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Le damos la bienvenida al Reporte Internacional, hoy es jueves 24 de julio de 2025 y arrancamos con las noticias más relevantes alrededor del mundo. Gracias por ser parte de este espacio y apoyar lo que hacemos desde Delfino.cr.

Corte de La Haya emite histórica opinión sobre obligaciones de los países respecto al cambio climático

— La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este miércoles que los Estados tienen obligaciones jurídicas claras para actuar frente al cambio climático, incluyendo mitigar emisiones y proteger a sus poblaciones frente a sus impactos. El dictamen responde a una solicitud de opinión consultiva hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2023.

— En su fallo, adoptado de forma unánime, el tribunal internacional con sede en La Haya afirmó que las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático derivan del derecho internacional consuetudinario, los tratados vigentes y los derechos humanos. Además, enfatizó que los Estados no pueden actuar de forma aislada, sino que deben cooperar a escala global para enfrentar la crisis climática.

— "Las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando causan daños significativos a otros Estados, comprometen la responsabilidad internacional de quien las emite", determinó la Corte.

— La opinión de la CIJ no es jurídicamente vinculante, pero tiene un peso moral y político significativo en la gobernanza climática internacional.

— La Asamblea General de la ONU solicitó al tribunal que se pronunciara sobre las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional con respecto al cambio climático; las consecuencias jurídicas que se derivan para los Estados que, por sus actos u omisiones, han causado daños significativos al sistema climático y a otros Estados, en particular a los pequeños Estados insulares en desarrollo; y las consecuencias legales para los Estados en relación con las generaciones presentes y futuras.

— En su opinión, la CIJ sostuvo que los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas, necesarias y razonables para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos. También indicó que estas obligaciones deben cumplirse con base en principios de equidad, lo cual implica que los países más desarrollados —por su mayor responsabilidad histórica— deben asumir una carga mayor.

— "Los Estados tienen la obligación de no causar daños significativos al ambiente más allá de sus fronteras, y esta obligación se aplica también al daño climático", señaló el tribunal.

— Una parte central de la opinión se refiere al impacto del cambio climático sobre los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la salud, el agua y la alimentación. En este contexto, la Corte reconoció que los Estados tienen deberes no solo con sus ciudadanos actuales, sino también con las generaciones futuras.

— Además, la CIJ subrayó que los países más vulnerables, como los pequeños Estados insulares, enfrentan riesgos existenciales frente al calentamiento global, y que tienen derecho a obtener reparación y cooperación internacional efectiva.

— La decisión de la Corte se enmarca en un creciente uso del derecho internacional para enfrentar la crisis climática, incluyendo procesos similares en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Más de 100 críticos del gobierno de Bukele se exilian ante ola de represión

— El Salvador vive una nueva ola de exilio político. Más de 100 periodistas, abogados, activistas, académicos y defensores de derechos humanos han huido del país en los últimos meses, tras lo que describen como un entorno de represión creciente por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, caracterizado por detenciones arbitrarias, leyes punitivas y hostigamiento sistemático.

— Las voces más críticas del mandatario afirman haber sido blanco de vigilancia policial, allanamientos, amenazas directas y campañas de descrédito. En muchos casos, recibieron advertencias personales: "es exilio o cárcel".

— Uno de los rostros más visibles de esta crisis es Ingrid Escobar, abogada y líder del grupo legal Socorro Jurídico. Escobar relató a la agencia Associated Press que, tras años de presentar miles de recursos legales contra el gobierno, su familia fue objeto de hostigamiento policial constante. Finalmente, y tras enterarse de que su nombre figuraba en una lista de personas con orden de detención, huyó con sus dos hijos cruzando la frontera hacia Guatemala, en medio de un tratamiento por un tipo de cáncer raro. "Me hice una sola pregunta: ¿Si me quedo, voy a morir?", dijo.

— En paralelo, otras figuras destacadas también abandonaron el país. La abogada Ruth López, de la organización Cristosal, fue arrestada en junio bajo acusaciones de corrupción, que ella niega. En su traslado a los tribunales, esposada, gritó: "¡No me van a callar! ¡Quiero un juicio público!". Días después, Cristosal evacuó a todo su personal hacia Guatemala y Honduras y cerró operaciones en El Salvador, denunciando el uso del sistema judicial como arma de persecución.

— “El sistema de justicia ha sido completamente instrumentalizado”, denunció Noah Bullock, director de Cristosal. “Nadie duda de que el gobierno puede detener y desaparecer a quien quiera”.

— El punto de quiebre, según los exiliados, fue la aprobación en mayo de una nueva Ley de Agentes Extranjeros, inspirada en normativas similares de Rusia, Nicaragua y Venezuela, y que permite criminalizar a organizaciones que reciben financiamiento internacional. La legislación fue acompañada de una serie de detenciones de críticos del gobierno.

— La represión se intensificó poco después de que Bukele fortaleciera su alianza política con el presidente estadounidense Donald Trump, en medio del polémico traslado de cientos de venezolanos deportados por EE.UU. a una megacárcel salvadoreña diseñada para miembros de pandillas.

— El caso de la periodista Mónica Rodríguez y el activista Steve Magaña también ilustra el contexto. La pareja documentó en video la represión de una protesta pacífica contra el desalojo de una comunidad rural, lo que provocó que fueran perseguidos por la policía. Tras un allanamiento en su vivienda y la confiscación de material de trabajo, se vieron obligados a esconderse y, eventualmente, salir del país. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, al menos 40 comunicadores han huido en cuestión de semanas.

— El periodista Jorge Beltrán, de El Diario de Hoy, con experiencia como combatiente durante la guerra civil, también se exilió recientemente, señalando un inquietante paralelismo con el conflicto armado que entre 1979 y 1992 obligó a salir del país a decenas de miles de personas. Beltrán fue objeto de una demanda de $10 millones por "daño moral" tras publicar una investigación sobre corrupción y afirma haber recibido amenazas de funcionarios para que abandonara el país.

— “Jamás pensé que viviría algo parecido de nuevo”, dijo Beltrán. “Después de todo lo que se logró con la paz, lo hemos perdido todo”.

— Aunque Bukele mantiene una aprobación mayoritaria gracias a la disminución drástica de la violencia —tras la detención de más del 1% de la población bajo el régimen de excepción que suspendió derechos constitucionales—, el creciente miedo a expresar opiniones políticas y el éxodo de voces disidentes dibujan un panorama alarmante para el presente y el futuro democrático de El Salvador.

Tensión entre Tailandia y Camboya escala tras explosión de mina antipersonal en zona fronteriza disputada

— El gobierno de Tailandia anunció este miércoles una serie de medidas diplomáticas contra Camboya, incluyendo el cierre de pasos fronterizos, el retiro de su embajador en Phnom Penh y la expulsión del embajador camboyano en Bangkok, tras un incidente con una mina antipersonal que dejó cinco soldados tailandeses heridos, uno de ellos con amputación de pierna.

— Según un comunicado del Ejército Real Tailandés, la explosión ocurrió en la provincia de Ubon Ratchathani, en el noreste del país, y fue atribuida a un artefacto explosivo colocado recientemente en un sendero que, conforme a acuerdos bilaterales, debía estar libre de minas.

— El hecho fue calificado como una grave amenaza a la paz y estabilidad en la región fronteriza por parte de las autoridades tailandesas, quienes señalaron que los explosivos eran de fabricación rusa, y no corresponden a modelos utilizados por sus fuerzas armadas.

— Por su parte, Camboya rechazó las acusaciones, calificándolas como infundadas. La portavoz del Ministerio de Defensa, teniente general Maly Socheata, sostuvo que la explosión ocurrió en territorio camboyano, concretamente en la provincia de Preah Vihear, y acusó a Tailandia de haber violado un acuerdo firmado en el año 2000 sobre las rutas de patrullaje común.

— La zona donde ocurrió el incidente es una de las “tierras de nadie” que ambos países reclaman como propias, lo que ha generado disputas históricas y episodios de violencia esporádica a lo largo de los años.

— Este nuevo episodio ocurre apenas una semana después de que tres soldados tailandeses fueran heridos, uno de ellos con la pérdida de un pie, por una explosión similar en otra zona fronteriza en disputa. Tailandia ya había acusado entonces a Camboya de violar el Tratado de Ottawa, el cual prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersonales.

— El clima entre ambas naciones se ha deteriorado desde el enfrentamiento armado del pasado 28 de mayo, en el que murió un soldado camboyano. Desde entonces, varios puestos fronterizos han sido cerrados o restringidos, y los esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión han resultado infructuosos, en parte por el resurgimiento de sentimientos nacionalistas en ambos países.

— La crisis fronteriza también ha tenido consecuencias políticas internas en Tailandia, donde la exprimera ministra Paetongtarn Shinawatra fue suspendida de su cargo tras la filtración de una llamada telefónica con el exprimer ministro camboyano Hun Sen, en la que supuestamente hizo comentarios peyorativos sobre el ejército tailandés.

— Camboya, por su parte, ha insistido en que no ha colocado nuevas minas en la frontera, y que la explosión podría haberse debido a restos explosivos de conflictos anteriores, dado que el país estuvo sumido en guerras civiles y disturbios armados desde 1970 hasta 1998. Desde el fin de esos conflictos, más de 19.000 personas han muerto y unas 45.000 han resultado heridas por explosivos remanentes.

— No obstante, el número de víctimas ha disminuido significativamente en las últimas décadas gracias a programas de desminado, y en 2024 se reportaron 49 muertes por estas causas.

Radar

— Brasil: El gobierno informó que se unirá próximamente a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al denunciar las "atrocidades" cometidas en los territorios palestinos.

— Europa: La Unión Europea y Estados Unidos avanzan hacia un arancel del 15% como parte de un acuerdo que evitaría tasas del 30%.

— Alemania: El Tribunal Administrativo Federal de Leipzig confirmó la clasificación del partido AfD como "presuntamente de extrema derecha", o "en parte de extrema derecha", llevada a cabo por parte de los servicios de inteligencia nacionales. La clasificación permite a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) la vigilancia del partido por todos los medios legales.

Botonetas

#Arqueología: el hallazgo de un fósil revela a un "reptil milagroso" que vivió antes que los dinosaurios.

#Salud: Protectores solares minerales vs. químicos: cuál es la diferencia y cuál es mejor para cada persona.

¡Gracias por acompañarnos en una entrega más del acontecer internacional!