Señalaron preocupación de que la iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares.

El Parlamento Cívico Ambiental manifestó su profunda preocupación y rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

El cambio, oficializado el pasado 24 de junio, eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. "Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental", detalla el parlamento.

Para la agrupación que está compuesta por organizaciones ambientales, academia, ONG y asociaciones, entre otros, aprobar esta reforma pone en entredicho el compromiso con la sostenibilidad y la protección ambiental de Costa Rica: “Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social”.

El parlamento dijo estar preocupado de que la iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común.

El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales".

En ese contexto, instan de manera urgente al Ministerio de Salud a que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, piden promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Adicionalmente, solicitan a las diputaciones de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. “El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados”, finalizaron.