Mayoría de ataques provienen del Poder Ejecutivo, señaló informe del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) señaló que la cantidad de eventos de violación a la libertad de expresión en Costa Rica muestra un incremento sostenido durante los últimos años.

Mientras que en el 2022 hubo siete alertas, en el 2023 la cifra se cuadruplicó, alcanzando 28 alertas y un total de 38 víctimas. En los números más recientes del 2024, la cifra ascendió a 32 alertas y 40 víctimas, un aumento del 14,28% en el total de agresiones hacia la prensa en Costa Rica y del 5,26% en el total de víctimas.

Según el Informe 2024 sobre alertas de violación en perjuicio de la libertad de expresión contra periodistas y personas comunicadoras en Costa Rica, elaborado por Iplex, la mayoría de las agresiones fueron generadas desde el Poder Ejecutivo, nueve de estas por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Las alertas son actos mediante los cuales se informa o reporta una situación de vulneración del derecho a la libertad de prensa. Iplex tiene tres años de llevar a cabo el proceso de documentación y diseminación de estas alertas en asocio con la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Red Voces del Sur (VdS), red regional integrada por 17 organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil.

El Instituto cuenta, desde el 2022, con una sección en su sitio web dedicada a reportar agresiones contra la prensa. En este enlace se accede a un formulario diseñado para recopilar la información.

Según explicaron los consultores a cargo del informe, Marco Barquero y Luciana Quesada, como novedad en esta edición se incorpora el registro de casos y víctimas que hayan presentado recursos de amparo en relación con la libertad de prensa. Esta inclusión pretende enriquecer el análisis sobre la respuesta institucional y la eficacia de los mecanismos de protección disponibles en el país.

“Este informe no solo expone cifras y tendencias, sino que también representa un llamado urgente a la reflexión y a la acción… Confiamos en que este esfuerzo contribuya a la construcción de un entorno donde la prensa pueda operar libremente, sin miedo a represalias ni censura”, destacaron los consultores.

Fuentes y tipo de agresión

Según la metodología VdS, utilizada en la confección del informe, se consideran cinco posibles fuentes de agresión: estatales, no estatales, paraestatales, grupos al margen de la ley y fuentes no identificadas, como es el caso de los troles.

En el 2024, se detectó que 27 de las agresiones fueron provocadas por el Estado y cinco por agentes no estatales.

La metodología VdS utilizada en la confección de este informe considera 13 tipos de agresión. En el 2024 se identificaron seis de estas clasificaciones: uso abusivo del poder estatal, restricción al acceso a la información, discurso estigmatizante, agresión y ataque (físico y verbales) y, por primera vez, marco jurídico contrario a los estándares internacionales y procesos civiles y penales.

La primera agresión física documentada en los reportes ocurrió en el 2023, lo que significó, según los consultores, un punto de inflexión en la evolución de los ataques contra la prensa.

“Dicha agresión no constituyó un caso aislado, sino que marcó el inicio de un aumento sostenido en la frecuencia y gravedad tanto de agresiones físicas como verbales, fenómeno que se ha intensificado durante el año 2024”, reflexionaron los encargados del informe.

Estas agresiones, así como el uso abusivo del poder estatal y la restricción al acceso a la información, reafirman la permanencia de patrones alarmantes identificados desde el 2022 y muestran una evolución hacia un entorno aún más represivo, detalla el informe.

En el informe se destacan, además, como muy preocupantes los proyectos de ley que proponen un marco jurídico contrario a los estándares internacionales, como el caso del proyecto de ley 24.457, cuyo objetivo es establecer mecanismos de censura previa a la emisión de programas televisivos denominados narconovelas.

Otra alerta es el uso de procesos civiles y penales sin evidencia como mecanismos de represión. “Estos intentos de judicialización de la represión no solo socavan la seguridad jurídica de los profesionales de la prensa, sino que también buscan generar un efecto disuasorio mediante la intimidación y el desgaste económico y psicológico”, destaca el documento.

Según se detalla en el informe, estas prácticas, validadas por el Poder Ejecutivo, permean en el colectivo social y político, generando un proceso de escalamiento de la violencia contra la prensa.

Otro elemento novedoso es que las víctimas de las agresiones ya no son solo periodistas y medios de comunicación, sino que incluyen a editores, directivos y productores de contenido. También se agrede, por primera vez, a fotógrafos, lo que “representa una amenaza directa a la recopilación y preservación de evidencia gráfica sobre hechos noticiosos”.

Con respecto al género, la mayor parte de las víctimas fueron hombres, lo que llevó a los consultores a preguntarse si efectivamente hay menos casos en mujeres o si no se están registrando del todo.

Raúl Silesky, presidente de Iplex, dijo:

Este informe nuevamente nos presenta un escenario de creciente preocupación sobre las garantías a la libertad de expresión y el trabajo de los medios y periodistas en Costa Rica, país que siempre fue una nación que internacionalmente era admirada en este campo”.

Y agregó:

Sobre todo, al entrar el país en el año electoral, nos preocupa que la hostilidad cultivada estos años en contra del trabajo de los periodistas y los medios informativos independientes desencadene actitudes más peligrosas por parte de grupos afines al gobierno”.

Recomendaciones

El documento incluye varias recomendaciones. Una de ellas es consolidar y ampliar los canales de vigilancia y denuncia de discursos de odio provenientes de instituciones y funcionarios públicos, con el fin de documentar y responder de manera más efectiva a estas agresiones.

Además, llama a intensificar los esfuerzos en alfabetización digital, promoviendo un uso más responsable de las plataformas en línea y fortaleciendo la capacidad de la ciudadanía para identificar y contrarrestar narrativas que inciten al odio y la desinformación.

Otra recomendación es la revisión del marco legal costarricense, con un enfoque orientado a garantizar una mayor protección para los comunicadores y a establecer mecanismos efectivos de prevención y sanción.