En la crisis climática actual, los muros y fronteras no pueden contener las olas de desplazamiento que está generando, pero continúan atrapando a los más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas. Entre 2008 y 2020, más de 300 millones de personas fueron desplazadas por desastres climáticos en todo el mundo. A medida que sube el nivel del mar, se secan las tierras y se intensifican las tormentas, la migración forzada se acelera. Pero mientras las causas de este fenómeno trascienden fronteras, los derechos de quienes se ven obligados a migrar siguen bloqueados; y las comunidades indígenas son de las más afectadas.
Para los pueblos indígenas, la crisis climática no es solo un problema ambiental. Es una injusticia estructural que ataca sus culturas, territorios y formas de vida. Estas comunidades (las menos responsables del cambio climático) están perdiendo sus territorios, sus sistemas alimentarios y su autodeterminación. No obstante, cuando son forzadas a migrar, los marcos legales que regulan las fronteras, la protección de personas refugiadas y los derechos humanos fallan. No se trata solo de una omisión humanitaria, es una fuente de nuevos conflictos; que quienes construyen paz ya no pueden ignorar.
Veamos el caso de Panamá. El pueblo indígena Guna Yala ha vivido por siglos en una cadena de islas bajas que hoy se están hundiendo bajo el mar. En 2024, el gobierno panameño reubicó a cientos de personas a una nueva zona continental, argumentando necesidades de adaptación climática. Pero se realizó sin una consulta plena ni respeto por su autonomía. Para muchos, esta reubicación forzada se vive como una sentencia de muerte cultural, sin dejar de lado que el lugar carece de agua, atención sanitaria y varias familias han sido separadas.
En México, la comunidad indígena de “El Bosque" en Tabasco sufrió durante años el avance del mar y la erosión antes de que se implementara una reubicación parcial. El proceso estuvo marcado por una planificación deficiente, exclusión de familias de las listas de traslado y malas condiciones de vida en el nuevo sitio. Estas “soluciones” suelen generar nuevos agravios; tanto en las comunidades reubicadas como en las zonas receptoras, alimentando tensiones que pueden escalar en conflictos sociales.
En toda América Latina y el mundo, el desplazamiento climático está intensificando las luchas por la tierra, la identidad y los derechos. Los pueblos indígenas, cuyas culturas están inseparablemente ligadas a sus territorios, están desproporcionadamente expuestos a los daños climáticos. Al mismo tiempo, se les niega sistemáticamente las protecciones que se ofrecen a otras poblaciones desplazadas.
¿Por qué? Porque el derecho internacional sigue anclado en un marco obsoleto. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no reconoce el desplazamiento por razones climáticas. El término “refugiado climático” no tiene existencia legal. Y aunque existen iniciativas que ofrecen directrices importantes, no son vinculantes a la migración climática .
Esto deja a los pueblos indígenas desplazados en un limbo legal. Quienes cruzan fronteras pueden ser rechazados al solicitar asilo o residencia. Quienes son reubicados dentro de su país a menudo pierden derechos sobre la tierra y voz política. En ambos casos, se vulnera su derecho a la autodeterminación. Desde una perspectiva de transformación de conflictos, esta situación es una alerta urgente. El desplazamiento inducido por el clima no es una cuestión técnica y neutral. Redibuja los patrones de migración, reabre heridas históricas sobre la tierra y la soberanía, y profundiza injusticias estructurales. Si no se actúa, estas dinámicas alimentarán nuevos conflictos dentro de las comunidades indígenas, entre habitantes antiguos y recién llegados, y a través de las fronteras nacionales.
Ya vemos tensiones en las zonas de reasentamiento, donde las poblaciones locales perciben a los grupos reubicados como competidores por recursos escasos. Dentro de los grupos indígenas, el desplazamiento forzado puede generar trauma intergeneracional, divisiones sobre liderazgos y erosión de la cohesión cultural. Más allá de las fronteras, la migración por desplazamiento climático corre el riesgo de alimentar narrativas xenófobas y políticas represivas que criminalizan la supervivencia. Ignorar estas dinámicas no es una opción. Para construir paz en un mundo cada vez más cálido, debemos abordar de frente las intersecciones entre justicia climática, derechos indígenas y movilidad humana.
Pero también hay espacio para intervenciones más esperanzadoras. Las comunidades indígenas no son víctimas pasivas de la crisis climática. Son líderes en prácticas de vida sostenibles y resolución de conflictos, y su conocimiento es vital para construir respuestas justas. En muchos casos, han desarrollado estrategias adaptables, desde la agroecología hasta la gestión de cuencas, que pueden beneficiar a toda la sociedad.
Para avanzar, tres pasos son urgentes:
- Reconocer el espectro completo de derechos de los pueblos indígenas desplazados por el cambio climático; incluyendo la protección de los derechos territoriales durante la reubicación y el respeto por la autonomía cultural.
- Colocar las voces indígenas en el centro de la gobernanza climática y migratoria. Velando el consentimiento libre, previo e informado en toda decisión de reubicación y reconocer su conocimiento como parte esencial.
- Invertir en respuestas sensibles al conflicto ante el desplazamiento climático. Las personas que construyen paz deben involucrarse activamente en un diálogo inclusivo, apoyo a la mediación intercultural y atención a los impactos a largo plazo del desplazamiento sobre la identidad y la cohesión.
En resumen: las fronteras no detendrán la crisis climática. Pero están amplificando sus daños cuando se utilizan para excluir, marginar o borrar a los pueblos indígenas.
Lo que está en juego no es solo el futuro de las comunidades indígenas, sino la posibilidad misma de la paz en un mundo atravesado por el colapso ecológico. Podemos optar por profundizar las injusticias y alimentar los conflictos del mañana, o transformar cómo gobernamos las fronteras, la migración y la justicia climática.
El momento de decidir es ahora.
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