Iniciativa busca analizar a fondo la situación actual del PANI y determinar las causas del rezago en la atención de denuncias.

Este martes, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa aprobó, de manera unánime, la apertura de un expediente de investigación sobre la gestión, atención y condiciones institucionales del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), especialmente en lo relativo al funcionamiento de sus oficinas locales, la sobrecarga laboral del personal y el rezago en la atención de denuncias por violaciones a los derechos de personas menores de edad.

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La moción fue presentada por la diputada independiente Johana Obando Bonilla. La legisladora señaló que entre las principales preocupaciones que motivaron este expediente se encuentra la carga laboral insostenible en las oficinas locales. En esa línea, agregó que según el oficio PANI-PE-OF-3642-2024, al menos el 80% de las 58 oficinas locales del PANI enfrentan una sobrecarga laboral sostenida desde hace varios años; situación que se ha atribuido a rezagos acumulados, restricciones presupuestarias y a la aplicación de la regla fiscal.

Adicionalmente, indicó que un estudio del Departamento de Planificación reveló que, hasta septiembre de 2024, existían más de 21.000 denuncias sin atender. Y que en total se identificaron 88.779 personas menores de edad incluidas en denuncias ingresadas, de las cuales 21.600 no recibieron respuesta institucional. "Esta omisión podría constituir una grave violación a los derechos fundamentales de la niñez", declaró la diputada Obando.

El expediente busca definir:

  • Las causas y consecuencias del rezago en la atención de denuncias.
  • Las condiciones laborales del personal del PANI y su impacto en la protección infantil.
  • La distribución y suficiencia de los recursos humanos y financieros.
  • Las prácticas disciplinarias y su legalidad.
  • Las acciones (o inacciones) de la administración para subsanar esta crisis.

“No podemos como país seguir dejando de lado a la población más vulnerable, es momento de que la Asamblea Legislativa tome cartas en el asunto y entre a discutir las causas que nos han llevado a la situación actual”, resaltó la legisladora.

El objetivo final de dicho expediente es emitir un diagnóstico técnico y político sólido que facilite la adopción de medidas urgentes y estructurales, orientadas a garantizar una protección integral, efectiva y equitativa para la niñez y la adolescencia en Costa Rica.