El gobierno de Rodrigo Chaves Robles presentó este martes a la corriente legislativa un proyecto de ley que propone una reforma integral a la Ley sobre Estupefacientes (Ley 7786) para reforzar el sistema nacional de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, e incluir las subastas ganaderas y las agencias de compra y venta de vehículos como nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y aplicar medidas de debida diligencia.

Según el proyecto, que se tramitará bajo el expediente 25.129 ambos sectores presentan vulnerabilidades documentadas frente al lavado de dinero, al tratarse de actividades que suelen manejar grandes cantidades de efectivo y donde existen antecedentes de uso por parte de estructuras criminales.

La propuesta modifica los artículos 15 bis, 15 ter y 81, y adiciona el artículo 15 quinquies, con el fin de incorporar como sujetos obligados a nuevos sectores económicos, ajustar las obligaciones de las organizaciones sin fines de lucro y establecer sanciones específicas para altos mandos de instituciones financieras que incumplan con sus deberes legales.

La reforma también crearía un marco específico para las organizaciones sin fines de lucro que, según un enfoque basado en riesgo, podrían ser vulnerables al "financiamiento del terrorismo". El texto aclara que no todas esas organizaciones estarán sujetas a supervisión, sino únicamente aquellas que representen "mayor riesgo", y establece obligaciones proporcionales como el registro ante Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la verificación de donantes y beneficiarios, y la trazabilidad de fondos transfronterizos.

Las fundaciones o asociaciones que estarán sujetas a dicho control serían principalmente las dedicadas a recaudar o desembolsar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales.

Otro eje central del proyecto es la reforma al artículo 81 para establecer un régimen sancionatorio específico para directores, gerentes y altos mandos de instituciones financieras y otros sujetos obligados, que hasta ahora no estaban cubiertos con claridad por el marco legal. Las sanciones incluyen multas de hasta el 50% del monto irregular, suspensión o destitución del cargo, e inhabilitación permanente para ejercer funciones similares.

La exposición de motivos señala que estas medidas son necesarias para cerrar brechas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar la eliminación de riesgos (de-risking) que podría excluir a sectores económicos del sistema financiero, y fortalecer la transparencia y credibilidad del país frente a estándares internacionales.

La propuesta ahora deberá ser asignada a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.

Breves

— Los diputados rompieron el quórum durante las dos sesiones de plenario de este martes. Por la mañana, la sesión no arrancó porque solo se presentaron 32 congresistas, mientras que por la tarde, tras votar negativamente apenas dos mociones de fondo al proyecto de jornadas de 12 horas, se rompió el quórum al quedar en el salón solo 37 congresistas.

— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 25.079 "Habilitación del allanamiento en procedimientos de extradición, reforma a la Ley de Extradición, Ley N.º 4795 del 16 de julio de 1971 y sus reformas".

Proyectos dictaminados

Este martes no se reportaron nuevos proyectos dictaminados.

Leyes publicadas

Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.