El pasado 24 de junio el gobierno de Rodrigo Chaves amplió los límites de plaguicidas en el agua para consumo humano, mediante una reforma al Decreto Ejecutivo 38924-S del Reglamento para la Calidad del Agua Potable. El cambio fue oficializado a través de un nuevo decreto firmado por la Ministra de Salud, Mary Munive, y representa un retroceso preocupante que contradice el principio precautorio, el principio de no regresión ambiental, y los derechos constitucionales de todos los costarricenses al acceso al agua y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Antes de la modificación, el reglamento establecía un valor límite a partir del cual el agua era apta para consumo humano. Esto se conoce como Valor Máximo Admisible (VMA). Cuando el nivel de un contaminante de plaguicidas superaba este límite, el agua debía ser retirada inmediatamente del suministro para consumo humano.

Ahora, como consecuencia de esta polémica reforma, el Valor Máximo Admisible se transformó en un Valor de Alerta (VA). Esto implica que, cuando el nivel de un contaminante supere este nuevo valor, las autoridades realizarían un “análisis de riesgo” para decidir cuál será el valor límite. A esto se le ha llamado Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR). Lo grave es que, mientras todo esto sucede, el agua contaminada podría seguirse distribuyendo y consumiendo, a pesar de los riesgos sanitarios y ambientales que esto supone.

Como si esto fuera poco, la reforma incluye una nueva tabla de referencia con Valores Máximos Admisibles para el clorotalonil: un plaguicida que fue prohibido en Costa Rica desde el año 2023, por ser cancerígeno. En otras palabras, la reforma al reglamento legaliza la presencia de un plaguicida que, en teoría, no debería estar presente en ningún escenario. El mensaje es contradictorio y profundamente preocupante.

Una problemática conocida

La flexibilización en este reglamento ocurre en una Costa Rica que es ya, de por sí, uno de los países que utiliza más plaguicidas en el mundo. Según datos de Food and Agriculture Data (FAOSTAT), el país utiliza hasta 23.44 kg de agroquímicos por hectárea cultivada. Para tener una referencia, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el país que menos agroquímicos utiliza es Sri Lanka con 0.74 kg por hectárea cultivada. Es decir, Costa Rica utiliza un 3243% más agroquímicos que Sri Lanka.

Estos datos coinciden con los abundantes casos de contaminación por agroquímicos que se presentan en diferentes comunidades del país y con las constantes noticias de detección de plaguicidas prohibidos en puertos europeos. Por ejemplo, en 2023 Alemania rechazó un cargamento de melones contaminados con clorotalonil que provenía de Costa Rica. El año pasado se documentó una gran cantidad de peces muertos en ríos de Limón, específicamente en las comunidades de Batán de Matina y en la desembocadura del Río Pacuare y en marzo de este año, se publicaron reportes sobre los efectos de los agroquímicos y su impacto en nutrias y peces del río Peñas Blancas.

Del mismo modo, desde el año 2022 existe una gran problemática relacionada con la distribución de agua contaminada en la localidad de Cipreses de Oreamuno, en Cartago. En ese lugar se detectó la distribución de agua para consumo humano contaminada con clorotalonil y otros plaguicidas. Esta situación sigue sin resolverse adecuadamente.

La lista de casos y la cantidad de noticias que pueden encontrarse sobre este asunto son interminables. Basta con hacer una búsqueda en fuentes públicas para confirmar que estos no son casos aislados y que no se trata de un problema menor para el país. El patrón es claro y alarmante.

El gobierno ha pecado por omisión o, lo que es aún peor, por incurrir en una falta grave por acción al modificar y aprobar un reglamento que ahora flexibiliza la presencia de contaminación por agroquímicos en el agua para consumo humano. Esta es una decisión que se tomó desde algún escritorio gubernamental, sin ningún fundamento técnico de por medio.

Las autoridades se están haciendo de la vista gorda. Por supuesto, no es correcto ni ético enfrentar un problema invisibilizándolo. Parece que algunos funcionarios del gobierno hicieron las de Poncio Pilatos, aunque esta vez se lavan las manos con agua cargada de plaguicidas.

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