Para mejorar la trazabilidad y el uso eficiente de los recursos, las instituciones deben implementar registros formales de control de bienes, mecanismos para evaluar el desempeño de los contratos, planes de mantenimiento y procesos definidos para la sustitución y disposición de bienes.

La CGR agregó que para que las instituciones sean más eficientes y el dinero público se invierta con mayor impacto, es fundamental adoptar un enfoque más estratégico y completo en la gestión de bienes y servicios. Esto implica establecer un plan claro e implementar un sistema unificado para registrar, monitorear y evaluar si las compras realmente generan valor. Con estos cambios, se puede lograr mayor transparencia y eficiencia.

La Contraloría concluyó indicando que este diagnóstico es una llamada a la acción. "Mejorar la forma en que se gestionan los recursos en el sector público no solo es posible: es urgente y estratégico. Representa una oportunidad para alinear recursos con resultados, fortalecer la eficiencia del Estado y asegurar que cada colón invertido se traduzca en mejores condiciones de vida para las personas".