Personas expertas advierten sobre la urgencia de fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.

El pasado 11 de marzo, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa aprobó, de manera unánime, la apertura de un expediente de investigación (24.889) sobre el aumento de crímenes de abuso sexual contra personas menores de edad en Costa Rica. Dicha iniciativa fue presentada por la diputada independiente Johana Obando Bonilla.

Precisamente, ante el aumento de las atenciones y denuncias provenientes de personas menores de edad por abuso sexual, se torna necesario posicionar esta problemática en la agenda pública y que los actores políticos actúen de manera urgente para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción, garantizando la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como el acceso a justicia y apoyo psicológico para las víctimas.

Según Oscar Valverde, director ejecutivo de la Fundación Paniamor, "el abuso sexual que ocurre durante los años de infancia y adolescencia es una de las experiencias más violentas, adversas y destructivas que puede sufrir una persona. Puede tener efectos adversos en los procesos de desarrollo afectivo, social, sexual, emocional, cognitivo y neurobiológico, incidiendo en la capacidad de regulación emocional y de impulsos, el estilo cognitivo y los mecanismos de afrontamiento, y por lo tanto implica consecuencias a corto y largo plazo, incluso se puede afirmar que el abuso sexual infantil es un factor de riesgo indudable en el desarrollo de problemas de ajuste psicológico y social en todas las etapas de la vida".

En los últimos años, la atención en servicios de consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a personas menores de edad por abuso sexual ha registrado un preocupante incremento. Mientras que en 2019 se brindó atención a 7,705 personas menores de edad, para 2024 la cifra ascendió a 11,768, lo que representa un aumento del 52.7% en este período.

Con respecto a las atenciones dadas en los servicios de emergencias por abuso sexual a personas menores de edad en la CCSS, pasaron de 989 casos en 2019 a 1,340 en 2024 (un incremento del 35.5%).

Delfino.cr le consultó a Milena Grillo, cofundadora y directora de estrategia e innovación de la Fundación Paniamor, su valoración ante esta problemática en aumento. Para ella, la respuesta del Estado y de la institucionalidad encargada ha sido insuficiente, ya que está superada por la realidad:

La demanda por la atención a población ya victimizada consume la mayoría, si no todos los recursos de que se dispone, que además han sido disminuidos cuando necesitan más bien ser fortalecidos. No hay disponibilidad de fondos ni recursos para la prevención a través de la educación y la comunicación, que es hacia donde estamos obligados a caminar. La mejora de la legislación penal y sus procedimientos siempre es necesaria y bienvenida, pero su efecto se activa cuando ya tenemos niñeces y adolescencias victimizadas. Es un control a posteriori necesario y que ayuda porque no se puede trabajar prevención en la impunidad, pero la meta país tiene que ser siempre la prevención".

El número de casos ingresados al Ministerio Público por delitos sexuales contra personas menores de edad en Costa Rica también ha mostrado un incremento en la última década. Mientras que en 2014 se registraron 4,503 casos en total, en 2023 la cifra ascendió a 10,256 y en 2024 se ubicó en 9,650 casos.

Ante este panorama, Grillo explicó: "El crecimiento en la denuncia del abuso sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes se expresa de dos maneras. La primera en modalidad de picos, que no necesariamente reflejan tendencia y que se presentan por reacción casi de autoprotección social; asociadas a la ocurrencia de un hecho particularmente removedor que genera el temor colectivo de que algo así que esté pasando a otros niños, niñas y adolescentes o podría pasarle algún niño o niña cercano a mi círculo. Aquí el pico en denuncias sí podría resultar asociable a un posible incremento en la sensibilidad y el compromiso público, aunque un delito atroz en perjuicio de una persona menor de edad, pero no necesariamente sería un crecimiento sostenido. Ahora bien, para un crecimiento sostenido en el reporte de este delito vía múltiples entradas como el que venimos experimentando en Costa Rica a partir del fin de la pandemia y contando, habría que manejar la otra explicación. La que no quisiéramos tener, la del aumento de denuncias como resultado de un incremento real en el número y modalidad de situaciones. Esto por agravamiento de los factores facilitadores que contribuyen a su ocurrencia desde las familias, la institucionalidad y la sociedad, en tiempos con actores sociales e institucionales que presentamos todos fragilidades en nuestra capacidad para prevenir, proteger, perseguir y resarcir el daño que el abuso sexual significa para sus víctimas y para la sociedad".

En ese orden de ideas, la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, indicó que Costa Rica ha experimentado, de forma sistemática, un aumento considerable en las situaciones violatorias de derechos en contra de las personas menores de edad, entre estas, el abuso sexual. Este delito, afirmó, muchas veces no se denuncia por múltiples motivos, tales como el miedo, la vergüenza, las amenazas y otros factores que dificultan que las víctimas busquen ayuda.

La jerarca explicó que el aumento de denuncias relacionadas con el abuso sexual responde a un incremento desmesurado de todo tipo de violencia, que es evidente no solo por las denuncias registradas, sino también por la información que diariamente es divulgada por los medios de comunicación. Tanto Garza como Grillo están de acuerdo que el aumento de la violencia de género también ha repercutido en el agravamiento de esta problemática.

Asimismo, la jerarca comentó que el PANI enfrenta desafíos en distintos niveles para abordar esta problemática: 

El aumento desmedido de todas las violencias que está viviendo la sociedad costarricense, mantiene los servicios del PANI trabajando más allá del límite de su capacidad instalada, requiriendo planes de contingencia para atención y seguimiento de las denuncias, con limitaciones de los recursos disponibles, humanos y financieros. Para enfrentar la problemática del abuso sexual, el PANI también enfoca sus esfuerzos a fortalecer las alianzas con otras instituciones y organizaciones, para realizar acciones coordinadas [...] Se ha avanzado en la identificación de nudos críticos en la recepción de denuncias y se está trabajando en desarrollar mejoras a nivel interinstitucional. Sin embargo, el desafío es muy grande, ante la ola de violencia que ha venido sobrepasando la capacidad de respuesta del país, en general". 

Garza subrayó que para mejorar la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, es fundamental realizar cambios en varios aspectos del sistema actual. Entre estos se encuentran: cambio de pautas culturales, desmitificación de tabúes, educación sexual integral, acceso a servicios de apoyo y conocimiento de canales de denuncia, capacitación de profesionales, fortalecimiento de leyes y políticas.

Expediente de investigación

La apertura de un nuevo expediente de investigación en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa busca "abrir la mesa de debate para escuchar a personas expertas, recabar toda la información técnica posible y tener una discusión nacional al respecto. Ese es el principal objetivo, una vez cumplido vendrá el proceso de recomendar proyectos de ley que vengan a atacar el problema del abuso sexual de menores", afirmó la diputada Johana Obando, la cual impulsó dicha iniciativa.

Además de expresar su preocupación, indicó que pese a que ha sido crítica en el pasado de la gestión del PANI así como de otras instituciones, considera que en este momento del período constitucional resulta importante llamar a todos los actores pertinentes a construir. Y agregó:

Llegamos a un acuerdo a lo interno de la comisión para no presentar aún mociones de audiencia. Primero tendremos mesas de trabajo con el apoyo del Organismo de Investigación Judicial para capacitarnos como diputados, a los asesores y otras personas que participarán en la manera correcta de abordar este tema. Son temáticas sensibles y queremos ser responsables de la discusión y los términos que vamos a usar. Ahora bien, de mi parte una será, sin duda, el Hospital Nacional de Niños. Ellos fueron quienes me externaron la preocupación y me impulsaron a abrir este expediente. Se merecen un espacio acá para hacer sus señalamientos y aportes".

Delfino.cr le consultó a la legisladora si tiene identificadas las principales causas del incremento de esta problemática, a lo que Obando respondió:

Es difícil dar un diagnóstico certero en este momento, para eso creo necesario el proceso de investigación que tendremos en este expediente. Mi posición inicial es que sin duda el Poder Ejecutivo no ha puesto este tema como prioridad ni ha generado las acciones de coordinación suficientes. Sin duda los recursos son escasos y cada vez tenemos más problemas de gestión en todas las áreas, pero es evidente que hace falta mayor voluntad para entrarle a estos temas. Creo que a nivel cultural tenemos como país muchas barreras para un adecuado tratamiento de estos temas, son temas incómodos que nos desnudan como sociedad. Es decir, no son temas agradables de hablar y el abuso sexual de menores en particular retrata de nuestra sociedad aspectos muy oscuros y que activamente ocultamos. Ese es el valor de haber abierto este expediente, traeremos al Primer Poder de la República una conversación difícil e incómoda, pero necesaria".

La diputada afirmó que gran parte del problema radica en la falta de capacidad de las instituciones para aplicar las leyes vigentes, así como en la falta de voluntad y liderazgo por parte del Poder Ejecutivo. Según indicó, si bien las leyes siempre pueden ser mejoradas, es fundamental identificar áreas específicas de mejora y avanzar en ese sentido.

Además, destacó que, desde la Asamblea Legislativa, el principal reto es buscar mecanismos de prevención para proteger a la niñez, ya que ahí radica la clave para abordar esta problemática. En esa misma línea, subrayó que el Poder Legislativo no puede resolver el problema únicamente con la creación de nuevas leyes, ya que "no hay leyes mágicas", pero eso no significa que no existan alternativas. Agregó que tanto desde la prevención como desde la vía punitiva, hay diversas opciones sobre la mesa, y precisamente por eso es tan relevante el expediente en discusión.

"Voy a asegurarme de que el informe incluya propuestas de proyectos de ley ya nutridas de la discusión con expertos y con las instituciones. Ese tiene que ser el producto final de la investigación. Esa es mi visión para la negociación ya a la hora de producir el informe", concluyó Obando.

Las huellas del abuso sexual: el impacto en la infancia y adolescencia

Según el director ejecutivo de Paniamor, las víctimas de abuso sexual pueden enfrentar consecuencias psicológicas inmediatas, así como efectos crónicos que pueden afectar su ajuste a lo largo de su desarrollo, de acuerdo a los retos de cada etapa del ciclo de vida. Entre las consecuencias psicológicas inmediatas que señaló el experto se ubican:

  • Shock.
  • Miedo.
  • Ansiedad, nerviosismo.
  • Sentimientos de culpa.
  • Síntomas del trastorno de estrés postraumático.
  • Negación.
  • Confusión.
  • Retiro, aislamiento social.
  • Dolor psicológico.

No obstante, Valverde aclaró que estos efectos pueden ampliarse y que "si la experiencia del trauma generada por el abuso no es abordado de forma adecuada en la infancia o si el abuso sexual se presenta o se sigue presentando incluso en la adolescencia, los efectos psicológicos y las consecuencias de esta experiencia traumática pueden conllevar comportamientos que afectan el desarrollo óptimo de la personas menores de edad, que les ponen en riesgo a ellas y a otras personas".

Prevención como herramienta clave

Valverde reforzó el argumento de que trabajar en la prevención y la respuesta a cualquier manifestación de violencia, incluido el abuso sexual en perjuicio de personas menores de edad, es fundamental para combatir esta problemática. Y que adicionalmente, esta labor debe ser asumida también como una corresponsabilidad entre las familias y las comunidades. En ese sentido, recomendó:

  • Hablar del abuso sexual contra personas menores de edad. Informarse, sensibilizarse y compartir información sobre este flagelo. Sobre los riesgos, los factores que vulneran y aumentan las probabilidades de que una persona menor de edad sea abusada, las dinámicas de las personas abusadoras, la identificación de señales de alerta y signos de abuso, los mecanismos e instancias de denuncia y protección, así como sobre los mitos acerca del abuso sexual que dificultan su prevención, identificación y abordaje adecuado.
  • El desarrollo de programas e iniciativas de educación integral de la sexualidad, en espacios comunitarios y fuera de los centros en educativos, es una acción estratégica para reducir la vulnerabilidad de las personas menores de edad frente al abuso sexual.
  • Incorporar programas e iniciativas de prevención del abuso sexual en la comunidad.
  • Conocer las instancias y servicios sociales e institucionales a los que puedan acceder en caso de tener necesidades de información, dudas e inquietudes sobre el abuso sexual, sospechas o conocimiento de situaciones de abuso sexual que estén sufriendo niñas, niños o personas adolescentes.
  • Desarrollar capacidades para hablar del tema con las personas menores de edad con las que se tiene contacto y más aún para protegerles.
  • Fomentar el desarrollo de capacidades de las personas menores de edad para evitar riesgos, identificar lo que está bien y lo que no está bien que otras personas hagan con ellas, conocer sus derechos, identificar personas de confianza a las que pueden acudir en caso de necesitar hablar sobre situaciones o personas que les ponen incómodas, no les hacen sentir bien o les hacen cosas que les violentan.
  • Promover experiencias y entornos familiares y comunitarios seguros, no violentos, con relaciones interpersonales respetuosas y favorecedoras del desarrollo y la autoestima positiva en niñas, niños y personas adolescentes.
  • Implementación de espacios colectivos para el desarrollo de habilidades de crianza y estimulación y seguimiento a los padres y madres en condiciones sociales, culturales y económicas de riesgo.
  • Asegurar en los entornos familiares relaciones afectivas de buena calidad, de confianza y de seguridad donde puedan demostrarse y expresarse.

Servicios institucionales para consulta y denuncia

El PANI pone a disposición de las personas menores de edad los siguientes recursos:

  • La línea telefónica gratuita 1147 para niños, niñas y adolescentes, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 p.m.
  • Línea 800-Adolescente Madre (800-2262626), de lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 p.m.
  • Mensajería de WhatsApp al número 8989-1147, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 p.m. (atendida por psicólogas).
  • Mensajería privada tanto en Facebook mediante el perfil institucional PANICR, como en la página web oficial.
  • Enlace con el 9-1-1, 24 horas, todos los días.
  • Redes sociales: Facebook, Instagram y X (previamente Twitter).